PP y PSOE mantienen La Ley de Dependencia en un cajón bajo llave

La Ley 39/2006 publicada en el BOE el 15 de diciembre de 2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia en España, más conocida como Ley de Dependencia, es una ley española promovida por el expresidente Zapatero con el consenso de todas las fuerzas políticas.

La ley no fue recurrida por ningún partido ni administración pública al Tribunal Constitucional. Esta ley venía a cubrir un vacío en el sistema de protección social en España. Después de 12 años  de su puesta en marcha, la Ley de Dependencia ha sido solo una iniciativa cargada de buenas intenciones, ya que fue mal ejecutada e infravalorada desde el punto de vista financiero.

Dicha Ley es el conjunto de servicios y prestaciones derivadas de la autonomía personal, así como a la protección y atención a las personas, a través de servicios públicos y privados-concertados debidamente acreditados. La legislación define Autonomía personal como la “capacidad de controlar, adoptar y tomar por propia iniciativa decisiones personales, así como desarrollar las actividades básicas de la vida diaria”, y dependencia como “el Estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectural o sensorial, precisan de la atención de otra, u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria“.

La Ley fue presentada el 5 de marzo de 2006 por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El 20 de abril se aprobó en el Consejo de Ministros, y el 30 de noviembre fue tramitada de forma definitiva en el Pleno del Congreso de los Diputados con una amplia mayoría.

La realidad es que tanto el gobierno central como los gobiernos autonómicos deben atender lo antes posible a las personas pendientes de recibir lo que necesitan y les corresponde. Sin embargo el sistema público de dependencia necesita una revisión a fondo con un objetivo fundamental: llegar a un acuerdo entre las comunidades autónomas y el poder ejecutivo para equiparar la financiación, con el fin de que esté adecuada a un sistema de protección social que es necesario (educación, sanidad y pensiones).

Esta tarea debe llevarse a cabo con acuerdos realistas entre el Estado y las CCAA, teniendo en cuenta los recursos y su disponibilidad. Es decir, todo lo contrario a lo que se ha estado realizando durante la última década. Las razones sociales, demográficas y económicas que se justificaron hace algo más de diez años siguen siendo una necesidad para nuestra sociedad, incluso más acuciante hoy.

De poco sirvió redactar una ley justa y necesaria si luego ha sido imposible ejecutarla con una financiación adecuada. Esto es justo lo que pasó con la Ley de Dependencia (LD), redactada de una manera tan idílica y ambiciosa que se quedó en un brindis al Sol al menos hasta el año 2.011, momento en que las copas se rompieron cuando el PP y el PSOE reformaron el artículo 135 de la Constitución para priorizar el pago de la deuda creada por la banca privada antes que el gasto social, lo que afectó directamente a la Ley de Dependencia.

La redacción del cambio constitucional estuvo liderada por el actual presidente de Gobierno Pedro Sánchez, ha provocado que el Estado aporte a las CCAA apenas un 15% de gasto público para la LD, cuando la ley establece que sea el 50%. La crisis, la escasa voluntad política y el ajuste en las cuentas públicas han mutilado la ley notablemente.

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS) señala los más de 300.000 dependientes en lista de espera en nuestro país. La misma Asociación denunció que en los últimos cinco años el Estado había recortado en ayudas a la dependencia por valor de 4.600 millones de euros.

Para cerca de un millón de ciudadanos, según un estudio de ADGSS, el coste de su situación de dependencia es imposible de asumir con sus ingresos actuales, por ejemplo puede superar los 1.000 euros para un pensionista que no llega a esa cantidad con su pensión. A su vez el copago de la dependencia ya supera el 20% de la financiación del sistema.

Una investigación publicada durante el año 2016 evaluó el estado del funcionamiento de la ley y concluyó que había “que mejorar las fuentes de financiamiento, la calidad del sistema de gestión, la coordinación entre los sistemas sociales y sanitarios, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y el sistema de evaluación global continua“. Una tarea muy difícil de conseguir puesto que la financiación de la Dependencia debería se compartida a partes iguales entre el Gobierno y los Ejecutivos Autonómicos, algo que no se ha cumplido desde el cambio constitucional del artículo 135.

Las comunidades reprochan que llegan a asumir hasta más del 80% de los costes. La declaración institucional establece que el cálculo de las “necesidades reales” para aplicar la Ley de Dependencia se realizará teniendo en cuenta variables como el número de personas dependientes atendidas, el grado de dependencia, el tipo de prestación, los dependientes potenciales, y la dispersión territorial.

La gravedad de la situación de la Ley de Dependencia es brutal: más de 100 personas dependientes fallecen diariamente sin llegar a recibir las prestaciones y servicios que la Administración que les había reconocido. Fueron 38.000 muertes durante 2017. Todas esas personas formaban parte de las listas de espera en las que hay más de 310.120 dependientes con derecho a la ayuda, según el XVIII dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia. Otras 120.000 están además pendientes de valoración.

La Ley de Dependencia establecía que el Estado debía aportar un 50% del presupuesto que las Comunidades Autónomas destinan a la ayuda a los dependientes, pero según el Observatorio en 2017 el Gobierno puso el 20% del gasto público y las comunidades autónomas el 80% restante. La Administración General del Estado se había comprometido a un nivel mínimo de financiación, y además otro acordado con las administraciones regionales. El primero se redujo en 2012 y ha permanecido congelado hasta finalizar el ejercicio de 2017, mientras el segundo fue suprimido ese mismo año y no se ha recuperado.

Frente a los 2.703 millones de euros que han dejado de recibir las CCAA, se suman otros 1.895 millones de euros que el Estado se ha ahorrado al suprimir las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras familiares entre los años 2013 y 2017. El Gobierno de Rajoy asfixió por completo la Dependencia con recortes.

Existen grandes desigualdades en la gestión de la Ley dependiendo de las Comunidades Autónomas. A una persona dependiente le conviene más residir en Castilla y León que en Canarias. Si vive en Cataluña formará parte de las listas de espera más abultadas del país, en las que casi un 38% de los que tienen los derechos reconocidos aguardan para recibir la ayuda de la Administración.

Los Gobiernos Autonómicos que más han empeorado este último año han sido los de Extremadura, Madrid y Cataluña. Desde el 2012 hasta 2015 unas 125.914 personas, que según la ley deberían haber recibido ayudas y no las recibieron, fallecieron. Todos estos recortes que causan muertes, son denunciados por los colectivos implicados, que llevan mucho tiempo poniendo encima de la mesa de las Administraciones Públicas sus reivindicaciones para solucionar la situación. Sin embargo no han sido atendidas con la urgencia que merece el problema.

El actual presidente del Gobierno Pedro Sánchez cuando alcanzó la Secretaría General del PSOE, garantizó que si llegaba a La Moncloa recogería el legado de Rodríguez Zapatero en materia de Dependencia, aumentando las ayudas. Por ahora no ha cumplido lo prometido.

Sánchez criticaba entonces de forma contundente las políticas de recortes del Gobierno del PP a las personas que más necesitan las ayudas a la discapacidad, pese a que él fue uno de los que redactaron la reforma del artículo 135 que ha sido la base legal de la política aplicada por Rajoy. Sánchez también ha apoyado los diferentes PGE del PP y la Ley de Estabilidad del Techo de Gasto, que supuso un aumento de los recortes al gasto público.

Tras más de cien días de gobierno del PSOE, el presidente de la ADGSS (entre otros colectivos y partidos políticos) apuntan que es una oportunidad para recuperar las políticas sociales. El colectivo de la ADGSS denunció que en los últimos cinco años se han recortado las ayudas a la dependencia en 4.600 millones de euros. Las medidas sociales que se pueden llevar a cabo sin modificar los PGE 2018 son:

• Activar todas las comisiones de trabajo relacionadas con las políticas sociales, que el Gobierno del PP mantenía inactivas.
• Reactivar y cumplir el pacto de Estado de la Dependencia. Para ello será necesario volver a convocar el Consejo Territorial de Servicios Sociales y el Sistema de la Dependencia, para acordar con las CCAA las medidas de impulso para el acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación, que garantice los derechos de más del millón doscientas mil personas en situación de dependencia valorada y reconocida, y especialmente los más de 300.000 personas que a pesar de ello, siguen sin recibir la ayuda.
• Transparencia e información, que es una de las quejas que de forma reiterada se habían planteado al Gobierno del PP. El Ministerio no solo guardó silencio, sino que en ocasiones escondió información (por ejemplo, no existen datos sobre el número de plazas residenciales o de estancias diurnas para personas con discapacidad en España, ni sobre el número de plazas de acogida para las mujeres víctimas de violencia de género). También se ha denunciado que otras veces el Gobierno va retrasando de manera incomprensible los datos (hay estadísticas con dos y más años de antigüedad.
• Iniciar un debate sobre una Ley Estatal de Servicios Sociales para acabar con las extremas desigualdades producidas por el lugar de nacimiento.
• Comenzar el debate sobre una Ley de Garantía de Rentas (Rentas Básicas, Rentas Mínimas, Rentas de Inserción…).

Estas son algunas de las peticiones que la ADGSS ha trasladado al PSOE y a Pedro Sánchez, quién ahora tiene que cumplir con las promesas que realizó antes de llegar al ejecutivo.