La querella argentina contra el franquismo no prospera a causa de España
En 2010, numerosas organizaciones humanitarias españolas y argentinas junto con el Novel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, presentaron el 14 de abril en los juzgados de Buenos Aires una querella para investigar las graves violaciones de derechos humanos y el genocidio ocurrido durante y después de la Guerra Civil. Es la conocida como “querella argentina“.
Fue presentada por las organizaciones memoralistas y se centró fundamentalmente en el caso de Darío Rivas, un nonagenario español residente en Argentina desde los años 30. Darío se personó en los juzgados de Buenos Aires buscando justicia para su padre, alcalde socialista de la localidad lucense de Castro de Rei, que fue fusilado por falangistas en 1936.
Darío Rivas representaba a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que, junto a más familiares que buscaban justicia, interpuso dicha querella.
Fue la jueza María Servini de Cubría quien decidió ponerse al frente de esta querella, basada en el principio de jurisdicción universal. Es la única investigación abierta en todo el mundo por las violaciones de derechos humanos cometidas en España desde 1936 hasta 1977, año de las primeras elecciones democráticas.
Según Servini, los delitos de lesa humanidad no prescriben. Con este contundente argumento, esta querella tiene la intención de juzgar a los actores de las torturas y crímenes cometidos en la Guerra Civil y el franquismo. La jueza Servini dictó una orden de detención internacional contra varios torturadores franquistas, cosa que el Estado español evitó que se produjera.
España, desde el 2010, se ha dedicado a torpedear las investigaciones. En 2014 impidió que se llevara a cabo una videoconferencia en la que Servini pretendía tomar declaración a varias víctimas de la represión franquista, y que iba a tener lugar en la embajada argentina en Madrid. En 2013 y 2014, María Servini emitió una orden de extradición a España de 19 ciudadanos españoles acusados de torturas durante la dictadura. Una vez más, España devolvió la orden a Argentina.
España, desde el 2010, se ha dedicado a torpedear las investigaciones.
Uno de los torturadores es el tristemente conocido José Antonio González Pacheco “Billy el niño”, que ha sido condecorado ya en democracia por la Casa Real y ha disfrutado de la protección de los poderes públicos y económicos en este país.
Todas estas organizaciones, formadas por familiares de represaliados por la dictadura, tienen el total derecho de exigir y que se les haga justicia por unos crímenes de una dictadura que ha tenido el enorme favor de la impunidad gracias a una “transición“, que muchos señalan de ejemplar.
El Estado español sigue sin colaborar con la justicia argentina. España debe asumir la responsabilidad y obligación de poner fin a la impunidad e investigar unos crímenes tan graves y garantizar el derecho de miles de familias a la justicia, a la verdad y a la reparación a la que tienen total derecho.
