Lucha interna en el gobierno para que los alumnos en prácticas no coticen
La disposición que obliga a la cotización a la Seguridad Social de cualquier estudiante en prácticas, puesta en marcha por el Gobierno, está siendo sometida a debate antes incluso de su entrada en vigor. La Ministra de Educación ha anunciado este martes que hará todo lo que esté en su mano para frenar esta medida.
La norma
Hace apenas dos meses, en diciembre de 2018, el Gobierno realizó una disposición adicional al Real Decreto 28/2018 para permitir y obligar a que los estudiantes en prácticas cotizasen a la Seguridad Social. La medida venía con el sello de la Ministra de Trabajo Magdalena Valerio y, en la práctica, exigía a las empresas a pagar alrededor de 51€/mes de media por estudiante.
La idea de la disposición adicional es que los jóvenes empiecen a acumular meses cotizados de cara a una futura pensión, pues, en la actualidad, es necesario trabajar 37 años ininterrumpidos para optar a la pensión máxima, unos años de trabajo muy difíciles de conseguir debido a la duración de algunos estudios y el actual mercado de trabajo, en el que no abunda el empleo fijo.
Esta nueva medida, que no plantea su entrada en vigor hasta el año que viene, afecta tanto a becarios como a cualquier alumno que realice prácticas externas obligatorias durante sus planes de estudio, véase por ejemplo la Formación Profesional (FP) o los universitarios. La medida afectará el año de su entrada en vigor (2019/2020) a más de 700.000 alumnos solo en la FP.
Otro dato sobre la norma es que esta permite incluso que los antiguos estudiantes en prácticas que llegan tarde para que coticen por ellos, puedan cotizar por ellos mismos como opción para que también sea parte de su vida laboral y les cuente de cara a la jubilación.
Las críticas
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) llamó enseguida al Gobierno para mostrar su enfado, y tratar de frenar la medida porque, a su parecer, propone un coste inasumible. Asimismo, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) se opuso por miedo a que las universidades acaben teniendo que pagar por la cotización de sus alumnos, a pesar de que la norma establece que, por defecto, la pagan las empresas.
El Partido Popular, Ciudadanos, PNV, ERC y casi todo el arco parlamentario (salvo Unidos Podemos) se han manifestado en contra de esta medida rápidamente, porque no están de acuerdo en que las empresas tengan que pagar nada por aceptar estudiantes en prácticas, y que algunas podrían dejar de solicitarlos.
Al menos, esta medida tuvo mejor acogida entre otros colectivos: el Consejo de la Juventud declara que, actualmente, estas prácticas son “una forma de esclavitud moderna“, y que apenas sirven para aprender porque, en muchos casos, los alumnos acaban sirviendo cafés, mientras que la Oficina Precaria hace tiempo que habla de la necesidad de dignificar las condiciones de los alumnos en prácticas.
La disposición también cuenta con el apoyo de sindicatos como Comisiones Obreras (CCOO). Estos presionaban para conseguir una medida que beneficiara a los alumnos de este tipo, pues denuncian que, actualmente, 400.000 alumnos trabajan sin cobrar un euro, sustituyendo en ocasiones a trabajadores remunerados.
Otro apoyo parlamentario es el de Unidos Podemos y sus confluencias. En el pasado, ya presentaron su propio plan, que permanece bloqueado en el Congreso y que, entre otras medidas, también hablaba de cobrar esas prácticas, pero iban más allá. En concreto, hablaban de la creación de un estatuto de los estudiantes en prácticas que, entre otras cosas, les permitiera cobrar el Salario Mínimo Interprofesional a los alumnos, algo que de momento parece imposible.
La formación morada y sus aliados hablan de acabar con el fraude de las prácticas en empresas, restringir las horas de prácticas a 500 ,y limitar el número de estudiantes por empresa, entre otras medidas. Las razones que aducen son la explotación actual de alumnos sin derechos como sustitutos de trabajadores y por la existencia, según ellos, de la “precariedad juvenil“.
Ministras contra ministras
Cuando fue anunciada la medida, la portavoz del Gobierno Isabel Celáa, quien además es Ministra de Educación, no parecía estar de acuerdo con lo que tenía que exponer, hasta el punto de que parecía estar defendiendo a disgusto esa medida.
Este martes, la misma Ministra de Educación ha cargado contra la idea de la Ministra de Trabajo y se ha posicionado claramente en contra, anunciando que hará “todo lo que está en su mano” para tumbarla, y señalando su inmediata revisión porque “los empresarios son reticentes a pagar” y, por lo tanto, esta medida “genera perturbación“.
La respuesta a la Ministra ha llegado desde el Ministerio de Trabajo avisándola de que los alumnos están en un entorno laboral, lo que “entraña riesgos (para los que) deben estar cubiertos“. Por ejemplo explican que los seguros actualmente cubren algunas prácticas pero no las extracurriculares. Este Ministerio encara la medida como parte del Plan de Empleo Joven y del Plan Director por un Trabajo Digno, por lo que presentarán batalla.
Las polémicas persiguen a los alumnos en prácticas
El año pasado, la Eurocámara acabó prohibiendo las prácticas no remuneradas en el Parlamento Europeo después de diversas quejas y denuncias por la situación de los estudiantes en Bruselas, ciudad en la que, además, todo es más caro.
Recientemente, la polémica ha venido de los estudiantes en prácticas de los Goya, quienes han denunciado que estaban trabajando hasta altas horas de la noche completamente explotados, sin salario, sin pago por transporte, sin cotización a la Seguridad Social y sin alojamiento.
Las Universidades también han estado en el foco de la polémica: los becarios que trabajan en la Universidad de Barcelona (UB) la han acusado de fraude laboral, porque, en lugar de aprender, están cubriendo puestos de trabajadores que la Universidad se ahorra contratar. Actualmente, se encuentran organizando una demanda colectiva y se organizan a través de la Asamblea de Becarios de Colaboración.
Por su parte, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) está en pleno macrojuicio por utilizar a becarios como mano de obra barata: de sus 400 becarios, más de la mitad (248) servían para sustituir puestos de trabajo. Gracias a CCOO, consiguieron llevar la situación a los tribunales, aunque el juicio sigue pendiente. Este solo es el caso más significativo, pero ha habido otros similares en varias universidades en los últimos años.
Son alumnos en prácticas, no becarios
Según la RAE, un becario es una persona que disfruta de una beca para los estudios o bien un colegial o seminarista que disfruta de una beca. Estudiantes en prácticas y becarios no son lo mismo, aunque lógicamente una persona puede estar becada, es decir ser becaria, mientras realiza las prácticas. Aclaramos este punto porque algunos medios llevan a la confusión con sus noticias.
Real Decreto 28/2018 del BOE:
Disposición adicional quinta. Seguridad Social de las personas que desarrollan
programas de formación y prácticas no laborales y académicas.
La realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades
incluidas en programas de formación, la realización de prácticas no laborales en empresas
y la realización de prácticas académicas externas al amparo de la respectiva regulación
legal y reglamentaria, determinará la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las
personas que realicen las prácticas indicadas, aunque no tengan carácter remunerado.
Las prácticas a que se refiere el párrafo anterior comprenden las realizadas tanto por
alumnos universitarios de titulaciones oficiales de grado y máster como por alumnos de
formación profesional de grado medio o superior.
