Jeanine Áñez y compañía cerca de juicios por responsabilidad de crímenes
Tras una investigación sobre los sucesos ocurridos durante el mes de noviembre del año 2019, en donde la estabilidad política de Bolivia se vio afectada entre las elecciones generales, el golpe de Estado al binomio presidencial de turno de Evo Morales y Álvaro Gracía Linera, junto a la violencia generalizada que se enfrentó el país contra los golpistas.
La comisión especial de investigación del parlamento a través de su informe presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional del país, recomendó iniciar un juicio de responsabilidades contra la autoproclamada presidenta de facto Jeanine Áñez y juicios ordinarios contra los miembros de su gabinete ministerial Karen Longaric, de Relaciones Exteriores; Yerko Núñez, de la Presidencia; Arturo Murillo, de Gobierno; Fernando López, de Defensa; Álvaro Coímbra, de Justicia; Álvaro Rodrigo Guzmán, de Energías, y María Pinckert, de Medioambiente y Agua.
Asimismo, también jefes militares y policiales por las masacres ocurridas en noviembre de 2019 en Sacaba (Cochabamba) y en Senkata (El Alto) que dejo 37 personas muertas de estas 27 por impactos de bala tras ordenar represión policial y militar en contra de indígenas y campesinos (mujeres, jóvenes y niños).
La comisión ha manifestado que la presidenta Añez deberá responder a los tribunales de justicia tras haber firmado el Decreto Supremo 4078, mismo que otorgaba a las Fuerzas Armadas realizar operaciones para restablecer el orden público y eximió a los militares de cualquier responsabilidad penal.
Con este decreto, los militares se amparaban en quedarse “exento de responsabilidad” penal en caso de que dispararan en contra de cualquier boliviano que protestara en contra de la ilegalidad e ilegitimidad de su mandato.
Según la información de la Defensoría del Pueblo la llegada de Jeanine Añez a la presidencia de la nación de Bolivia (con mayoría indígena) dejo en las cifras registradas una treintena de bajas, como saldo más de 800 heridos y 1481 detenidos.
Al conocer la decisión en su contra la autoproclamada presidenta de facto, a través de su cuenta de Twitter, adelanto su criterio y afirmó que: “El MAS recupera su costumbre de enjuiciar a los que piensan distinto. Por eso hay que recordarle que la democracia no sólo es el gobierno de la mayoría. Además, es el gobierno ajustado a ley y es el gobierno que respeta la libertad”.
Por su parte la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Mireya Montaño, sostuvo que existen indicios de responsabilidades penales por parte de la presidenta Añez y de su gabinete. “Van a dar el resultado de la responsabilidad penal por las muertes que ha habido en estos lugares. Responsabilidades de la gente que está gobernado, ellos han instruido, habrían ordenado y estamos al interior del debate por toda la documentación recolectada”. manifestado Montaño.
Cabe recordar que el actual gobierno de Bolivia no fue electo a través de la democracia, sino que, acompañado de una serie de violencias generalizadas con las fuerzas armadas y las violaciones al ordenamiento jurídico del país.
Mismo gobierno que ha incremento las agresiones racistas de toda índole en contra de personas indígenas y campesinas, uso desproporcionado de las fuerzas armadas contra civiles, acoso a familiares y secuestro de militantes de la principal fuerza política del país para obligarlos a renunciar.
Todo ello, intimidando y amedrentando sistemáticamente a su entorno más cercano, quema de casas de partidarios del presidente Morales e intimidación permanente a personas que estén en desacuerdo con el gobierno de facto de Áñez.
De igual forma, hubo detenciones ilegales por protestar y denunciar los crímenes del gobierno, allanamientos sin orden fiscal en contra de líderes indígenas y campesinos por el solo hecho de encabezar protestas pacíficas o estar en desacuerdo con el golpe de Estado en Bolivia.
También hubo agresiones a la prensa y toma “pacífica” por parte de grupos paramilitares de instalaciones del canal estatal Bolivia TV, corte de su señal, corte de la señal de Telesur, entre otros hechos de agresión a la prensa independiente, quema de símbolos indígenas como la Whipala, para demostrar superioridad étnica, juicios indiscriminados en contra de indígenas y manifestantes acusándolos de terroristas y sediciosos cuando en realidad solamente hacían uso de su derecho constitucional a la protesta.
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