Desde que Álvaro Uribe asumió el gobierno de Colombia (2002-2010), el Estado de la nación suramericana se volcó en la aniquilación de las guerrillas marxistas como las FARC (hoy desmovilizadas y reconvertidas en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) y el ELN.
Fruto de esa batalla surgieron diferentes problemas que se han enquistado en la vida cotidiana de los colombianos. El narcotráfico creció exponencialmente al no ser perseguido por las fuerzas de seguridad, enfocadas plenamente al fin de las guerrillas; los falsos positivos -matar ciudadanos sin relación con las guerrillas, y vestirlos como guerrilleros para cobrar las recompensas que el gobierno de Uribe ofrecía por matar soldados de las FARC y el ELN– se establecieron como práctica normalizada contra dirigentes de izquierda, ya que su defensa de determinados territorios (por la protección de los recursos naturales y los pueblos indígenas), no solo impedía la labor de exterminio del ejecutivo uribista, sino que complicaba la ejecución de los acuerdos de Libre Comercio firmados con empresas estadounidenses.
Tras ocho años esas políticas se demostraron inútiles, puesto que no solo las FARC seguían operativas y con la misma fuerza que cuando Álvaro Uribe llegó al poder, sino que el narcotráfico y los asesinatos de líderes sociales que comenzaron con los falsos positivos se habían afianzado de tal manera que duran hasta hoy.
Esta situación no parece ser una prioridad para Iván Duque. El actual presidente de Colombia es miembro del Centro Democrático, organización política de ultraderecha liderada por el expresidente Álvaro Uribe. En los cerca de dos meses que Duque lleva en el poder, ha dedicado más tiempo y recursos a desestabilizar al gobierno de Venezuela que a llevar adelante alguna iniciativa para proteger la vida de los líderes sociales colombianos.
Según datos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ya son 22 los activistas progresistas asesinados desde que Iván Duque asumió el poder. Precisamente hubo un repunte de estos atentados contra la ciudadanía de Colombia unos días antes de que se celebrase la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que Duque se impuso a Gustavo Petro, lo que a la postre benefició al ultraderehista por la desmovilización en base al miedo que esos asesinatos provocaron en muchos votantes afines a Petro.
