El gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno empieza a agonizar internacionalmente. Hoy jueves día 30 de julio a las 12 horas de Estados Unidos (EEUU) deberá comparecer al llamado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar explicaciones de por qué no ha aplicado las medidas cautelares que la institución supranacional otorgó en favor del vicepresidente constitucional Jorge Glas Espinel en su resolución 69/2019.
En ella, la Corte constata “la existencia de una situación de grave riesgo en relación con el derecho a la vida y a la integridad personal del mismo“. A este informe de la CIDH el gobierno de Moreno hizo burla, pues todo lo que propuso fue una hora más de salida al patio en la cárcel de Latacunga.
Con posterioridad, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, emitió un pronunciamiento el 25 de marzo de 2020 en medio de la pandemia, en el que expreso que “ahora más que nunca los gobiernos deberán poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas políticas o disentir“.
A este llamado el gobierno de Moreno hizo también burla, pues solo se excarceló a 62 presos, una cifra irrisoria ya que las cárceles ecuatorianas están superpobladas más de un 50%. Hay que recordar que el vicepresidente constitucional Glas cumple los requisitos para alcanzar la libertad, pues ha cumplido ya suficiente parte de la condena para que se le aplique la misma.
Además el vicepresidente sufre enfermedad catastrófica, lo cual es un riesgo gravísimo para su salud y más aún con la pandemia afectando las cárceles. A este respecto hay que añadir que al gobierno de Lenín Moreno no indica qué afectación existe de COVID-19 en la cárcel de Latacunga.
Con todo lo expuesto anteriormente, el gobierno de Lenín Moreno solo tiene dos opciones hoy: no acudir al llamado de la CIDH o defender lo indefendible y empezar a perder la batalla internacional.
La defensa del vicepresidente lógicamente pedirá que se apliquen las medidas que garanticen la vida y la salud del dirigente de la Revolución Ciudadana. La CIDH deberá exigir el cumplimiento de las medidas o elevar el caso a la Corte de DDHH donde con toda urgencia deberán dictar medidas cautelares en favor del vicepresidente Jorge glas, de obligado cumplimiento.
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