El terrorismo del Estado colombiano asesina a 25 líderes de izquierdas en 2022

Recientemente, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó el vil asesinato del líder social Estiven Loaiza Córdoba. El hecho ocurrió en el puerto colombiano de Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca, Colombia.

El mencionado líder formaba parte de la Asociación de Comerciantes de Buenaventura y era uno de los organizadores de una marcha contra la violencia a celebrarse el próximo 24 de febrero en el puerto colombiano. Era reconocido por formar parte de algunas organizaciones sociales, políticas y empresariales.

Según el informe de Indepaz, Steven Loaiza fue asesinado por desconocidos momentos antes de ingresar a su vivienda en una zona de la ciudad de Buenaventura. Este fatídico hecho forma parte de los 25 líderes sociales asesinados en lo que va de año 2022 en Colombia, por presumibles factores paramilitares.

Familiares y amigos del más reciente activista asesinado pidieron a las autoridades competentes que se adelanten las investigaciones para dar a conocer quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales del hecho y cuáles fueron los motivos que los llevaron a quitarle la vida.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia emitió una alerta para el municipio de Buenaventura en relación con la “continuidad e incremento de la violación a los Derechos Humanos mediante la consumación de varios hechos victimizantes como amenazas y reclutamientos de menores de edad”.

Según cifras de Indepaz tras la firma del acuerdo de paz en 2016 han sido asesinados 1.311 líderes y defensores de derechos humanos. Dentro de esa sumatoria forman parte de los 145 líderes sociales asesinados durante el 2021 en el Cauca.

Además de las dantescas cifras de asesinatos selectivos, el país suramericano contabiliza más de 80 masacres en el 2021, tendencia que no parece disminuir ante la gestión del gobierno del derechista Iván Duque que tantas licencias le ha otorgado al paramilitarismo y el narcotráfico.

Desde la defensoría sostienen que en el departamento del Cauca se movilizan los siguientes grupos armados ilegales: Columna Móvil Jaime Martínez del CCO, Frente Diomer Díaz de la Segunda Marquetalia.

Se puede concluir después de revisar los perfiles de las víctimas y las zonas en donde ocurren las muertes es que en Colombia la violencia se convirtió en un mecanismo para tramitar conflictos políticos. Queda como evidencia cuando una persona poderosa entra en conflicto con un líder y está en capacidad de contratar a un sicario, lo hace.

En el informe del relator especial de la ONU sobre la situación de líderes sociales en Colombia se describe que las zonas en donde más se matan a los líderes son las rurales, lo que está provocando un vacío de liderazgo en esos puntos del país y aumentando los índices de impunidad.

Según el estudio de la Comisión Colombiana de Juristas citado por la ONU, entre la firma del Acuerdo de Paz y finales de julio de 2018, “del total de las personas defensoras asesinadas 23% son dignatarios/as de las Juntas de Acción Comunal (incluyendo cuatro líderes afrodescendientes), 20% líderes y lideresas comunales, 20% líderes y lideresas étnicos (12% indígenas y 9% afrodescendientes), 5% defensores de los derechos de las víctimas, 11% líderes y lideresas campesinos, 2% reclamantes de tierra y 2% abogados/as defensores de derechos humanos”.

La Alta Consejería para los Derechos Humanos asegura que en esas zonas hay alto riesgo por la convergencia de presencia de Grupos Armados Organizados (GAO), el ELN, GAO Residual, “Clan del golfo”, “Los Pelusos” y “Los Caparrapos”; y 21 Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) que se disputan el control de economías ilícitas en torno a la cadena de narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros, recursos naturales y el despojo de tierras.