Cara o cruz: la paradoja de la justicia ecuatoriana

Hoy la justicia ecuatoriana se enfrenta a un camino sin retorno. Los hasta hoy jueces de la República del Ecuador saben que la justicia en temas de derechos humanos tarda, pero siempre llega.

La Contraloría General de la Nación, parte de la persecución judicial que impera en el Ecuador, ha emitido los nefastos IRP (Informe de Responsabilidad Penal) en contra de Rafael Correa y Jorge Glas en cosas absurdas y sin la más mínima lógica.

Desde un Informe de Responsabilidad Penal en contra del expresidente Correa porque no utilizó los aviones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana de forma exclusiva, sino para uso de las distintas autoridades del Estado, hasta el Informe de Responsabilidad Penal en contra de Jorge Glas, vicepresidente constitucional y presidente del Comité de Reconstrucción Post Terremoto del 2016 en la provincia de Manabí.

Resulta que, en el centro urbano de la ciudad de Portoviejo, capital de la provincia Jorge Glas, como parte del comité autorizó la construcción de un extraordinario parque, luego de que los estudios de suelos determinaban que en ese lugar devastado por el terremoto no se podrían volver a construir edificios, el argumento de la contraloría para dictaminar un peculado (penado con 15 años) es que el Parque Las Vegas, inaugurado por el Presidente Lenin Moreno, ¡no existía antes del terremoto! Ya no guardan ni las formas.

Cosa parecida ocurre con un pozo petrolero, los jueces no saben qué hacer con el Caso Singue, con la contundencia de los peritajes internacionales, saben que en este caso las demandas internacionales ya están planteadas por parte de la empresa inversionista, que ha generado centenas de millones de dólares a favor del Ecuador, sin que el Estado haya invertido un centavo.

Particular atención tiene ahora la próxima audiencia de Casación (última instancia) del caso que tiene a Jorge Glas en prisión, que lleva más de dos años con prisión preventiva contra derecho (en Ecuador la ley permite un máximo de 12 meses bajo la figura de prisión preventiva), cuando la Fiscal General Diana Salazar se acaba de dar un tiro en el pie al presentar al funcionario de Odebrecht José Santos con su declaración en el proceso penal por supuestos aportes de campaña en contra, otra vez, de Rafael Correa y Jorge Glas, en cuya declaración, testigo estrella en el caso contra Glas del 2017, se contradice totalmente al declarar en el 2019, sobre los mismos hechos.

Los jueces no tienen salida, si validan la declaración de Santos en el 2019 invalidan expresamente la declaración del 2017, y si validan en Casación la declaración del mismo Santos en el Caso contra Glas, invalidan expresamente la declaración del 2019, ya que asumirían como cierta la versión inicial. Esta contradicción es tan evidente, pero a su vez, invisible para los grandes de comunicación, solo demuestra una cosa, Santos miente, cometió perjurio.

Tal parece que a la justicia ecuatoriana, entregada al lawfare con pasión, en este tema, solo le quedará tirar una moneda al aire. Será cara o cruz. Deberán prepararse para el coletazo internacional, que tarda, pero llega.

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