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El Gobierno logra primer acuerdo sobre la Ley Mordaza

Tras muchas vueltas en círculos por parte de los funcionarios del Gobierno, por fin han finiquitado un primer acuerdo para abordar el próximo tema en la agenda: La Ley Mordaza, y salvaguardar los derechos y libertades de los manifestantes.

El Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos ha fijado la mirada en la Ley Mordaza, que seis años atrás había sido aprobada con mayoría absoluta del PP.

Puesto que, el objetivo es darle fin a la polémica normativa que pone en peligro los derechos y libertades, específicamente en sus aspectos más extremistas.

Ambos partidos predominantes se han alineado en un grupo de enmiendas a la ley de seguridad ciudadana para así, prevenir y registrar grandes cambios.

Los cuales no solo han sido exigidos por los españoles, sino también por organismos internacionales y organizaciones que defienden los Derechos Humanos.

El dilema: es suficiente o no

De ahí que, se adelantó que la nueva redacción «suavizará» la antigua ley, para garantizar los derechos de los manifestantes, quienes habían sido afectados por dicha normativa.

Según la misma, a quienes tomaran la decisión de protestar serían detenidos durante seis horas sin justificar y tendrían limitaciones para grabar una protesta.

Es necesario regular el uso de material antidisturbios muy agresivo como las pelotas de goma o la presunción de veracidad total del atestado policial, que había sido utilizado en reiteradas ocasiones.

Por otro lado, la organización Amnistía Internacional había alertado que, de aprobarse el actual borrador, que se ha planteado en conjunto con las opiniones de distintos partidos, no sería suficiente.

En vista de que sigue atentando contra el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión. Así que es imprescindible modificar en profundidad.

Ahí marca la razón por la que la derogación de la Ley Mordaza está agarrando mayor velocidad, comenzando por el hecho de que el Gobierno logró el primer acuerdo.

Entre las medidas que han recibido este primer visto bueno, que no es definitivo, está en revisión y sujeto a cambios debido a las diferencias entre políticos.

Pese a diversas posturas, fuentes de la coalición de UP han mostrado su «satisfacción» por el «amplísimo acuerdo» alcanzado con los socios del Gobierno.

Lo que permitiría introducir su propuesta de las enmiendas, aunque al principio hayan suscitado «grandísimas reticencias«.

Al mismo tiempo en que la ONU ha comenzado a ejercer presión para que se acelere el proceso, y los funcionarios españoles lleguen a un acuerdo.

Negociaciones y la perspectiva de Unidas Podemos

Miembros del Partido Socialista y la formación morada reactivaron la tramitación de la ley en noviembre, cuando consensuaron una veintena de enmiendas.

Mientras que ERC, PNV y EH Bildu, en algunas votaciones se ha sumado Cs, dieron el visto bueno a la gran mayoría de estos cambios.

No obstante, todavía mantiene sus propias correcciones con el ánimo de introducirlas más adelante en el proyecto.

Esto, sin tomar en cuenta, el tratamiento de los artículos más complejos dentro del cuerpo normativo, porque es mucho más complejo y aún permanece en «veremos«.

Por tal motivo, la intención de los partidos del Gobierno es ultimar el dictamen en una próxima reunión el 15 de febrero para que el texto sea discutido después en comisión.

Y así, finalmente, conseguir la aprobación en el pleno del Congreso para que pueda ponerse en ejercicio, al derogar la anterior y entrar en vigencia.

Otro de los escenarios más complicados, pero no imposibles, ha sido la negociación a nivel interna que llevaba meses estancada en especial por presiones del Ministerio del Interior.

Por lo que el Presidente, Pedro Sánchez, anunció que se tomaría como una de las prioridades, luego de finiquitar el tema sobre la reforma laboral de la Ministra Yolanda Díaz.

Aún así, Unidas Podemos quiere ir más lejos en algunas cuestiones y artículos del texto, por lo que es probable que presenten sus propias enmiendas, sin previo pacto con el PSOE.

Desde lo que se ha revelado por ahora, la propia redacción de la nueva ley demuestra el enfoque muy diferente que tienen de este fenómeno el PP y el Gobierno de PSOE y UP.

Pues, se establecerán «las medidas de intervención para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones«.

Y también la premisa de que «las manifestaciones se guiarán en todo momento por un enfoque de Derechos Humanos”, según lo expuesto del texto.

La izquierda parece acercarse cada vez más a lo que exige la ciudadanía, sin embargo, no pueden distraerse con intereses propios o agendas egoístas.

Por ahora, el panorama presagia lo que la sociedad está demandando y los cambios positivos que España realmente necesita.