El juez brasileño Sergio Moro fue el jurista que llevó a cabo la encarcelación del expresidente Lula da Silva, liderando un proceso judicial sin garantías constitucionales, y en el que las pruebas contra el mandatario progresista brillaron por su ausencia. La dictadura brasileña surgida en 2016 no estaba dispuesta a perder el poder a tan solo dos años de haberse expuesto, derrocando a Dilma Rousseff mediante un juicio político.
Michel Temer encargó a Sergio Moro la encarcelación de Lula, cuando este anunció su disposición de presentarse a las elecciones generales, celebradas hace unos días. Sergio Moro cumplió y llevó al líder del Partido del Trabajo (PT) a la cárcel, allanando el camino al fascista Jair Bolsonaro, que sin tener a nadie enfrente hasta la recta final de la campaña, pudo ocupar el espacio mediático a placer. Desde hace varios días Sergio Moro es el Ministro de Justicia del gobierno fascista.
Ecuador está siguiendo los pasos de la dictadura brasileña a un ritmo bastante rápido. Lenín Moreno está jugando el papel de Michel Temer, y de seguir así va a interpretar a Bolsonaro antes de que acabe su mandato. El actual presidente de Ecuador ha usurpado el poder en el sentido de que está aplicando unas políticas que se encuentran en las antípodas de las que prometió durante la campaña electoral. Se valió del apoyo de los dirigentes de la Revolución Ciudadana, y su buena imagen tras diez años de reducir la pobreza y abrir las instituciones al pueblo ecuatoriano.
Hoy Lenín Moreno está persiguiendo a esos mismos que lo apoyaron en la campaña. De la misma manera que los golpistas brasileños han impedido a Lula presentarse a las elecciones para preservar por más tiempo el neoliberalismo, Lenín Moreno ha puesto todas las instituciones del Estado al servicio de la persecución contra Rafael Correa, y el resto de los líderes de la Revolución Ciudadana.
Fruto de esa persecución política, que al igual que en Brasil no está sustentada en pruebas, el próximo siete de noviembre la jueza Daniella Camacho debe decir si el proceso judicial, catalogado por expertos juristas como una farsa, continúa o no. De su decisión depende que Ecuador frene en su deriva dictatorial.