El pasado viernes 18 de enero los taxistas de Barcelona iniciaron una huelga indefinida a la que se sumaron este lunes 21 los de Madrid. Este jueves en Barcelona se levantó la huelga tras celebrarse una votación para decidir si se aceptaba el acuerdo con la Generalitat, la cual se comprometió a implementar un decreto ley que supuestamente aprobará el próximo martes.
Este decreto incluye medidas como la precontratación de 60 minutos para los vehículos de transporte con conductor –VTC-, es decir, el cliente tiene que pedir el servicio al menos con una hora de antelación.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya intentó impulsar el pasado verano un reglamento que no llegó a hacerse efectivo ya que fue inhabilitado por el Tribunal de Justicia de Cataluña.
Desde el pasado septiembre, tras la aprobación de un real decreto por parte del ministerio de Fomento, la competencia estatal sobre la regulación de los VTC pasaba a manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. De alguna manera, el ministerio se quitaba de encima el problema justo en su momento más delicado.
El conflicto entre taxistas y empresas de VTC como Uber o Cabify viene de lejos y parece que los gobiernos de turno solo han logrado empeorar la situación. En 2013 se aprobó la regulación que imponía la proporción de 1 VTC por cada 30 taxis. Sin embargo, la Ley Ómnibus aprobada por el entonces presidente del gobierno Jose Luis Rodríguez Zapatero, introdujo la liberalización de servicios. La cosa derivó en una especie de vacío legal que permitió que esa regla 1/30 se infringiera repetidamente causando que el número de VTC fuera muy superior a la cifra que debiera ser.
>>Economía colaborativa: nueva forma de explotación laboral<<
Madrid y Barcelona son las dos ciudades con el número más alto de licencias de VTC, y va en aumento. Según el ministerio de fomento, hay 13125 licencias en este momento, 6376 en Madrid y 2500 en Catalunya.
Los taxistas reclaman una regulación de los VTC con urgencia por competencia desleal, no solo por el número desproporcionado de licencias sino también por situaciones que se dan con frecuencia como por ejemplo la recogida de clientes por parte de los VTC en paradas de taxis o la obligación de que éstos tengan que regresar a su base antes de recoger el siguiente cliente.
Además, según los taxistas, las empresas como Uber o Cabify suben las tarifas en momentos de más demanda sin ningún tipo de regulación en los precios. Ambas empresas forman parte de lo que se llama economía colaborativa. Las forman el empresario y unos trabajadores que en realidad son falsos autónomos o conductores contratados por flotas de vehículos. La licencia cuesta 5000 euros -frente a los 150000 que cuesta una licencia de taxi– que corresponde pagar al conductor. El hecho de no tener trabajadores a su cargo permite a este tipo de empresas ahorrarse pagar seguridad social.
El trasfondo de este conflicto va más allá de una simple trifulca entre trabajadores o empresas. Pone en el punto de mira la liberalización del sector servicios, defendida siempre por el neoliberalismo que pretende acabar con todo lo público para beneficiar al sector privado. La ley de la oferta y la demanda, el “renovarse o morir”, esas ideas que en un sistema capitalista como el nuestro están a la orden del día, son las que pueden acabar a la larga con el famoso y ya olvidado “Estado del bienestar.”
El conflicto del taxi es solo el comienzo. Podríamos acabar con un sistema sanitario privatizado como ocurre en EEUU y a ello unírsele la educación, entre otras cosas. Cuanto más poder tenga la patronal más veremos menguar los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos en general.
El futuro del taxi seguirá pendiendo de un hilo mientras los gobiernos de turno no pongan medidas efectivas encima de la mesa. Puede que en pocos años veamos su desaparición y a consecuencia de eso, la quiebra de casi 70.000 familias que viven de ello, por no hablar de cuales serán las condiciones de los trabajadores que operen para VTC. El futuro, en cualquier caso, no augura nada positivo.
