La Constitución del 78 está muerta, ¡viva el proceso constituyente!
Si asemejamos la edad de la Constitución del Régimen del 78, heredero del Régimen del 39, con la de cualquier súbdito español diríamos que ha dejado de ser joven. Ya ha crecido más del 60% a los que subyuga y no la votaron. Digo subyuga y no protege porque sus efectos reales no han sido de amparo al pueblo sino de coartada para los poderosos, sobre todo para los que ya partieron con ventaja el 20 de noviembre de 1975, la mantuvieron el 15 de junio de 1977 y el 6 de diciembre de 1978 la legitimaron.
No, no me he olvidado de la octava ley fundamental del régimen franquista, aprobada en las Cortes por quienes no habían practicado otra cosa que obedecer y refrendada por el anonadado pueblo español el 15 de diciembre de 1976. En tres años se practicó el más vergonzoso acto de gatopardismo de la historia política europea y parte de la mundial.
Solo por las condiciones en que esa constitución se pergeñó, le habría correspondido la apertura de un periodo constituyente el día siguiente de su publicación en el BOE, por no decir desde el momento en que se conocieron los resultados del referéndum de aprobación. Es evidente que ninguna fuerza política nacional intentó tamaña empresa, entusiasmadas como estaban todas con la ley de leyes que dieron al pueblo español, que dejó su sangre en la recuperación de un régimen que al final resultó de libertades formales, ni siquiera una democracia burguesa ortodoxa.
Nuestra Constitución, redactada por siete ponentes, con sus afinidades y diferencias, fue fruto del consenso entre partidos, al pueblo se le robó el más mínimo atisbo de participación en el debate. Fue la prueba palpable de la partitocracia que nos impuso la Ley de la Reforma Política franquista. Las Cortes que la parieron nunca fueron convocadas como constituyentes, porque el poder ya estaba constituido.
La Corona era anterior a la Constitución, su reinado lo comenzó con los mismos poderes que el jefe del Estado fallecido que lo nombró su heredero a título de rey. El presidente del Gobierno que él nombró, no dimitió para que se organizara un gobierno provisional, porque estaba llamado a codirigir, junto a Su Majestad, el timón del cambio político que demandaban por un lado el pueblo, que contra viento y marea ponía los muertos para el advenimiento de la democracia, y por otro la oligarquía franquista, para salvaguardar sus intereses sabedora del destino que habían pactado los Estados Unidos y Europa para España, no fuera a ser que ocurriera como en Portugal y el Partido Comunista se llevara el gato al agua.
No son pocos los expertos que afirman que el proceso de redacción de la constitución fue un periodo constituyente. Aunque, sin dejar de ser un fraude al pueblo, se podría obviar dolorosamente si los resultados hubieran sido satisfactorios para la clase trabajadora. Nada más lejos de la realidad cuarenta años después.
La separación de poderes, la máxima expresión de las democracias burguesas, nunca ha existido en España. La existencia de una familia, la real, que está por encima de las leyes, consagra la desigualdad desde que los falsos constituyentes la acordaron. Los derechos fundamentales que marcan el bienestar material de la población son meras declaraciones de principios que a nada obligan a las autoridades, el Estado no se fija la meta de la felicidad de sus ciudadanos, que son abandonados a su suerte en el criminal mercado laboral del capitalismo con el que conseguir satisfacer sus necesidades como seres vivos, no digamos ya como seres humanos.
El manifiesto blindaje de su articulado la convierte en eterna, a no ser que la alianza de algunos partidos políticos decida su renovación, situación que ya se cuidaron de que solo ocurriera entre aquellos que defienden el régimen establecido, es decir, que solo se cambia lo que convenga; y lo que ha convenido hasta ahora es replegarnos a los intereses de los mercaderes de Europa.
No son estos tiempos de celebrar cumpleaños, sino de finiquitar una constitución que, si alguna vez pudo contentar a casi todos, hoy solo puede satisfacer a unos pocos. El Régimen del 78 está amortizado como lo demuestran la corrupción de los dos grandes partidos del turnismo; los daños ocasionados por el fraude de la crisis en las capas populares que han visto demostrado en sus propias carnes que la ley de leyes es papel mojado; la entrega de nuestra soberanía a potencias u organismos extranjeros; la sumisión de los poderes legislativo y judicial al ejecutivo, montado este último por el poder económico a través de los dos grandes partidos del sistema; la inegibilidad del jefe del Estado, negación de la esencia de la democracia. Estos asuntos citados serían por sí solos suficientes como para abrir un periodo constituyente.
En España tuvimos uno en 1931. El rey huyó de España tras la derrota de los monárquicos en las grandes ciudades. Un gobierno provisional estableció las libertades y se convocó al pueblo a elecciones a Cortes constituyentes. Nada debía al pasado, ni conectaba con él con ninguna artimaña de la ley a la ley.
También tenemos ejemplos recientes al otro lado del Atlántico. En 1999, la democracia popular bolivariana de Venezuela accedió, mediante referéndum, a romper con un pasado corrupto y contrario a los intereses de la clase trabajadora convocando a un periodo constituyente. La Asamblea Constituyente redactó una nueva constitución, que fue aprobada en referéndum por el pueblo venezolano. En este mismo país, ante el ataque al orden constitucional y desacato de la oposición a la sentencia del Tribunal Supremo en que declaraba en desacato a la Asamblea Nacional por no retirar las credenciales a tres diputados que ese tribunal sentenció elección fraudulenta, el presidente electo, amparado en la Constitución y aprendida la lección del Chile de Allende, no permaneció a la defensiva y atacó a las fuerzas opositoras aliadas con el gran capital norteamericano y abrió un periodo constituyente que devolverá el protagonismo al pueblo venezolano, al que esas fuerzas opositoras intentaron subyugar mediante los asesinatos de los criminales guarimberos, saqueos y quemas de alimentos de la canasta básica, por no hablar de las trampas económicas de los grandes empresarios venezolanos contra sus propios compatriotas.
Y en esas circunstancias de saqueo al pueblo y regresión democrática nos encontramos en España. Con la diferencia de que quienes nos gobiernan desde el 6 de diciembre de 1978 no lo hacen mirando los intereses de los trabajadores, al contrario de los bolivarianos, cada día que envejecía la ley de leyes más la alejaban del pueblo que debía proteger de los poderosos.
Esa Constitución que permite dictar leyes que oprimen al que se aparta del pensamiento neoliberal, que consiente el desahucio de las víctimas del sistema pero recompensa a los provocadores del saqueo, que no obliga a garantizar las condiciones de vida mínimas del pueblo, ya no le vale a la mayoría de los españoles. Lo ideal sería abrir un proceso constituyente, aunque tal vez hoy no sea el momento oportuno.
Porque para que ese proceso sea liderado por cualquiera de los partidos sostenedores de la monarquía parlamentaria no valdría el esfuerzo titánico que convocar ese proceso conllevaría por parte de las organizaciones obreras. La labor de concienciar a los desfavorecidos de que la prioridad actual es conseguir una nueva constitución que tenga en cuenta el papel de la clase trabajadora como la única capaz de llevar a nuestra nación a la democracia participativa, es una labor de gigantes para la que no todos están dispuestos a invertir su tiempo y pedagogía política. El sueño de “todo el poder para los soviets” dicen los entendidos que es irrepetible, pero soñar no cuesta nada, por eso digo que España mañana será republicana.
