La alianza de Lenín Moreno con la banca amordaza a Ecuador
El expresidente Rafael Correa aprobó una ley de comunicación con el fin de democratizar la información que recibía el pueblo de Ecuador. Esa iniciativa pivotaba en dos ejes fundamentales. En primer lugar establecía un control sobre el poder mediático de la banca privada y los grandes empresarios, y en segundo lugar aumentaba el alcance de los medios públicos y comunitarios. Fue durante su gobierno cuando los ciudadanos ecuatorianos pudieron participar del espacio comunicativo en igualdad de condiciones.
El líder de la Revolución Ciudadana entendió que si todo el espectro mediático estaba en poder de la banca privada y los grandes empresarios, éstos actuarían ilegalmente porque podrían cubrir sus delitos gracias a los medios de comunicación de su propiedad. El modelo de Rafael Correa fue muy criticado por la oposición de derechas y por algunos sectores de la izquierda -sobre todo en Europa– que lo vieron como una forma de control por parte del ejecutivo.
Quienes criticaron la Ley de Comunicación puesta en marcha por Rafael Correa consideraron que la justificación de la izquierda ecuatoriana para aprobarla -el monopolio de la banca y empresarios provocaría corrupción-, era solo una excusa para tener atados a los medios de comunicación que se oponían al proceso socialista basado en las ideas del expresidente Eloy Alfaro.
Lenín Moreno ha dejado sin efecto esa ley. El actual presidente de Ecuador ha devuelto al país a la situación anterior en la que existía monopolio en el mercado de la información, creando unos peligrosos lazos entre su ejecutivo, el poder judicial, el legislativo, la banca y las grandes empresas. Los banqueros y grandes empresarios dominan de nuevo el espacio mediático.
Las advertencias del expresidente Rafael Correa de que la corrupción y los atropellos contra los ciudadanos de país suramericano serían una consecuencia de esto, han atravesado el límite que separa el mundo de las ideas de la realidad. Ahora son hechos.
El periodista Mauricio Ayora denunció en TC Televisión que varias entidades bancarias estaban cobrando a miles de usuarios por servicios que éstos nunca habían solicitado. El Estado ecuatoriano no solo no procedió a investigar esas denuncias, sino que ha fulminado a Mauricio Ayora. La cadena ha suspendido durante quince días a su trabajador, en un aviso que es propio de dictaduras como la de Honduras y Brasil.
TC Televisión afirma que Mauricio Ayora “ha violentado procesos y protocolos en periodismo“, pero a la hora de concretar solo existe uno: “no se puede realizar uso de la pantalla para difusión de contenido informativo en beneficio personal“. Sin embargo el canal, sabiendo que la reacción contra la censura de su periodista ha sido masiva, se contradice en un intento fallido de contentar a todos: “el tema denunciado es de interés ciudadano“.
La familia del periodista ha expresado que la decisión de castigar a Mauricio Ayora viene de “más arriba“, es decir, del Gobierno de Lenín Moreno. Una situación que no se entiende sin saber que el actual ejecutivo de derecha ha terminado con los instrumentos de control democrático que velaban por la información que recibían los ecuatorianos. Moreno ha fulminado la Superintendencia de Comunicación y al defensor de audiencias. Además ha vendido los medios públicos al mejor postor.
Ese ataque contra el derecho a una información veraz y objetiva disfrazado de reforma, fue elaborado por uno de los principales colaboradores de Lenín Moreno, Andrés Michelena, quién además de ser el secretario de Comunicación de Ecuador, es el dueño del canal TC Televisión incautado en base a su propia reforma. El medio que ha censurado al profesional de la comunicación Mauricio Ayora.
Dentro del escándalo de corrupción señalado por Ayora se encuentra la empresa Grupo Especializado de Asistencia Internacional S.A., (GEA) porque los bancos usan a esta entidad para llevar a cabo esos cobros multimillonarios e ilegales por servicios que nadie ha pedido. Casualmente, GEA también tiene vínculos con el gobierno de Lenín Moreno, ya que Eduardo Jurado es el Secretario General de la Presidencia de Ecuador y es accionista de GEA.
La justicia ecuatoriana y los antiguos mecanismos de control democrático surgidos en la administración de Rafael Correa como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), se mantienen en silencio permitiendo que la censura y la corrupción campen a sus anchas por Ecuador. No en vano Lenín Moreno las purgó para escoger a sus nuevos integrantes a dedo.
A la vez que tenían lugar estos hechos contra la libertad de expresión en Ecuador, en el país se encontraba Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH, ente perteneciente a la OEA). Lanza no encontró ningún motivo de crítica sobre la situación de la información en Ecuador, por lo que se limitó a continuar con el guión marcado por Luis Almagro, apoyando desde su cargo los intentos de golpes de estado que se están produciendo en Venezuela y en Nicaragua.
