Gracias al consumismo, los hogares de España cada vez cuentan con más electrodomésticos eléctricos que facilitan el día a día a muchas familias. Al frigorífico y lavadora tradicionales se le han añadido secadoras, lavavajillas, hornos, microondas, cafeteras… El consumo eléctrico en España así como en todo el mundo se ha elevado en cuestión de pocos años. Cargamos móviles, ordenadores, tablets, videoconsolas… Incluso aspiradoras.
Hace unos días los medios informaban acerca de un incendio en la población catalana de Badalona en el que murieron tres personas, y al menos una treintena quedaron heridas. Supuestamente la causa fue una sobrecarga debida a que uno de los pisos tenía la luz pinchada.
La mayoría de barrios obreros de las grandes ciudades cuentan en sus edificios con unas instalaciones eléctricas en pésimo estado. Los expertos aseguran que hay que cambiar el cableado cada 20 años aproximadamente, y la mayoría de edificios en tales barrios fueron construidos a partir de la década de 1960.
Según Julián López Colàs, doctor en Demografía por la Universitat Autònoma de Barcelona e investigador en el Centre d’Estudis Demogràfics, en una entrevista a pisos.com, afirma que “los grandes barrios de vivienda pública en bloques de pisos datan de finales de los años 50 y de los 60. Después les siguieron los de las construcciones de protección oficial. Los destinatarios de estas viviendas fueron los obreros y las clases medias. Por lo general, se trataba de viviendas de poca calidad en barrios que presentaban carencias de equipamientos notables“.
Muchas de esas instalaciones ni siquiera cuentan con un cable de tierra, es decir, un toma-tierra. En caso de un fallo en el que un conductor energizado haga contacto con una superficie conductora expuesta o un conductor ajeno al sistema hace contacto con él, la conexión a tierra reduce el peligro para humanos y animales que toquen las superficies conductoras de los aparatos.
Dependiendo del sistema, el fallo puede provocar que se desconecte el suministro por un interruptor termomagnético, un interruptor diferencial o un dispositivo monitor del aislamiento. Es decir, el hecho de no tener toma-tierra puede provocar problemas de seguridad realmente serios en una vivienda, cortocircuitos, apagones y accidentes de todo tipo. Puede ser la diferencia entre que la instalación salga ardiendo o no.
La tasa de riesgo de pobreza en España se situaba en el 21,6% en el año 2017 según el INE (Instituto Nacional de Estadística), siendo Extremadura (38,8%) la comunidad con el índice más elevado seguida por Ceuta (32,5%) y Andalucía (31%).
El coste de renovar la instalación eléctrica en una vivienda ronda los 2.000 euros y hay muchas familias que no pueden hacerse cargo de tales cantidades. Además, en los últimos 15 años la factura de la luz se ha incrementado en casi un 90%. La factura mensual representa 80,73 euros, frente a los 43,47 euros que suponía en 2003.
Con éstos números es comprensible que muchas familias hayan tenido que optar por engancharse a la luz para poder hacer uso de ella.
Teresa Ribera, la actual ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España ha impulsado un decreto-ley para intentar poner freno a las subidas en el precio de la electricidad con una ampliación del bono social eléctrico actual y la creación de un bono térmico. Medidas insuficientes para solucionar toda la problemática general que sufren muchas personas en este país.
Hay personas que no pueden acceder a una reforma en su hogar por problemas económicos y muchas otras que ni siquiera pueden pagar una factura. Las instituciones del Estado no se han puesto a investigar las causas reales de porqué la gente se ve abocada a pinchar la luz con la falta de seguridad que conlleva, con el fin de encontrar una solución.
