La relación de la II República federal con el nacionalismo y el independentismo
La constitución de 1931 dibujó un nuevo modelo territorial en España. La enorme tarea de construir un nuevo Estado tras la monarquía en un país pobre, impaciente y atrasado, dificultaba mucho la solución territorial definitiva. El gobierno de la Segunda República estaba formado por una heterogeneidad de fuerzas que dificultaba el consenso. Lo que se acordó es que el Estado se dividiría en comunidades, algunas serían autónomas y otras no.
La región autónoma podría existir si provincias limítrofes acordaban crearla, tendrían la posibilidad de diseñar un estatuto y disponer de un parlamento propio. El Estatuto debía tener el apoyo de la mayoría de municipios o de dos terceras partes del censo. Después sería refrendado en referéndum y finalmente aprobado por las Cortes. En el caso de que hubiera artículos que invadieran competencias centrales o constitucionales, el congreso podría modificar el Estatuto. Las regiones autónomas tenían competencias propias que no tenían el resto de regiones.
Cataluña
Una vez establecida la República, Esquerra Republicana de Catalunya venció por mayoría absoluta las elecciones municipales del 1931. Francesc Macià, cumpliendo el Pacto de San Sebastián proclamó la República Catalana dentro de la Federación de Repúblicas Ibéricas. Este hecho causó zozobra en el gobierno central y tras una reunión bilateral de tres días pactaron con Macià la composición del gobierno de la Generalitat de Catalunya y la tramitación de un anteproyecto del Estatut de Catalunya.
El anteproyecto establecía que Cataluña era un estado dentro de la República Española. Esto no gustó en Madrid y se modificó por una clausula en la que se definía a Cataluña como una comunidad autónoma aunque con un futuro derecho de autodeterminación. El 2 de agosto de 1931 se celebró un referéndum con una participación del 75% del censo, el 99% del cual dio su aprobación al Estatut.
Una vez en el Congreso sufrió cortes y modificaciones ya que el Estatut incumplió las condiciones marcadas por el marco legal, invadiendo competencias constitucionales que pertenecían al Estado republicano.
Con la victoria de la CEDA en 1933 y tras los hechos del 6 de octubre, el Estatut quedó suspendido hasta 1936 que se restableció a partir de la victoria del Frente Popular. El 5 de abril de 1938 fue definitivamente finiquitado cuando Cataluña pasó a ser tierra conquistada y ocupada por Franco.
La Segunda República deja un sabor agridulce entre el independentismo catalán. Las amplias expectativas generadas por la llegada de la República fueron frustradas tras el la limitación del Estatut por parte de las Cortes. El independentismo más pragmático aceptó “lo que había” tras años sin autogobierno, sin embargo quedó un poso de “no es lo que queríamos”.
Euskadi
En setiembre de 1931 se presentó el anteproyecto de Estatuto de Autonomía Vasco que incluía Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra. Este anteproyecto tenía el apoyo de los carlistas y los nacionalistas vascos. El estatuto fue rechazado por las Cortes ya que el texto invadía competencias constitucionales del estado, como la declaración de confesionalidad de Euskadi que podría negociar directamente con el Vaticano además del no reconocimiento de plenos derechos políticos a los inmigrantes españoles hasta que no llevarán más de diez años en el País Vasco.
En 1934 se presentó una versión modificada que fue rechazada por el gobierno de la CEDA. Ya en plena Guerra Civil se aprobó finalmente el estatuto de autonomía pero con efectos tan solo para Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Su duración fue breve y accidentada a causa del conflicto bélico.
En ambos casos el autogobierno durante la Segunda República era ostensiblemente mejor que la situación con la dictadura de Primo de Rivera y con el gobierno franquista, ya que en ambos casos las competencias de Cataluña y Euskadi eran nulas por derecho de conquista.
Las naciones vasca y catalana aspiran a establecer una relación bilateral con el Estado español y a que se les reconozca el derecho de autodeterminación. Este derecho es mutable y ha cambiado de nombre y de matices en su definición a lo largo de los últimos siglos. Cataluña y Euskadi han querido ejercerlo para definir su relación con España, sea como comunidad autónoma, estado federado o estado independiente. La Segunda República fue una oportunidad, un primer paso para avanzar en el autogobierno, sin embargo finalmente se frustró.
A pesar de los recortes de los estatutos, la derecha española de inicios de siglo vio en la concesión de estos marcos legales una amenaza al estado y la posibilidad de romper España.
