Se deformó la justicia ecuatoriana para dañar la honra de periodistas y ex funcionarios de SECOM
En tres días se puso de manifiesto los resultados de la deformada justicia que campea en el Ecuador de Lenín Moreno, en el que se encarceló periodistas y ex funcionarios de la Secretaría de Comunicación (SECOM) en un franco atropello a los principios jurídicos y la honra de las personas.
La Fiscalía General del Estado presentó cinco dictámenes abstensivos a favor de ex funcionarios de SECOM luego de no encontrar irregularidades en las investigaciones. Marco Antonio Bravo, ex subsecretario de Comunicación y Javier Lemos, exfuncionario de SECOM, salieron en libertad el pasado 15 de enero luego de más de dos meses y medio de un injusto encierro en el Centro de Detención Provisional (CDP) de Quito.
Luego que el desatino se fue por encima del sentido común y de la justicia, la jueza Silvia Sánchez no tuvo más alternativa que dictar un sobreseimiento para no hacer más daño a la honorabilidad de los involucrados.
Dos días después, el Tribunal de Garantías Penales de la Corte Nacional acogió el pedido del abogado del periodista, Carlos Bravo para quitar la orden de prisión preventiva. José Charry Dávalos, el abogado del implicado, les había demostrado con sobriedad que la prisión preventiva es una medida cautelar de última instancia que no era pertinente en el caso. Carlos, al igual que todos, asistía a las audiencias y colaboró en todo momento con el proceso.
Además, hubo trato discriminatorio a los procesados por el mismo caso. A Fernando Alvarado, ex secretario de la SECOM (durante el gobierno de Rafael Correa), le pusieron un grillete electrónico que es otra medida alternativa a la prisión preventiva, siendo el principal involucrado. No se respetó la ley que exige un trato igualitario y se rompió el principio de imparcialidad.
El 31 de octubre del 2018, Carlos Bravo hizo una llamada al ECU 911 para entregarse a la Policía luego de que había una orden judicial de prisión preventiva. En declaraciones a la prensa, Carlos había expresado que es “un hombre valiente y honrado” y que muy pocas personas en Ecuador hacen lo que él hizo para entregarse a la justicia. “No tengo porqué correr” dijo el implicado que ahora está en libertad.
El mismo día, Marco Antonio Bravo, por su parte, exponía en su cuenta de Twitter que se entregaba a la justicia pero no ocultó su malestar con este lamentable episodio y acusaba al Presidente Moreno de causar daño a su familia por el odio al Presidente Correa y a todos quienes han trabajado con el líder de la Revolución Ciudadana.
Un día antes, Marco había ofrecido una rueda de prensa con su abogado en la que dijo que dará la cara a la justicia pese a que no existían elementos de convicción que ameriten una prisión preventiva.
“Yo no tengo condiciones económicas para escapar del país. Yo estoy en una situación muy complicada económicamente. En febrero (2018) el señor Michelena me pidió la renuncia. Yo dirigía la Agencia de Noticias Andes y desde ahí no he podido conseguir trabajo porque sin lugar a dudas tengo cerradas las puertas en todos los lados”, añadió el periodista que había sido víctima de linchamiento mediático.
En este proceso había nueve personas implicadas por el supuesto delito de peculado. A parte de los 4 mencionados se los involucró a Juan Chiriboga, Galo Pacheco, Vanessa Salgado, Elsa Vivanco y Pablo Yánez, este último se acogió a la cooperación eficaz. Pacheco, también periodista y ex funcionario de SECOM, es el único que sigue en prisión preventiva luego que su recurso de apelación fue negado.
Así, entre daños a la honra, persecuciones, desatinos jurídicos y afectaciones al derecho al trabajo, el Ecuador espera que su justicia repare todo el daño causado, que tiene su origen en el odio político a Rafael Correa y a quienes fueron trabajadores públicos durante su mandato.
