La introducción de droga entre los años 80 y 90 en el País Vasco. El ‘Informe Navajas’
Luis Navajas asumía el cargo de Fiscal General del Estado en el año 2017. Caracterizado por ser un profesional de la Justicia con un marcado sentido del deber. Destaca en su carrera el documento al que da nombre, ‘Informe Navajas’, que investigaba a finales de los ochenta a la cúpula de la lucha contra el terrorismo en Guipúzcoa.
El informe, redactado en mayo de 1989, detallaba vínculos entre narcotraficantes y guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo, pero solo llegó a ser investigado un contrainforme de la Guardia Civil que excluía a los implicados de mayor graduación. Siendo fiscal jefe de San Sebastián, exigió que se sometiese a investigación al coronel Enrique Rodríguez Galindo que junto a otros diez guardias civiles y un inspector de la Policía vinculaba con el contrabando en el País Vasco.
Quedando el proceso cerrado sin condenas a ninguno de los investigados, se abrió una vía a los medios de comunicación permitiendo que muchos de ellos quedasen expuestos, como fue el caso del empresario y exfutbolista José Antonio Santamaría, asesinado el 19 de enero de 1993 tras comparecer ante el juez Fernando Andreu. Este lo dejó en libertad al no probarse el delito.
Los hechos comenzaron a finales de 1988 por la presentación de la evidente implicación de importantes miembros del Benemérito Instituto en una trama de narcotráfico por parte del capitán de la Guardia Civil José Manuel Castañeda, adscrito a la Unidad de Servicios Especiales del Servicio Central de Información, junto al guardia segundo Garcilaso Muñoz, su subordinado, de forma directa a Luis Navajas. Este tomó declaración a cinco de las personas señaladas por el capitán Castañeda estableciendo suficientes coincidencias para dar crédito a las acusaciones.
Informó a Javier Moscoso, fiscal general del Estado, junto a un informe de las 31 personas investigadas, posteriormente plantearía solicitudes para continuar con el procedimiento como la investigación de un grupo escogido de guardias civiles del Servicio Central de Información.
El presupuesto de la investigación abarcaba que varios miembros de la Guardia Civil del cuartel de Intxaurrondo, el cual se centralizaba en la lucha contra el terrorismo, proporcionaban protección a cambio de una importante cantidad de dinero a tres clanes dedicados al tráfico de drogas y tabaco. Acusación que coincidía con las que venían haciendo desde el entorno terrorista, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado atestaban con droga a la juventud vasca para desmovilizarla y que no luchara por la independencia.
En 1995 se produjo la repaertura del caso debido a las filtraciones, coincidentes con el relevo de Moscoso por Leopoldo Torres al frente de la Fiscalía General del Estado. Se mostró ambiguo a que se continuase con la investigación de las denuncias del ‘Informe Navajas‘ asegurando que “las investigaciones no habían dado ningún fruto y que “lo sorprendente es que siga abierta una investigación que, según mis informaciones, lo único que ha ofrecido como resultado es un asesinato”.
Posteriormente el informe “desapareció” y no ha vuelto a proseguir legalmente por intereses políticos, ejemplificados en el asesinato del político del Partido Popular de Guipúzcoa Gregorio Ordoñez, y de varios miembros de la organización ETA.
