El gobierno de Nicaragua dirigido por el presidente Daniel Ortega, ha logrado encaminar al país hacia la paz que se rompió con el intento de golpe de estado el pasado mes de mayo. Tras desplegar a la Policía Nacional después de que la derecha boicotease el Diálogo Nacional, se ha iniciado un proceso para juzgar a los terroristas.
La capital de Nicaragua, Managua fue uno de los epicentros de la actividad fascista junto a Masaya. En las calles de la ciudad se establecieron numerosos tranques desde los que los terroristas sembraron el caos: asesinatos, torturas, palizas, secuestro, humillaciones y acciones similares con el fin de amedrentar a la sociedad nicaragüense.
Uno de los grupos más peligrosos que operaban en Managua era el conocido como “Los Garay“, liderado por Richard Alexander Saavedra Cedeño y Ángel Sebastián Martínez Arana, ambos delincuentes buscados por la justicia antes incluso de la creación del grupo terrorista. Junto a ellos también estuvieron Jefry José Ortega Acosta, Axel Manuel González Garay y Richard de Jesús Martínez Arana.
Los dos líderes del grupúsculo fascista financiado por EEUU, surtieron a los demás con escopetas, revólveres, morteros de facturación casera y bombas molotov conformadas de manera artesanal. Con ellas dispararon en varias ocasiones a los trabajadores que debían pasar por las carreteras que trancaron, y las usaron para atemorizar a varios vecinos de la zona, que recibieron palizas por parte de “Los Garay“, como por ejemplo los ciudadanos Marvin Isaac Fonseca Calderón y Cristina Marisol Pallavicini Martínez.
Decenas de miles de nicaragüenses están saliendo regularmente a las calles para apoyar la celebración de estos juicios, al entender que es necesario hacer justicia para las víctimas, como única manera de alcanzar la reconciliación después de que el terrorismo haya sembrado las calles del país de sangre y muerte.
El presidente Daniel Ortega ha efectuado varios llamados a la calma para evitar que cualquier sector social se tome la justicia por su mano, aseverando que la justicia procesará, con todas las garantías constitucionales, a los terroristas que cometieron actos violentos contra la población de Nicaragua.
