Jerez planta cara a HazteOír, que pierde la batalla y sus privilegios

Hazteoír, la asociación ultracatólica, antifeminista y conservadora, anunciaba dentro de su campaña StopFeminazis un acto para el 22 de marzo en el hotel Soho Boutique de Jerez de la Frontera y paseos de su ya famoso autobús con el rostro de Adolf Hitler y la leyenda “No es violencia de género, es violencia doméstica”. Su objetivo, afirman, es presionar a los líderes de la ultraderecha en el Parlamento de Andalucía para que acaben con las políticas andaluzas de violencia de género.

Poca presión parece que deban hacer con VOX, dado que encabeza esta iniciativa. Tanto es así, que para el acto en Jerez estaba programada la intervención de Francisco Serrano, presidente de su grupo parlamentario en Andalucía. Asimismo, estaban invitadas las asociaciones “igualitarias”, ultraconservadoras y antifeministas Movimiento Femenino por la Igualdad Real y Woman of the World.

Santiago Sánchez, portavoz de Ganemos Jerez estuvo haciendo gestiones para tratar de impedir el paseo del autobús por la ciudad, sin éxito.

>>El autobús machista de HazteOír usa el odio como combustible<<

Según la misma asociación, a este acto acudieron 120 personas (la página web del hotel anuncia que tienen salas para hasta 300 personas). Para tratarse de una de las ciudades con mayor habitabilidad de Andalucía (212.879 habitantes según el censo de 2017), realmente parece que no se trataba de un lugar para realizar estos actos con una asistencia y apoyos significativos.

En respuesta a esto, se han concentrado varias decenas de personas protestando contra el acto, con pancartas y amplia asistencia mixta. Según algunas fuentes consultadas, podría haber más gente en la protesta que dentro del salón de actos del hotel. La concentración ha sido pacífica, si bien HazteOír Cádiz ha anunciado que presentará una denuncia ante la Fiscalía por los insultos y “amenazas de muerte” que, según afirman, han recibido en redes sociales, donde algunos usuarios de éstas han hecho comentarios como preparar “piedras y tomates”, “no va a haber mundo para que corran”, “voy preparando cócteles molotov” entre otras expresiones similares.

Este tipo de acciones son comunes en la ultraderecha, y solo responden a conseguir una mayor visibilidad y publicidad, dado que este tipo de actos, además de inútiles, son incongruentes con el tipo de actitudes que encontramos a día de hoy en varias de las citadas redes, donde estos mismos sectores de ultraderecha amenazan incluso de muerte e insultan con mucha frecuencia. No obstante, esta táctica es sigue funcionando para visibilizarse en la prensa amarilla tan común en España y en medios de grandísima audiencia.

También contrasta la información que dan de haber recibido “cientos de llamadas amenanzates” en su sede con el hecho de que no denuncien esto, que es mucho más trazable que las redes sociales. En resumen, sus anteriores declaraciones y denuncias han parecido estar más alejadas de la realidad y más cercanas al sensacionalismo. El hecho de que persistan en esto solo deja claro que esta táctica les funciona a estas asociaciones igual que a los partidos de la ultraderecha.

Andalucía es un lugar donde HazteOír apenas ha conseguido protestas y poquísima afluencia, como fue el caso de El Puerto de Santa María (Cádiz) en agosto de 2018 y en Sevilla en noviembre.

¿A qué responde esta continua asistencia a Andalucía, donde no tienen un seguimiento mayor que las protestas que causan? Simplemente provocación, esperar un ataque, y mayor difusión y publicidad, que los medios que son afines convierten en un mayor número de simpatizantes.

En 2017, el grupo municipalista Ganemos Jerez presentó ante las autoridades locales y la Diputación su disconformidad con las actividades de esta asociación. Pero en esta ocasión les ha salido mal el negocio.

Esta asociación fue considerada de utilidad pública por el Partido Popular en 2013. Pero acaba de perder este privilegio. En el BOE del pasado 22 de marzo se hacía oficial: la asociación HazteOír, con número de registro 167805, deja de ser considerada de utilidad pública con fecha efectiva del pasado 4 de febrero de 2019. La decisión la toma el gobierno de Pedro Sánchez el pasado día 15 en base al artículo 35.4 de la Ley Orgánica 1/2002 y al artículo 7.7 del Real Decreto 1740/2003.

Anteriormente, el gobierno ya abrió un expediente a finales del año pasado a instancias de colectivos LGTBI, aunque la Junta de Andalucía comandada por Susana Díaz se negó a hacerlo. Ahora, a instancias del Ministro de Interior, se ha decidido que las actividades de esta asociación no deben estar vinculadas al estado.

La declaración de utilidad pública, además de permitir beneficios fiscales, supone un reconocimiento a la labor de la entidad. Retirar estos beneficios era un imperativo moral, una de las muchísimas medidas de la época del Partido Popular que el PSOE no ha derogado (alineándose con el primero) hasta estar casi en campaña electoral.

Una de las consecuencias más interesantes de la pérdida de este estatus es precisamente que dejan de tener asistencia jurídica gratuita a cargo de fondos públicos. A partir de ahora, cuando quieran realizar denuncias o afrontar las que se les hagan, tendrá que ser de su propio bolsillo.

Esta asociación ha estado reuniendo sucesivas denuncias en Valencia, Barcelona o Madrid, entre otros, por incitación al odio. A partir de ahora, no podrán usar el dinero de los ciudadanos para continuar enfrentándose a ellas en los juzgados mientras realizan sus manifestaciones homófobas y machistas.