Durante el año 2020 el Gobierno venezolano estima que las sanciones de Estados Unidos en su contra han provocando un perjuicio financiero de más 116 mil millones de dólares. Estas acciones han sido apoyadas por la oposición liderada por Juan Guaidó en detrimento de los intereses del Estado Venezolano.
Mediante su política exterior el presidente de los Estados Unidos (EEUU) Donald Trump, ha aprovechado la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 para profundizar las sanciones económicas y el bloqueo financiero contra Venezuela, iniciadas por su predecesor Barack Obama.
En respuesta a estos hechos, Venezuela introdujo una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Estados Unidos por delitos de lesa humanidad, ante las medidas coercitivas que atentan contra la estabilidad del Estado venezolano.
Con la cantidad de dinero desfalcado, el Gobierno de Venezuela podría seguir impulsando la entrega de alimentos a las familias venezolanas a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), cada mes durante 152 años consecutivos.
La mayor parte del daño que producen las sanciones de los Estados Unidos y de sus aliado inciden en los beneficios que en materia de vivienda que promueve la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), para continuar dando solución habitacional a millones de familias, con la construcción de 11 millones de viviendas adicionales a la meta de cinco millones, que actualmente propone el Estado.
Los antecedentes recientes de este contexto de sanciones, tienen su inicio el 8 de marzo de 2015, cuando el expresidente estadounidense Barack Obama emitió una orden Ejecutiva en la que se califica a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de EE.UU”.
Al firmar esa orden ejecutiva, el mandatario “obtiene ciertos poderes excepcionales que le permiten, por ejemplo, imponer sanciones o congelar ciertos bienes”, lo que sería aprovechado por el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien impuso medidas que inciden en la banca privada de Venezuela, así como los mercados y otras instituciones financieras internacionales, causando grandes estragos en la nación caribeña.
El 31 de julio de 2017, después de la jornada electoral para la votación de la Asamblea Constituyente en Venezuela (ANC), el Gobierno estadounidense empleó sanciones económicas al presidente Maduro como “escarmiento” por no haber suspendido la convocatoria dichos comicios, tal como lo exigió Trump.
Para octubre de 2017, el banco suizo UBS bloqueó el pago de recursos destinados a la compra de vacunas, lo que retrasó cuatro meses los programas de vacunación en Venezuela. Asimismo, durante este año la banca internacional bloqueó el pago de ocho millones de euros destinados a la adquisición de insumos para diálisis, lo que afectó el tratamiento 15.000 pacientes de hemodiálisis.
Ya para el mes de noviembre de 2017, un total de 23 operaciones financieras de Venezuela, destinadas a la compra de alimentos, insumos básicos y medicamentos por 39 millones de dólares, fueron devueltas por bancos internacionales.
Finalizando el año 2017, en el mes de diciembre, se devolvieron operaciones desde bancos en Europa por 29,7 millones de dólares hacia diferentes proveedores, cuyo destino era el pago de alimentos a través del programa social de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Igualmente, fueron bloqueados pagos venezolanos del servicio de cabotaje para el transporte de combustible, lo que originó escasez de este producto en varios estados del país.
Seguidamente, durante el mismo año un total de 19 cuentas bancarias de Venezuela en el extranjero fueron cerradas por bancos estadounidenses, impidiendo los pagos a los acreedores, al mismo tiempo que serían retenidos en el extranjero 471.000 cauchos para vehículos comprados en el exterior, cuyos pagos fueron realizados.
En enero de 2018, 11 bonos de deuda venezolana y de PDVSA, por un valor de 1.241 millones de dólares, no pudieron ser cancelados a sus acreedores.
Para el mes febrero de 2018, el Departamento del Tesoro de EE.UU, amplía las “sanciones” financieras a Venezuela y empresas venezolanas, al igual que impide la renegociación o reestructuración de deuda venezolana y de PDVSA, emitida con anterioridad al 25 de agosto de 2017.
Durante el mes de marzo de 2018, la Administración Trump impuso seis nuevas medidas coercitivas contra la criptomoneda Petro, mecanismo financiero impulsado por el Gobierno de Venezuela para equilibrar la economía al prohibir la reestructuración de la deuda e impedir la repatriación de los dividendos de Citgo Petroleum, empresa del Estado venezolano. También prohibieron a cualquier ciudadano o institución efectuar transacciones financieras con la criptomoneda venezolana.
En el mes mayo de 2018, el Gobierno colombiano bloquea el envío a Venezuela de 400.000 kilos de alimentos del programa CLAP.
Todas estas pérdidas son fruto de las acciones promovidas por el diputado de la Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó, junto con el gobierno de Donald Trump, al solicitar sanciones para Venezuela como medio para administrar grandes cantidades de dinero provenientes de activos de Citgo y Monómeros, así como el manejo de los fondos del extranjero destinados a supuestas ayudas humanitarias.
