Elecciones seccionales en Ecuador: Crónica de un fraude anunciado

A las puertas de las primeras elecciones seccionales en Ecuador desde la posesión de Lenín Moreno en mayo del 2017, la institucionalidad democrática se encuentra en su peor momento de acefalía. Múltiples acontecimientos recientes han dejado al Consejo Nacional Electoral y, en particular, al sistema de partidos, gravemente lesionados por lo que campaña venidera promete ser un perfecto zafarrancho de demagogia y mal reparto que no resolverá la grave crisis de representación que vive el país.

Con el reciente anuncio por parte de la presidencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) de que la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) no estaría invitada a realizar una veeduría del proceso electoral, no solo se asegura una contienda desordenada y poco transparente, sino que confirma las más oscuras sospechas de que se estaría fraguando un fraude descomunal que garantizaría el reparto inequitativo de las alcaldías y prefecturas más importantes del país a favor de aliados del presidente Moreno.

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En noviembre del año pasado, el anuncio de que el CNE había resuelto desvincularse del proceso de certificación ISO otorgada por la OEA por buenas prácticas electorales ya generaba fuertes cuestionamientos. El presidente transitorio, Gustavo Vega, mantuvo que no consideraba pertinente, en base a la soberanía del país y los excesivos costos, la aplicación de la certificación en el próximo proceso electoral.

Sin embargo, ningún hecho ha afectado más la mismísima legitimidad de las autoridades electorales o del proceso venidero como el enérgico reclamo del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA a la presidenta del CNE, Diana Atamaint. En su misiva, la OEA primeramente negó rotundamente haber violado cualquier norma interna del Ecuador en la elaboración de su informe final respecto a la Consulta Popular de febrero.

En el informe se criticó la ausencia de aval constitucional para la realización de esta al igual que la participación inequitativa de actores a favor y en contra de las preguntas planteadas. Novedad que no sorprendió a nadie, menos a los actores políticos que advirtieron desde un inicio la intencionalidad direccionada de la Consulta, y el nefasto impacto que tendría en la función de transparencia.

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En un espectacular llamado de atención, la OEA manifiesta su preocupación ante una reciente reforma al reglamento electoral que impide a observadores electorales realizar entrevistas a funcionarios del CNE, autoridades nacionales, dirigentes de partidos y candidatos. Tampoco permite registrar controversias, situaciones irregulares o de conflicto durante los comicios.

Esto a criterio de la OEA “imposibilita cualquier tipo de observación electoral independiente e imparcial”. Lo problemático de la reforma al reglamento, es que directamente contradice leyes ecuatorianas que garantizan la observación internacional sin trabas, restricciones o limites, antes, durante y después de un proceso electoral. La respuesta de la presidenta se resume en un tartamudeo inverosímil que alega la defensa de la soberanía y la intromisión en asuntos internos.

Así, la ciudadanía observa en cámara lenta un reparto indigno que busca transformar, con o sin el beneplácito del electorado, el balance de poder y representación a nivel territorial. A pocos días de que arranque la campaña electoral surgen múltiples inquietudes entre las organizaciones políticas al igual que entre los mismos miembros del Consejo Nacional Electoral.

Faltando tan poco para los comicios, existen graves inconsistencias y una preocupación latente por la gran cantidad de candidatos confirmados que llegan a 80.000, cifra histórica que en realidad implica una pesadilla logística y desastres al momento de contar los votos. En juego están 5.675 alcaldías, prefecturas y otros cargos locales, al igual que los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

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Ante el bochornoso espectáculo que ha realizado el Consejo Nacional surge la duda de que si el organismo y sus autoridades están en condiciones de coordinar un proceso electoral de esta magnitud. Los consejeros, al fin, fueron puestos discrecionalmente por su afinidad con el presidente Moreno o miembros del Consejo de Participación Transitorio (Trujicorte), de trayectoria política cuestionable, pero más cuestionable aún su capacidad técnica para llevar a cabo procesos electorales de forma transparente, profesional y ordenada.

En una rueda de prensa el vocal del CNE Luis Verdesoto, habría declarado que tenía conocimiento de primera mano de que en la campaña existe “la penetración de dinero proveniente del narcotráfico”. Sin presentar prueba alguna de sus aseveraciones, de forma irresponsable dejó contaminado al proceso entero con sus alegatos y demostrada su profunda incompetencia para el cargo que ostenta. La zozobra causada por estas afirmaciones imprudentes es menor cuando se considera los innumerables tropiezos y rectificaciones que pintan un panorama sombrío sobre un Consejo cuya experticia es la improvisación.

Participan en la contienda siete partidos políticos, nueve movimientos nacionales y 54 movimientos provinciales lo cual da pauta del excesivo multipartidismo al que ha dado paso este Consejo, todo en nombre de una “apertura democrática” que más parece circo romano. Esta proliferación indiscriminada de movimiento políticos, alianzas y candidatos sin orientación ideológica o programática ha desembocado en una cultura electorera que responde a la coyuntura política más no a una estructura partidaria o agenda política de largo alcance.

Entre las irregularidades que se conocen están las impugnaciones pendientes en varias provincias cuando ya se están publicando las papeletas; uso de recursos del Estado para campaña; campaña anticipada sin control de gasto o fuente, entre otros.

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Detalle que no ha pasado desapercibido es la ausencia de Alianza País, partido que aglutinó apoyo popular y marcó una etapa hegemónica en la que venció en 14 procesos electorales. Ahora fragmentada y en manos de Lenín Moreno, Alianza País opta por no participar en las contiendas más relevantes como son las alcaldías de Guayaquil, Cuenca o Quito. De igual forma, en el caso de que AP participara, han obviado utilizar la figura e imagen del presidente de la república por los pobrísimos niveles de aprobación con los que cuenta el primer mandatario.

Sin AP, la dispersión partidista es enorme por lo que el porcentaje requerido para consolidar una victoria será mínimo y poco representativo. A días de oficialmente arrancar la campaña, las ciudades del Ecuador ya están cubiertas de lonas, pancartas, vallas publicitarias, banderas, adhesivos en una absoluta ausencia de control de gasto preelectoral y proselitismo anticipado.

Lo que está en juego es también el despliegue de fuerzas políticas que garanticen una transición ordenada del poder una vez que Lenín Moreno deje el cargo. Ante la ausencia de una fuerza electoral aglutinante como lo era AP, queda un vacío de poder, aun a nivel territorial, que todas las agrupaciones políticas intentan llenar.

Sin embargo, la mayor consideración está en garantizar el ascenso de autoridades que garanticen la estabilidad del gobierno y den paso a iniciativas que no cuentan con apoyo popular como son concesiones mineras y su inminente intervención en áreas protegidas, la privatización de servicios públicos y de infraestructura para lo cual se requiere de total control de gobiernos locales. En momentos que se avizora una contracción significativa de la economía, el gobierno y sus aliados buscan garantizarse algo de permanencia, al menos hasta fraguar el negocio y consolidar su asalto al resto de la institucionalidad.