La secuencia es conocida. Le mecha es encendida en Yemen por los señores de la industria armamentística. Un nuevo conflicto entre compatriotas musulmanes que engordará sus ingresos. Como los yemeníes son paupérrimos, una coalición de países árabes se prestan para el negocio. Las matanzas de civiles, muchos niños entre ellos, tiene principio pero todavía no se atisba el fin.
Ahora sucede que el asesinato de un periodista despierta las conciencias de los Gobiernos del Primer Mundo, de los que firman tratados internacionales y promulgan leyes nacionales que se convierten, ipso facto, en papel tan mojado como las tintas escupidas por plumas de oro que los rubrican. La avanzada industria del armamento en España también participa en ese negocio de la muerte.
Muchas veces hemos oído a los políticos populares, populares por ser afiliados del PP que no porque estén con el pueblo, que la ley está para cumplirla. Esta verdad absoluta para la convivencia democrática se convierte en falacia en boca de los políticos de dicho partido. Con respecto al caso de las muertes civiles del Yemen, antes del estallido de la guerra civil en ese país, en enero de 2015 firmó con la casa Saúd la venta de 400 bombas compradas previamente por España a los EEUU, venta fraudulenta por ser ese país el principal proveedor de armas de los yihadistas que parece ser que atentan en Occidente y con total seguridad llenan de sangre el Cercano, Medio y alguna zona del Extremo Oriente.
No contentos con este primer desacato a la ley española (aprobada el 28 de diciembre de 2007, día de los inocentes) e internacional, en abril del presente año el mismo gobierno de los populares cierra el trato de la venta de cinco corbetas al país de los sátrapas, que se usarán para bloquear los puertos yemeníes, con lo que matarán de hambre, sed y enfermedades a la población civil yemení que no hubiera fallecido por las bombas. Y sin armas a los yemeníes malos.
El clamor de la nación española que contrarrestó los aplausos sonrientes y enfervorecidos de la bancada popular al líder que iba a devolver a España a las páginas de la historia, a través de la participación con los anglosajones en la devastación de Irak, no se ha producido nunca en el asunto de nuestra colaboración directa con los criminales ataques de una coalición de países árabes contra la población civil yemení.
Sí ha habido iniciativas parlamentarias de los grupos de izquierda intentando evitar la venta de esas armas, y cuando hay que votar decisiones que afectan a empresas y comisionistas, ahí no se hacen ascos los enemigos electorales, que lo son en campaña electoral pero muy amigos en el mantenimiento del sistema capitalista. Es el bipartidismo, aún en su cara más sangrienta.
Con el cambio del partido que sustenta al poder ejecutivo algunos ilusos pensaron que el panorama cambiaría. La ministra del ramo militar, con criterio correcto, como no podía ser de otra manera en una progresista, declaró que no se venderían las bombas comprometidas por el PP a semejantes detractores de los derechos humanos. Su jefe desmintió sus palabras y ella, impasible, permaneció con los prevaricadores, habría sido una cobardía abandonar el barco por una simple divergencia de criterio. Otra vez el bipartidismo, hermanados PP y PSOE también en la falacia del cumplimiento de la ley.
Pasaron los días y las bombas seguían segando vidas yemeníes, mientras en las fábricas del Primer Mundo no se paraba de producir armamento con destino a esa coalición árabe. Ningún Gobierno occidental clama contra esas muertes, los contratos de venta de armas van cumpliéndose, hasta que ocurre el asesinato de un periodista árabe saudí del que todos sospechan que está detrás la propia casa Saúd. Ahora empiezan a cuestionarse si seguir adelante con sus contratos o cancelarlos. El atroz asesinato, según algunos aprendida la técnica de la motosierra de los mercenarios colombianos, ha despertado unas conciencias adormecidas desde 2015.
Pero hay un mandatario que lo tiene muy claro, que no es otro que Pedro Sánchez. Ya he argumentado en un escrito anterior que no se debe poner a los trabajadores de Navantia en el dilema de trabajo o muerte de inocentes. En las relaciones de producción capitalista el patrón es el que destina a usos criminales su mercancía, él es libre de fabricar esos instrumentos de muerte.
El trabajador acude al implacable mercado laboral por necesidad vital, lo cual no le exime de tener una relación social de producción con los inocentes abatidos por las armas que produce, pero el criminal es el dueño de la fábrica. Y he aquí que el “dueño” de Navantia es Pedro Sánchez, o por no descargar sobre sus hombros toda la responsabilidad, el Gobierno de la nación, usada esta palabra en el sentido de pueblo libre y soberano, que todavía no ha demostrado en la calle su rechazo a la venta ilegal.
Como ya he expresado anteriormente, los niños yemeníes poco le importaban a la mal llamada Comunidad Internacional, pero el asesinato de un periodista parece haber despertado las conciencias de algunos ejecutivos occidentales, alguno tan poderoso como el alemán. ¿Estará esperando Sánchez a que el emperador Trump se posicione definitivamente en el tablero de las relaciones con la satrapía asiática? Me pregunto esto porque la ocasión de rescindir el contrato de las corbetas no se le podía haber puesto más fácil a nuestro presidente.
Si la Constitución se reformó a raíz de una carta de Merkel, bien le podía haber pedido el favor Sánchez a la presidenta del Gobierno alemán de que le hubiera dirigido, en un gesto cómplice, una misiva conminándole a no coronar la fabricación de las naves de guerra. A lo que nuestro presidente respondería que la gran familia europea a la que pertenecemos podía costear esa fabricación en zona tan deprimida laboralmente e incorporar ese material a nuestra Armada.
Elucubración no muy mal infundada aparte, Sánchez debe cumplir la ley española y la internacional. Que no se escude en que el problema es heredado del anterior Gobierno. Está en sus manos buscar otro comprador de esos navíos, en parte subvencionados, o reconvertir los astilleros en otro tipo de industria, que soluciones ya le han aportado los diputados de izquierdas.
No puede actuar un gobierno que se autoproclama progresista como sus antecesores neoliberales, desobedeciendo leyes y tratados en aras del entendimiento con una familia petrolera, porque el beneficio en esta operación de venta brilla por su ausencia. Si no encuentra una solución legal, muchos podríamos sospechar que hay turbios intereses en que la operación siga adelante, incluso que alguien tuviera que devolver la comisión por los servicios prestados o que algún monto de lo contratado beneficie a unos particulares o que mejore la posición de alguien ante los multimillonarios saudíes.
Atentos a la decisión de Trump, quien tal vez esté esperando acontecimientos como hizo Jimmy Carter. Yo recomendaría a los periodistas estadounidenses salir disparados de Arabia Saudí, no vaya a ser que se repitiera en el país asiático la historia de los asesinatos de periodistas en la dictadura somocista en Nicaragua, primero el de un periodista nacional, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el 10 de enero de 1978, y año y medio más tarde, el 29 de junio de 1979, la del estadounidense William Stewart, que aceleró la caída del sátrapa centroamericano. Me replicarían los periodistas norteamericanos que están muy tranquilos en la península arábiga, Nicaragua no tenía petróleo.
