La Consulta Popular del 4 de febrero de 2018 en Ecuador, aquella que varios juristas señalaron como ilegítima en su momento, empieza a traer dolores de cabeza a sus mentores, y puede costarles mucho dinero a los ecuatorianos. Impulsada bajo el pretexto de luchar contra la corrupción -realmente para prohibir una futura candidatura del expresidente Rafael Correa negándole sus derechos a la participación política-, esta iniciativa aparentemente plebiscitaria escondía otra pregunta con trampa que hoy se constata es la más grave, porque le permitió al presidente Moreno y sus aliados políticos la ruptura de la institucionalidad democrática del país al convertir una institucionalidad meritocrática y eleccionaria en algo parecido a una delegación dictatorial o monárquica.
>>El show mediático se fue por encima de la institucionalidad para ganar la fiscalía en Ecuador<<
Aunque la Constitución ecuatoriana, norma máxima y regente del Estado de derecho en el país, es clara al establecer que las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) serán electas mediante un concurso público, el triunfo del sí en aquella consulta, pese a que jamás fue una pregunta validada por la Corte Constitucional –destituida casi al poco tiempo por el mismo CPCCS que no validó-, le ha permitido a Moreno que elija a dedo, con total discrecionalidad y falta de un principio de autonomía o independencia, personas de su círculo cercano para que a su vez nombren las principales cabezas de las entidades o instituciones de control del Estado: Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, etcétera.
Entendámoslo. Moreno es juez y parte, porque elige a quien lo evaluará y controlará violando toda la independencia y el balance de poderes imprescindibles en cualquier régimen democrático. Sencillamente, la jugada de Moreno a través de la consulta popular le permitió captar el cuarto poder del Estado, el de control ciudadano, y poner ahí personas que han liderado una especie de cacería de brujas, y de paso han nombrado nuevas autoridades cuyo horizonte u objetivo es echar abajo todo indicio de institucionalidad construido desde la emisión y vigencia de la Constitución de Montecristi en 2008. En lugar de autoridades designadas por concursos públicos hoy tenemos en altos cargos a los amigos del presidente Moreno.
La jugarreta política no les salió tan bien. Luego de la consulta una misión de expertos electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó un informe preliminar al Consejo Nacional Electoral (CNE). En este documento el organismo internacional criticó la falta de pronunciamiento de la Corte Constitucional del Ecuador que tenía la obligación de avalar o no el plebiscito antes de realizarse, lo que ocasionó los primeros cuestionamientos nacionales e internacionales por considerarse inconstitucional. A casi un año del informe preliminar, un informe final de la Misión Electoral de la OEA es lapidario pues confirma los cuestionamientos que surgieron de distintos frentes a las intenciones de desmontaje institucional en el Ecuador.
>>La OEA confirma que los ecuatorianos votaron en una consulta ilegítima y tramposa<<
La Corte Constitucional debió emitir su informe aprobatorio. La misma Corte debió tramitar la demanda de inconstitucionalidad presentada por los proponentes del NO. Los observadores también destacan la inequidad en materia de recursos para la campaña y censura previa que tuvo como objetivo opacar el mensaje de la campaña del NO.
Más grave aún, se reclama la participación abierta de funcionarios públicos en la campaña utilizando recursos del Estado como así también sus redes sociales y mecanismos comunicacionales oficiales. No pasó desapercibido que el supuesto proceso participativo que impulsó el gobierno fue un espectáculo insulso pues cientos de propuestas llegaron a la presidencia provenientes de múltiples sectores de la sociedad civil, organizaciones sociales y partidos políticos para que al final del día el país se entere que las siete preguntas ya estaban listas.
Sin embargo, lo más peligroso del informe está entre líneas pues insinúa que operadores políticos del gobierno intentaron presionar a la misión para que cambie partes del informe que criticaban la legitimidad de la consulta. En resumen, fue un exceso innecesario que abrió una caja de pandora para que actores políticos de todo corte aprovechen la descomposición y ausencia de controles.
Quienes tan entusiastamente impulsaron un asalto a la institucionalidad democrática ecuatoriana le puede causar al Estado y a los ciudadanos más allá del terrible daño a la institucionalidad estatal, un perjuicio económico a los ciudadanos. Los montos, considerando casos similares, estarían varios cientos de millones de dólares. Ese dinero, lamentablemente, saldrá del bolsillo de los ecuatorianos, y ya los veremos en cadenas de televisión anunciando algún nuevo paquetazo, privatización o crédito para cubrir los fondos que a los funcionarios de Moreno en su negligencia nos comprometen a saldar.
Desde un inicio, los líderes políticos del país sintiéndose triunfadores, omnímodos exhortaron al presidente Lenín Moreno a “romper con todas las orientaciones económicas y políticas del correísmo”. Sin comprender las implicaciones, la ciudadanía dio su aval para un golpe de Estado velado y, a su vez, a la rearticulación de fuerzas políticas tradicionales que no habrían ganado una elección en el país desde el año 1998.
Entidades tan importantes como el Consejo de Judicatura; el Consejo Nacional Electoral; el Tribunal Contencioso Electoral; la Fiscalía General del Estado; la Contraloría General del Estado; la Procuraduría General del Estado; la Defensoría del Pueblo y por último la Corte Nacional de Justicia fueron purgadas y secuestradas, sus máximas autoridades remplazadas con figuras “pulcras, probas, de buen nombre y costumbres” hoy hacen de las suyas, y poco a poco dejan en evidencia su compadrazgo con un presidente pasajero como Moreno que tal vez no dure más de un año en su cargo, pero que hereda décadas de líos institucionales, legales y económicos.
El Consejo de Participación Transitorio, tildado de “Trujicorte”, por estar liderado por Julio César Trujillo, un adulto mayor que probablemente ni siquiera llegue a ver el descalabro resultante de su administración, sin tener atribuciones para hacerlo, ha sancionado a funcionarios sin respetar el debido proceso, ha destituido a funcionarios que únicamente deben responder a la Asamblea Nacional, ha posesionado Fiscal General Subrogante sin que exista aquella figura en la Constitución, ha suspendido concursos de jueces y fiscales.
El presidente del Consejo Transitorio, Julio César Trujillo, entusiasta inquisidor y politiquero improvisado declaró estar por encima de la Constitución, ya que, según él “su poder es total ya que, si existe una contradicción entre los actos del Consejo y la Constitución prevalece lo actuado por este organismo, porque así lo decidió el pueblo que le dio su mandato”, una frase cargada de total ironía dada su forma de llegar al poder.
>>¡Qué caballo!<<
Uno de los hechos más bochornosos, entre tantos, del proceso de depuración ha sido la evaluación de jueces y magistrados por parte del Consejo de la Judicatura Transitorio. Peor aún fue la destitución de los nueve magistrados de la Corte Constitucional, dejando al país en una vacancia constitucional hasta nombrar a los nuevos jueces.
Lo que en realidad se impuso fue una subasta animalesca y una pugna de poderes bochornosa en los procesos de selección y convocatorias del Consejo de Participación Transitorio que han dejado altamente mancillados a los mismos. Cual sea el desenlace de este asalto está aun por verse, sin embargo, el Informe de la Misión Electoral sienta un precedente del cual no hay escapatoria. La comunidad internacional empieza a prestar atención al colapso institucional ecuatoriano a pesar del discurso demagogo y conciliatorio de sus autoridades.
