Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal, son los nombres de los cinco fallecidos en la que se denomina la “matanza de Atocha”. A estos nombres hay que sumar los de Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos y Lola González que resultaron heridos de gravedad en el atentado perpetrado por fuerzas de ultraderecha.
Pero para entender lo que ocurrió aquella fría noche de enero de 1977 tendremos que ponernos en contexto y sobre todo quitarnos de la cabeza ese cuento de la idílica transición, en esos días las Cortes votaban la reforma política del país, donde se enfrentaban las dos facciones representadas en la cámara, la derecha representada por Adolfo Suárez que presidía el gobierno en ese momento, y la ultra derecha lo que se conocía como “El Bunker”, ambas corrientes partidarias del sí y el no respectivamente.
La primera, para comenzar la apertura que desde el exterior se le exigía al país, y con ello la legalización de los partidos políticos; y los partidarios del no, la facción más ultra que veía esto como una traición a los principios fundamentales del movimiento nacional. En estos momentos la izquierda no tenía representación en la cámara, pero es en la calle donde tiene su fuerza alentada sobre todo por el aún ilegalizado Partido Comunista de España (PCE).
Con este clima de crispación se suceden las manifestaciones pro amnistía de los presos políticos en distintas ciudades de España, donde en mayor o menor medida se producen cargas policiales auspiciadas aún por las leyes franquistas, y es aquí cuando comienza una de las semanas más negras de esa idílica transición que deja más de 500 muertes relacionadas con la violencia postfranquista o desde las instancias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
>>¿Transición modélica? Torturas, muertes y represión<<
El 23 de enero de 1977 se produce en Madrid una manifestación pro amnistía, cuando la policía cargó y el bloque de la manifestación se rompió, algunos grupos corrieron por calles aledañas, es en una de estas calles donde Arturo Ruiz se encuentra con un grupo de cuatro personas vinculadas a la ultra derecha que al grito de “Viva Cristo Rey” acribillan al joven de 19 años por la espalda.
El que efectúa un primer disparo al aire es el argentino Jorge Cersarsky, llegado a España en los años 60 perteneciente a la Tripe A (Alianza Argentina Anticomunista), y quien dispara mortalmente se trata de José Ignacio Fernández Guaza, ultraderechista que ayudaba a la policía y a la guardia Civil en el País Vasco con los “jaleos de ETA” según declaraciones de la familia del mismo.
También según declaraciones de un compañero fascista de correrías se encargaban de hacer operaciones “Anti-ETA”. Después del crimen, Guaza escapa al País Vasco y pide dinero a su novia para que lo envíe a una dirección en Guernica, que resulto ser de un Guardia Civil que conoció en un mitin de Fuerza Nueva, el partido de Blas Piñar. Actualmente no se sabe su paradero, de seguir con vida tendría 72 años.
Por su parte el argentino Cesarsky, que fue detenido a los dos días, tomó un taxi y se fue a la Dirección General de Seguridad, condenado en el juicio a 5 años y medio de prisión de los cuales solo cumplió uno al ser considerado un preso político, se benefició de la ley de amnistía promulgada por el gobierno y por la que Arturo Ruiz se manifestaba cuando fue asesinado. Con el paso del tiempo abandonó el país pero reapareció con el intento de secuestro del periodista José Oneto durante una conferencia en Buenos Aires sobre la transición en Argentina.
Al día siguiente el 24 de enero, los acontecimientos se suceden, pues el GRAPO secuestra al Jefe del Estado Mayor Emilio Villescusa, secuestro de harto dudoso origen teniendo en cuenta que existían ya conversaciones para legalizar a los partidos de izquierda incluido el PCE, estrategia que daría al traste con todo lo acordado.
Por otra parte se produce una manifestación de condena por el asesinato de Arturo Ruiz el día anterior, momento en que Mariluz Nájera muere debido al impacto de un bote de humo lanzado por la policía a quemarropa, nunca se juzgó ni se identificó al agente que lo lanzó. Con estos mimbres llegamos a la noche del 24 de enero donde ocurre todo.
Pasadas las 22:00 suena el timbre en el despacho que los abogados laboralistas y de barrio vinculados a Comisiones Obreras. Están en el numero 55 de la calle Atocha de Madrid cuando la puerta se abre, apareciendo en escena varias personas que portan armas y preguntan por Joaquín Navarro, vinculado al sector del transporte de Madrid que en aquellos momentos estaba en huelga.
Los presentes responden que acaba de irse y los asaltantes abren fuego contra los presentes, los dan por muertos y escapan de allí sin prisas y sin que nadie escuchara nada, las versiones de cómo se da la voz de alarma son confusas, ya que gracias a la nefasta instrucción del juez Gómez Chaparro, a día de hoy no se ha llegado a esclarecer el número de asaltantes, ni el tipo de armas utilizadas.
El día 25 comienza en la prensa española una guerra de editoriales en la que El País se cuestiona cuestiones como quién está financiando a estos grupos, y se pregunta si existe acaso una internacional fascista que campa a sus anchas y dispensa armas como se pudo ver en Montejurra.
Por su parte y en respuesta a esto, el diario ABC lo tacha de basura y pide pruebas de dichas conjeturas para condenar esa internacional fascista, pero con los cuerpos de los fallecidos aún calientes, advierte que el verdadero problema son los planes que el Kremlin tiene para España. A partir de aquí los relatos ofrecidos por este medio son cuanto menos novelescos y carentes de rigor periodístico.
El entierro de los cinco fallecidos fue considerado una de las manifestaciones más numerosas en España desde la proclamación de la Segunda República, más de 100.000 personas tomaron las calles, sin eslóganes, sin siglas para despedir a los asesinados, un momento en el que hasta la policía se puso al servicio del PCE. El entierro transcurrió sin incidentes y los cinco salieron desde el colegio de abogados de Madrid, institución conservadora, para recibir sepultura.
Los asesinos, sabiéndose protegidos por diversos sectores, no abandonan Madrid y las fuerzas policiales siguiendo la pista de que los asaltantes que preguntaron por Joaquín Navarro, investigaron el entorno de los responsables del sindicato vertical del transporte, lo que les llevó a Francisco Albaladejo, su responsable del que se cuenta que a las reuniones iba armado y dejaba la pistola sobre la mesa.
Se le acusó de ser el inductor de la mantanza. También son detenidos Carlos García Juliá, Fernando Lerdo de Tejada y José Fernandez Cerrá como autores materiales. Durante la investigación y aprovechando que los culpables no huyen, se localiza a Leocadio Jiménez Caravaca, antiguo divisionario azul que se dedica a adiestrar a ultraderechistas.
Durante el juicio la abogada de las víctimas Cristina Almeida afirma que “las balas utilizadas pertenecen al ejército español”. También se llega a la conclusión de que los proyectiles han sido recargados, lo que hace pensar que Jiménez Caravaca, con contactos en el ejército pudiera ser quien les proporcionó las armas.
Se investigó al círculo cercano a estos personajes y se llega a descubrir a varios jóvenes que sirven como brazo armado de este grupo de ultras. Pero, ¿quiénes eran los asesinos? Carlos García Juliá, hijo de militar proveniente de una familia franquista y militante de Falange Española, -su padre intimo amigo de Blas Piñar; José Fernandez Cerrá Perteneciente al Frente de Juventudes -estaba en posesión de armas que quedó demostrado que le proporcionaba Jiménez Caravaca-.
Gloria Arguelas, la única mujer detenida, es la novia de Cerrá y fue detenida como colaboradora relacionada esta última con el tristemente famoso Billy el Niño y con Guaza el asesino de Arturo Ruiz. Fernando Lerdo de Tejada, un joven sin profesión, cuya madre es secretaria de Blas Piñar aunque este último quiso desvincularse del joven. Con este círculo no es de extrañar que los acusados, según narran las crónicas de la época, acudieran con la camisa azul remangada, cometieran desacato continuamente al tribunal, al que no reconocían y llamasen cerdos a las víctimas.
Durante el juicio lo que quedó demostrado es que todo fue un desastre, comenzando por la nefasta instrucción del juez Gómez Chaparro, más empeñado en justificar que fue un intento de ajuste de cuentas a un sindicalista que se fue de las manos, que en llegar al fondo de la cuestión.
Quiso evitar a toda costa la etiqueta de crimen político, no es de extrañar sabiendo que el juez era un afecto al régimen franquista que intentó poner la justicia al servicio del fascismo. Se negó a encausar a otros personajes y a buscar a los culpables ideológicos del crimen.
La gestión nefasta llega a tal punto que a Lerdo de Tejada se le concede un permiso por semana santa durante el cual se fuga, no se tienen noticias de su paradero y su delito prescribió en 1997. Fernández Cerrá es condenado a 193 años de los que cumple 14, y obtiene la libertad condicional y pide permiso para salir de España con la excusa de una oferta de trabajo en Paraguay. Se le concede y acaba fugado, siguiendo con su carrera delictiva por trafico de drogas. Carlos García Juliá cumplió los 15 años y obtuvo el tercer grado y no se supo más de él hasta su reciente detención en Brasil, Gloria Arguelas cumplió solo un año de cárcel.
