Esta noticia ha sido traducida de la web Praza.gal y a ellos corresponde su autoría. Clica aquí para ir al enlace original escrito en lengua gallega. Título original traducido: “Otro expediente para un trabajador crítico con la dirección de CRTVG marca el vigésimo sexto viernes negro”
El pasado octubre, la Dirección General de Recursos Humanos de la Corporación de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) presentó el expediente que había abierto durante el verano a la periodista Tati Moyano, presentadora de Telexornal Serán (Telediario de tarde), quien renunció a este trabajo junto con Alfonso Hermida para denunciar el control de información en el canal público y que había reclamado ante el presidente de la Xunta las protestas del viernes negro por el cumplimiento de la ley de medios en Televisión de Galicia y Radio Galega. A Moyano la expedientaron por utilizar el servicio de maquillaje del Canal para presentar una gala benéfica contra el cáncer y el proceso contra ella suscitó una ola de solidaridad que, desde la cúpula de la CRTVG se había interpretado como “un juicio mediático y político”.
Apenas un mes después de la conclusión del proceso a Moyano, el personal del canal público se prepara para ir a la huelga y el movimiento viernes negro (que comenzó en apoyo a los compañeros de RTVE) continúa. El vigésimo sexto viernes negro, este pasado 16 de noviembre, estuvo marcado por la publicación de un nuevo expediente disciplinario: el abierto contra el locutor Carlos Jiménez, una de las voces más reconocidas de las últimas dos décadas de la radio pública y de la televisión y participante activo, también, en las movilizaciones del viernes negro.
Según las fuentes consultadas, la CRTVG basa el expediente a Jiménez en un argumento similar al utilizado inicialmente contra Tati Moyano: el la compatibilidad de su trabajo en la empresa pública con otras labores. En este caso, confirman las mismas fuentes conocedoras del caso, Carlos Jiménez tiene una compatibilidad otorgada por las vías legales desde hace una década, tiempo en el que ha realizado locuciones para múltiples contenidos emitidos en el medio público. Ahora, señalan, lo expedientan por ejercer como locutor en un programa elaborado por una productora y emitido por la propia Televisión de Galicia.
En el seno del personal, explican las mismas fuentes, el expediente a Jiménez se interpreta como una represalia contra él -ha ganado varios procedimientos judiciales contra la CRTVG en los últimos años en materia laboral que implicaron cambios en su contratación-, pero también como una nueva advertencia ante la continuidad de las movilizaciones. Un “cambio en la estrategia” en el que las autorizaciones o no de compatibilidades se convierten en una “herramienta” para “ir contra” determinados miembros del personal, interpretan, que se suman a las reivindicaciones de los viernes negros contra la manipulación informativa u otras movilizaciones en la misma línea.
En la negociación previa al ataque, el comité exigió el “fin de la política represiva”, cuya existencia niega el área de Recursos Humanos del canal público
El archivo abierto a Carlos Jiménez impactó, precisamente, en las negociaciones entre la CRTVG y el Comité de Empresa antes de la huelga. Así, como confirma el comité, en la tabla reivindicativa expuesta a la dirección de la Corporación se encuentra específicamente la reclamación del “fin de la política represiva” y, más específicamente, la exigencia del “archivo del expediente” a Carlos Jiménez, además de una “reparación pública del daño causado” a Tati Moyano.
Además, el comité solicitó la apertura de una mesa de negociación para “aclarar e interpretar las reglas sobre incompatibilidades” y sobre el uso de los medios de la compañía, para evitar “inseguridades” y poner fin a la “arbitrariedad en el momento de aplicar el régimen disciplinario”. Desde la dirección, especialmente desde su área de Recursos Humanos, se ha asegurado que no existe una política “represiva” y que los expedientes se encuadran en circunstancias normales y en casos y trabajadores específicos.
También desde “Defende a Galega”, el colectivo creado por el personal que impulsa los viernes negros, se rechaza el expediente, que se interpreta como una “represalia” contra “uno de los trabajadores más comprometidos contra la manipulación y el desmantelamiento”. En el seno de Defende a Galega, que este viernes recibió además el apoyo de cien periodistas de otros medios a través de vídeos transmitidos en las redes sociales, recuerdan que el objetivo de sus protestas es poner fin a la “instrumentalización política y económica” de la CRTVG y al cumplimiento de la ley aprobada para “des-gubernamentalizar y dignificar a los medios públicos” sin la “constante tergiversación de los fines democráticos para los que fueron creados: la defensa y difusión de las señales de identidad de Galicia y de los valores democráticos y derechos fundamentales que protege la Constitución“.
