Nicaragua vivió hace varias semanas una oleada de protestas violentas, desatadas por los sectores más radicales de la derecha que funge como oposición al gobierno de izquierdas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dirigido por el presidente Daniel ortega.
Durante los últimos días el gobierno ha logrado firmar la paz temporalmente, alcanzando acuerdos con empresarios e iglesia, quienes son actualmente la principal fuerza opositora. Sin embargo estos pactos no han servido para terminar con la violencia. Los enfrentamientos en la calle no han cesado en ningún momento.
Manifestaciones a favor y en contra del gobierno se siguen sucediendo. Las primeras denunciando que se están dando falsas informaciones que intentan crear el escenario para sufrir un golpe de estado auspiciado por la administración de Donald Trump, y las segundas que continúan a pesar de la paralización de las reformas y que ahora exigen el fin del gobierno sandinista.
La violencia ha dejado hasta ahora 18 muertos: 11 ciudadanos, 3 policías y 4 opositores según el ejecutivo de Daniel Ortega. El gobierno ha creado una comisión tripartita integrada por el propio gobierno, el Frente Nacional de los trabajadores y el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) para “preservar las conquistas sociales”, mientras que al mismo tiempo ha abierto una mesa de diálogo con los líderes opositores. Principalmente empresarios y clérigos pero también con la participaron de estudiantes y comunidades indígenas.
En la primera reunión pudo verse la lejanía de posiciones entre ambas partes. El opositor Lesther Alemán se levantó de la mesa de negociación y sin avisar empezó a gritar para exigir la dimisión del gobierno en el episodio más tenso del día. Lesther Alemán interrumpió la mesa de diálogo diciendo que “esta no es una mesa de diálogo. Es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien porque el pueblo es lo que ha solicitado“, “¡ríndase ante todo este pueblo!”.
Finalmente se acordó en la mesa de negociación de Nicaragua el paro de los disturbios durante el fin de semana, reconocer la necesidad de derecho de reunión, manifestación y protesta cívica y pacífica, así como la entrada en el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitada por la oposición y que demanda el cese de la violencia al estado.
Por otro lado la Asamblea Nacional de Nicaragua por 74 votos a favor y 1 en contra ha decidido crear una comisión “de la verdad, justicia y paz” para investigar la última ola de violencia en el país. La llamada “comisión de la verdad” tiene un plazo de tres meses para mostrar resultados. El presidente del Parlamento destacó que esa comisión está conformada por juristas, intelectuales, religiosos y personalidades de la sociedad civil “de gran prestigio“.
La asamblea de la verdad está integrada en la práctica por el sacerdote franciscano Uriel Molina Oliú, la líder miskita Mirna Cunningham, el vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) Jaime López Lowery, el intelectual Cairo Amador, Molina Oliú del movimiento de la Teología de la Liberación y Adolfo Jarquín subprocurador de los Derechos Humanos.
El periodista guatemalteco Eduardo Spiegler que cubría las protestas opositoras ha muerto aplastado por un poste metálico, según el opositor obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez la muerte de Spiegler se produjo “al caerle accidentalmente uno de los llamados árboles de la vida“.
Nicaragua forma parte del ALBA. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que gobierna el país asegura que lo que está ocurriendo es fruto de una conspiración pagada por Estados Unidos, una “primavera nicaragüense”. Entre otros pagos señalan como ejemplo los pagos de la USAID. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional entregó en 2016 31 millones de dólares para el programa consistente en “desarrollar las capacidades para la defensa de la sociedad civil”.
Este incluía enseñar a los participantes a enfrentarse a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. En la actualidad la agencia ha asegurado que van a continuar apoyando la “participación libre, segura y genuina de las organizaciones independientes de la sociedad civil”.
Por su parte el juicio por la muerte de Ángel Gahona ya ha comenzado. El periodista del Canal 6 fue asesinado por un francotirador mientras cubría el inicio de las protestas opositoras. Brandon Cristofer Lovo Taylor de 18 años y Glen Abraham Slate de 20 años de edad están acusados por la fiscalía de los delitos de “asesinato, asesinato en grado de frustración, exposición y abandono de personas y portación o tenencia de armas de fuego y municiones”.
