Desde hace años venimos viendo y denunciando una campaña orquestada por la derecha y la extrema derecha, no sólo en España sino también en el resto de Europa, destinada a tergiversar la memoria histórica y el pasado, para acomodarla a sus preceptos ideológicos, enraizados en un pasado idealizado, que olvida la realidad de la historia.
Se trata de campañas agresivas de propaganda, como la que se ha iniciado en Madrid con la retirada de las calles de Largo Caballero e Indalecio Prieto, pero que ya viene de antiguo, y que se ha desatado en diferentes momentos.
Algunas de esas campañas han tenido mucha repercusión mediática, aunque lamentablemente se ha centrado en determinados sectores académicos y sociales, y parece no permear al conjunto de la sociedad española.
Por ejemplo, el que se desató cuando se intentó borrar de varios textos académicos el nombre de una persona que había formado parte del tribunal que condenó al poeta Miguel Hernández (El “interés público” y la censura de la historia, El absurdo de intentar censurar la historia),
Más recientemente, es borrado de los nombres de los represaliados en el Cementerio de la Almudena, por parte del Ayuntamiento de Madrid, por ser “sectario e injusto” (La vergüenza del Memorial del Cementerio de la Almudena y las miserias de la derecha española en la memoria histórica).
No vamos a entrar aquí a valorar la importancia histórica de Francisco Largo Caballero o Indalecio Prieto, porque requeriría muchas más páginas de las que aquí disponemos. Recordemos sólo que Largo Caballero fue un sindicalista y político marxista, histórico dirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la Unión General de Trabajadores (UGT).
Desempeñó la presidencia del Consejo de Ministros de la Segunda República entre septiembre de 1936 y mayo de 1937, e Indalecio Prieto fue también un político del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), titular de las carteras ministeriales de Hacienda, Obras Públicas, Marina y Aire y Defensa Nacional durante la Segunda República.
Exiliado en México tras la derrota republicana en la Guerra Civil española, desempeñó la presidencia del PSOE entre 1948 y 1951. La justificación del partido que presentó la moción, VOX, a través de su vocero Javier Ortega Smith, afirmaba que ambos políticos de izquierda no merecían un reconocimiento, porque eran “criminales” y “antidemócratas”.
En primer lugar, convendría recordarles a los defensores de la moción para quitarles sus honores, que ambos fueron ministros democráticamente escogidos, al contrario que el dictador genocida Franco, al que defienden con uñas y dientes, y que sólo consiguió el poder a través de un golpe de estado contra un gobierno legítimamente constituido, una sangrienta guerra civil, y que lo mantuvo a través de la represión de una dictadura.
Los “socios” en este despropósito en el Ayuntamiento de Madrid, PP y Ciudadanos, añadieron al texto de VOX una enmienda transaccional que hacía referencia al artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica de 2007, aún en vigor, sobre la rotulación de calles, en referencia a la “exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”, como si Largo Caballero e Indalecio Prieto hubiesen sido los causantes de esos hechos.
En cuanto a esto, no hace falta escarbar mucho en las biografías de ambos para descubrir que fueron de los que se opusieron a la sublevación, a la Guerra Civil y a la dictadura genocida de Franco, como demócratas y antifascistas que fueron. Y que ambos sufrieron las consecuencias de esa oposición, con la represión y el exilio.
La moción aprobada en el Ayuntamiento de Madrid es un nuevo disparate, un nuevo absurdo impulsado por el “trifachito” para dinamitar la esencia de una ley que buscaba aplicar el principio de verdad y reparación, a pesar de todas las carencias que tenía, e impulsar la educación de la ciudadanía. Con este tipo de acciones, lo que logran los tres socios de la derecha es empobrecer, un poco más, la democracia española. Algo que parece no preocuparles en exceso, la verdad.
Pero se puede ir un paso más allá, si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento está aplicando unos supuestos legales, en un acto administrativo, que no es acorde a la ley en la que se ampara y, por tanto, están aplicando un acto injusto.
Tal como está redactado el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, la aplicación que se hace del mismo, en este caso, carece completamente de legitimidad. Pero, según parece, la legalidad de sus acciones sigue sin causarles mayor problema a los tres partidos, que se erigen en defensores de la legalidad y constitucionalidad de la política española.
Se trata, una vez más, de hacer un uso torticero de la ley, para aprobar una propuesta vergonzosa, antidemocrática y, lo que es más, totalmente revanchista. Se trata, una vez más, de un intento de reescribir la historia, de plantear una historia tergiversada, de incitar al odio.
Se trata, una vez más, de una reinterpretación interesada de los hechos históricos, para conseguir una legitimidad social que no es posible conseguir a través del análisis justificado de esos hechos. Se trata de sustituir el diálogo por un debate sobre los “buenos y malos” de la guerra, invisibilizando o menospreciando los hechos incómodos, aunque sean reales, pero que puedan cuestionar una determinada concepción de España.
Debemos abandonar este lodazal para mostrar la dimensión real del pasado que algunos sectores políticos han adoptado como parte de su ADN, con una visión meramente emocional. Para hacerlo es necesaria la pedagogía y la didáctica entre los jóvenes, pero también en el conjunto de la sociedad española.
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