El escenario político que dejaron los resultados de las elecciones del pasado mes de noviembre deja claro que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP) no tendrán otra oportunidad si quieren formar el “gobierno de progreso” que ambos expresan anhelar en sus declaraciones públicas.
Por un lado, Pedro Sánchez observó que su estrategia de culpar a UP de que no hubiera gobierno y su giro a la derecha tanto en el discurso como en las acciones tomadas durante su gobierno, no le hicieron capitalizar ni el esperado batacazo de UP -que no se produjo-, ni el de Ciudadanos. Su apuesta por la repetición electoral resultó un fracaso, lo que lo ha dejado en una posición de debilidad que no aguantaría unas terceras elecciones generales.
Por el otro, Unidas Podemos fue capaz de salvar los muebles, pero sin conseguir llegar hasta su suelo electoral. Haber perdido mucho menos de lo esperado les ha servido para hacer valer su estrategia durante las negociaciones con el PSOE producidas en el pasado verano, consiguiendo el éxito al aceptar el veto del presidente en funciones al líder de la coalición de izquierdas.
Este contexto político ha llevado a ambas fuerzas a comenzar a pactar un acuerdo de gobierno que se anunció apenas 48 horas después de conocer los resultados dictados por las urnas. En un primer momento la coalición presentó el acuerdo programático, tras lo cual se comenzó a trabajar en las cuestiones de poder institucional.
Las negociaciones se han llevado en un silencio que no se ha roto por ninguna de las partes, a causa de que son varios los agentes externos e internos que se han posicionado radicalmente en contra de la posibilidad de que los de Pablo Iglesias entren en el poder ejecutivo, única posibilidad de que Sánchez sea presidente sin poner en riesgo la continuidad del proyecto del PSOE.
De esta manera, han evitado posibles ataques tanto políticos como mediáticos que podrían haber puesto en peligro la consecución del gobierno de progreso. Además, Pedro Sánchez está teniendo que negociar a varias bandas para conseguir el apoyo de diferentes partidos nacionalistas e independentistas, que deberán abstenerse en la segunda ronda de la investidura para que el líder neoliberal alcance el gobierno.
Por las informaciones aparecidas en las últimas horas, Pedro Sánchez ha actuado con estas formaciones de una manera más generosa que normalmente, estando abierto a aceptar algunas de sus peticiones más importantes, y establecer mecanismos de diálogo para llegar a acuerdos en las cuestiones más complicadas, además de comprometerse a reunirse con algunos de sus líderes como Quim Torra, situación que antes rechazaba totalmente.
Mientras se fija una fecha para la investidura, que el presidente quiere que sea antes de que termine el presente año, aunque las negociaciones con diferentes formaciones lo retrasarán probablemente hasta después de las Navidades, Unidas Podemos parece haber acordado quiénes serán los cinco dirigentes que entrarán a formar parte del gobierno.
Según los últimos rumores surgidos desde UP, Pablo Iglesias ostentaría la Vicepresidencia social, Irene Montero el Ministerio de Igualdad, Yolanda Díaz el de Trabajo, Rosa Lluch el de Universidades, y Alberto Garzón el de Comercio. Unas declaraciones que indican que ambas fuerzas están trabajando en los últimos detalles, ya que se habla incluso de las competencias concretas que tendrá cada uno.
