Desarticulando las 110 medidas electorales del PSOE: Estado del Bienestar y memoria histórica

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha estado gobernando España durante más de dos décadas en las que, bajo su manto, ha aflorado el trabajo temporal, se han impulsado reformas laborales de signo neoliberal, recortes sociales, desahucios exprés, políticas fiscales regresivas… que han terminado por dañar el Estado del Bienestar.

Analizamos de manera profunda las propuestas económicas de los de Pedro Sánchez presentadas en sus 110 medidas políticas de cara a las elecciones del próximo domingo. Determinamos si en esta ocasión suponen una solución que va a la raíz del problema, y también lo comparamos con anteriores promesas similares que finalmente no se llevaron a cabo.

Presupuestos: Medida 20

En el Plan Presupuestario presentado por el último gobierno del PSOE el gasto público no solo no crecía, sino que caía medio punto, hasta el 40.9%.

La propuesta de esos Presupuestos es una absoluta inconcreción, promesas vacías. No plantean soluciones a la crisis social del Estado. En el contexto de desaceleración que se plantea en la economía, que ha obligado a bajar las previsiones de crecimiento, con una deuda pública que roza el 100% del PIB, el margen de maniobra de las promesas del PSOE no tiene base material para su puesta en marcha.

Es necesaria una reforma fiscal mucho más ambiciosa que la incluida en los Presupuestos. Esa reforma debe mejorar la recaudación para financiar el Estado del bienestar, la inversión, etc. Con una ley de prevención del fraude y una mejora de los impuestos debemos conseguir que la recaudación real se acerque a las necesidades sociales.

>>Desarticulando las 110 medidas electorales del PSOE: Economía<<

Este escenario económico, que no parece que necesita reformas, según el PSOE, hace que cualquier intento de presupuestos “sociales” se enfrente a retos importantes. Para esos Presupuestos es necesario un cambio profundo en la coyuntura actual.

Para mejorar la partida social es necesario tener en cuenta que entre 2010 y 2017 éstas se ha reducido notablemente. No se ha previsto una estrategia para la reversión de los recortes ni para el cumplimiento de los compromisos de financiación del Estado y las comunidades autónomas.

Es necesario que los Presupuestos acaben con las políticas de austeridad: la ley de estabilidad presupuestaria española vigente, impulsada por el PP, supone un exceso de rigor en la gestión de los presupuestos públicos que resulta contraproducente.

Empleo: Medidas 22, 24 y 28

Mientras en campaña prometieron la derogación de la reforma laboral del PP, que ha puesto de manifiesto el incremento de la desigualdad, ahora prometen derogar “los aspectos más lesivos” de esa reforma. Pero no se han propuesto “retocar” la reforma socialista de 2010, que supuso el primer recorte efectivo de los derechos de los trabajadores.

La negociación colectiva y los convenios han de desarrollar criterios de participación, intervención y codecisión de las partes. Sin la participación y la integración efectiva de todos los actores no se mejorarán los resultados laborales.

Es necesario crear empleo, pero tiene que ser de calidad, porque la reforma, tanto del PP como del PSOE, ha provocado la devaluación salarial, que ha perjudicado a las rentas más bajas y a los más jóvenes, a través del incremento de la precarización laboral. Gracias a esas reformas, las contrataciones indefinidas han ido reduciéndose constantemente.

A pesar de eso, el PSOE propone derogar la parte de la reforma de 2012 que permite al empresario tomar decisiones unilateralmente, en función de sus beneficios, lo que ha desequilibrado la situación de los trabajadores.

También han prometido un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI, pero no han legislado para asegurar el futuro de muchos nuevos tipos de trabajadores. Los nuevos anuncios de los dirigentes socialistas han manifestado la voluntad de reducir los tipos contractuales.

>>La fuerza sindical influye en las condiciones de los trabajadores<<

Es necesario que se recuperen los derechos de negociación de los sindicatos o la importancia de los convenios colectivos, algo que, hasta ahora, solo han sido recortados, provocando la desprotección de los trabajadores. Debe mantenerse la prevalencia de los convenios de sector para establecer las condiciones mínimas de trabajo, evitando así el empeoramiento de las condiciones a través de los convenios de empresa.

Hay que eliminar el fraude en la contratación a tiempo parcial con alargamientos de jornadas, incumplimiento de los descansos legales, horas de trabajo no declaradas y horas extras no pagadas.

También supondrá que las empresas puedan disponer de mano de obra gratuita, o semigratuita, a costa de estudiantes de FP que trabajan casi sin cobrar o gratuitamente. Esa reducción del número de contratos supone un fuerte ataque a los derechos laborales esenciales de los trabajadores, en sintonía con las corrientes más neoliberales.

Si ya no es necesaria ningún tipo de justificación para rebajar las condiciones laborales de los fijos, a la hora de justificar una contratación temporal, se degradan el conjunto de sus condiciones laborales.

Todo esto plantea nuevos ataques a los derechos laborales y sociales de los trabajadores, en general, pero también de los colectivos más castigados por la crisis, como los jóvenes o las mujeres.

La merma del poder de negociación de los trabajadores ha venido favorecida por las sucesivas reformas laborales del PP y PSOE. Es necesario un cambio de rumbo en las políticas laborales y sociales, que pasa por la eliminación de esas reformas.

Es imprescindible derogar las reformas laborales, para erradicar la precariedad y avanzar en un nuevo marco laboral que combata el fraude en la contratación laboral, con niveles insostenibles de rotación y duración de los contratos temporales, sistema precario de contratación y del todo incompatible con la protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

>>Economía colaborativa: nuevas formas de explotación laboral<<

El Estado debe garantizar un mercado laboral enfocado a que los trabajadores y trabajadoras tengan acceso a puestos de trabajo dignos y de calidad, con participación en la toma de decisiones de las empresas y concertación social en las relaciones laborales.

Deben introducirse medidas correctoras que lleven a un nuevo modelo de productividad sostenible, con salarios dignos y reducción de las desigualdades; acabar con la brecha salarial; mejor redistribución de la riqueza; el impulso de la formación permanente a lo largo de la vida laboral; una reforma horaria que proporcione eficiencia por encima de la presencia y mejore la conciliación de la vida personal y laboral; reformar y mejorar las políticas activas de ocupación, etc.

El Estatuto del Becario puede convertirse en un arma para permitir que los más jóvenes se vean abocados a la precariedad y a los abusos por parte de las empresas. Es imprescindible crear un marco que establezca unos mínimos derechos y una mínima remuneración para los estudiantes que tengan una beca formativa en una empresa.

Ya en julio de 2017 fue Unidos Podemos la fuerza que propuso un Estatuto del Becario, una medida que provocó tensiones con el PSOE.

También es necesario regular que los becarios cubran un puesto de trabajo y que no se realicen actividades formativas. Las prácticas en las empresas deben formar parte de la formación, con un seguimiento constante por parte de los tutores. Así, es necesario establecer mecanismos de control, con el objetivo de regular de forma constante la situación de los estudiantes en las empresas.

Economía social: Medida 33

Es necesario impulsar una economía social, a través de la auténtica democratización de las empresas, actualizando las formas de dirigir y gestionar las empresas; es necesario impulsar realmente la participación de los trabajadores y trabajadoras en esa gestión, para aprovechar ese talento y adoptar decisiones estratégicas mejores para las empresas.

También es necesario impulsar las empresas de economía social. Los principios de las empresas de economía social han demostrado ser más resistentes a las crisis, gracias a su flexibilidad y capacidad de adaptación, y han demostrado que son capaces de crear empleo digno y estable, mejorar la conciliación de la vida personal y laboral, la cooperación entre empresas e iniciativas económicas que mejora los productos y servicios, y la participación y transparencia de los trabajadores en las mismas.

>>Guía del votante para las elecciones generales del 28A<<

Hasta ahora, tanto los gobiernos del PP como del PSOE solo han puesto cortapisas burocráticas a la extensión de este tipo de iniciativas, y han prometido repetidamente cambiar el modelo de gestión de las mismas, unas promesas que ninguno de los gobiernos anteriores ha llevado a cabo.

Servicios sociales: Medida 53

Es necesaria una profunda reforma fiscal que eleve la recaudación de impuestos para revertir los recortes de la crisis. Y es necesario avanzar en la modernización de la economía y en la cohesión social.

El acceso a los servicios sociales, puntal del Estado del Bienestar, debe ser universal para reducir la desigualdad. Para ello, el gasto público debe incrementarse e igualarse a la media europea (ahora está siete puntos por debajo). Un Estado social más desarrollado es el que tiene un mayor bienestar y una menor desigualdad.

Es necesaria la aprobación de una Ley de Servicios Sociales que garantice, realmente, una cartera mínima de servicios para la ciudadanía, que de forma a los servicios sociales: delimitándolos con un catálogo de servicios, cuidados e intervenciones, que permitan potenciar y complementar la autonomía funcional de las personas en su vida cotidiana. Debe tratarse de un catálogo de gestión descentralizada.

Este catálogo debe cubrir las necesidades básicas de la población, especialmente de los colectivos más vulnerables. Se trata de sectores de la población que han visto deteriorarse sus condiciones de vida debido a las políticas de austeridad, que en los últimos años han priorizado el pago de la deuda y el mantenimiento de los privilegios de unos pocos, por encima del bienestar general de la población.

Este modelo de servicios sociales debe estar relacionado con la creación de empleo estable y de calidad en el sector.

Pensiones: Medidas 61 y 62

El PSOE propone blindar la revalorización de las pensiones con el IPC, pero aún así hay que resolver el déficit estructural del sistema, que supera los 15.000 millones de euros, y eso significaría que todo el esfuerzo recaería sobre los trabajadores. Una gran parte de ese déficit estructural del sistema público de pensiones tiene que ver con la precariedad del mercado laboral de la economía española. Es necesario, por tanto, que los salarios coticen más a la Seguridad Social, a través de un incremento de los salarios.

El PSOE propone retomar el Pacto de Toledo para acordar cómo abordar el problema del sistema público de pensiones, pero no va a eliminar todo el déficit de la Seguridad Social de forma espontánea.

Nuevamente parece que la “solución” que se basa en las pensiones es retrasar la edad efectiva de jubilación. Todo esto no conlleva un factor de sostenibilidad del sistema, sino que mantiene la precariedad.

Tanto socialistas como populares han coincidido en numerosas ocasiones en la necesidad de recortar las futuras pensiones, de una forma o de otra, para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema a medio y largo plazo.

El problema de las pensiones en España es que las reformas aprobadas por PSOE y PP tendrán como consecuencia un empobrecimiento progresivo de la población jubilada. En la actualidad, más de la mitad de las pensiones ya están por debajo del SMI. Es necesario garantizar la revalorización de las pensiones y establecer su actualización al IPC.

También es necesario eliminar los topes de cotización de las pensiones, de forma que los salarios más altos coticen más a la Seguridad Social, aunque sea a costa también de incrementar el tope de las pensiones.

Para fortalecer los ingresos del sistema de Seguridad Social, además de crear puestos de trabajo de calidad, debe revisarse el sistema actual de reducciones de cuotas y de bonificaciones, un sistema que ha demostrado ser ineficaz para generar empleo estable y que supone una gran pérdida de ingresos.

A pesar de abrir vías de diálogo social y la promesa de retomar el Pacto de Toledo, no se habla expresamente de la derogación de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, que incrementaron la edad de jubilación y se eliminó la reevaluación según el IPC.

A pesar de plantear la eliminación del Índice de Revalorización y volver al basado en el IPC, no se plantea un sistema de reevaluación y recuperación del poder adquisitivo de las pensiones perdido en los últimos diez años.

Memoria histórica: Medida 95

La Ley de Memoria Histórica aprobada por el gobierno de Zapatero adolecía de una carencia fundamental: un sistema de financiamiento eficaz para llevar a cabo sus propuestas. También se ha demostrado profundamente insuficiente para reparar a todas las víctimas del franquismo, pero también a las que se produjeron durante los años de la Transición, como consecuencia de la violencia política, y que quedaron subsumidas por la Ley de amnistía.

Y las nuevas propuestas en materia de memoria histórica del PSOE tampoco especifican ninguna medida presupuestaria que permita afianzar esas políticas como políticas de Estado.

A pesar de que afirma que seguirá las recomendaciones de la ONU sobre la gestión de las políticas y actuaciones de búsqueda de la verdad, justicia y reparación a las víctimas, esas promesas no incluyen juzgar los crímenes del franquismo, e ignora las exigencias de Naciones Unidas de derogar o modificar la ley de amnistía, para poder juzgar los crímenes.

Es necesario sacar a los criminales, a los torturadores, del marco de la ley de amnistía. Es necesaria la anulación de los juicios del franquismo; la devolución de los bienes expoliados a sus legítimos titulares; la exhumación de las víctimas del franquismo y la localización de las fosas aún no estudiadas. También es necesaria la modificación de la ley de amnistía. Introducción de medidas para la ilegalización de cualquier forma de apología del fascismo y del franquismo; ilegalización de la Fundación Francisco Franco, etc.

>>La Ley de Memoria Histórica de IU muestra las carencias de la del PSOE<<

Es imprescindible que el Estado español asuma sus responsabilidades en la represión y adopte una actitud de revisión y resarcimiento por los crímenes del franquismo. El Estado debe revisar su postura de impunidad, pactada durante la Transición, que deja impunes los crímenes de lesa humanidad protagonizados por el franquismo, en contra de lo que establece la legalidad internacional.

También es necesario aplicar un enfoque de género para analizar el pasado y aplicar las medidas de memoria histórica. Debe enfatizarse el papel de la mujer, tanto de víctima directa como de víctima colateral de la represión sufrida por sus familiares directos.

Es necesario promover el conocimiento de la memoria histórica, de la Guerra Civil y la educación en estos conceptos, de forma que se cumplan los conceptos de verdad, justicia y reparación que demanda la ONU, y restablecer así la dignidad de los represaliados y sus familiares.