Francisco Serrano y las listas negras de la violencia machista

VOX ha pedido en repetidas ocasiones a la Junta de Andalucía el listado del personal encargado de la atención a las víctimas de violencia de género.

La Junta de Andalucía confirma que se ha facilitado a la formación política VOX, integrante de la misma, datos del personal de atención a las víctimas de violencia de género, aunque no la totalidad de lo que se requería. En ellos, figura que el 40% del personal no está colegiado, algo que VOX ha declarado que es inaceptable.

Sus propios socios de gobierno en Andalucía han declarado en contra de estas afirmaciones.

“Serrano se confunde, está confundiendo colegiación con capacitación”. Juan Marín, Vicepresidente de la Junta de Andalucía por Ciudadanos.

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Las peticiones

VOX desde el principio ha pedido nombres y apellidos del personal que valora los casos de violencia machista. Su petición escrita dejaba claro qué se pretendía: “depurar casos ideológicos”. La Ley de Protección de Datos invalidó esta petición.

Al haberse denegado, Francisco Serrano adujo entonces que se trataba de un “error de interpretación” y reclamó los perfiles profesionales, condición laboral y datos de colegiación. También pidió los datos de la Asociación Andaluza de Defensa de la Infancia y Prevención al Maltrato Infantil. El 25 de abril se cedieron los datos, aunque VOX ha dicho que los recibió el 1 de mayo (festivo). No obstante, los datos no incluían todo lo que pedía VOX. Para proteger a quienes trabajan en estas unidades, se ha omitido el género y el número de registro en el Colegio Oficial, para evitar identificaciones. Sí incluyen, no obstante, si existe colegiación o no.

Hasta ahora la Junta de Andalucía ha ido evitando dar datos que expongan a individuos trabajando en la protección de las mujeres, pero VOX continúa pidiendo datos que podrían acabar creando perfiles definidos y formar las temidas listas negras. Ahora han vuelto a pedir más datos del personal que ejecuta la protección de las mujeres, datos que podrían exponer al personal y permitir su identificación.

Tipos de Violencia Machista reconocidos por la Junta de Andalucía

Como veremos, no todo el personal de las listas es del área de la psicología. Existen muchos tipos de violencia machista, como saben la mayoría de mujeres. Hace falta todo tipo de profesionales para valorar los casos que se denuncian. La Junta de Andalucía reconoce actualmente los siguientes tipos de Violencia de Género:

  • Violencia física
  • Violencia psicológica
  • Violencia, agresiones y abusos sexuales
  • Violencia económica
  • Violencia de pareja o ex pareja
  • Mutilación genital
  • Acoso sexual
  • Acoso por motivos de género
  • Violencia contra los derechos sexuales y/o reproductivos
  • Explotación y/o trata sexual de mujeres y niñas
  • Matrimonio precoz o forzado
  • Ciberviolencia
  • Violencia vicaria

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Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género

Los organismos que recogen al personal de quienes se han pedido los datos son las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG). Se trata de Institutos de Medicina Legal encargados de realizar valoraciones médico-psicológicas cuando hay indicios de presunto delito. Llevan a cabo un estudio de la víctima, el agresor y menores, más allá de las valoraciones físicas y psicológicas.

Están integradas equipos multidisciplinares compuestos por personal médico forense y profesionales de la psicología y del trabajo social. Toda esta información está recogida en documentación oficial accesible para cualquiera que lo desee.

Cada provincia tiene una de estas unidades, excepto Cádiz, que tiene dos. Están compuestas por 51 profesionales: 19 médicos forenses, 17 psicólogos y 15 trabajadores sociales. Sólo el personal de medicina está plenamente reconocido como funcionarios de carrera. Todo el personal de las UVIVG recibe una formación específica.

Además, existen Equipos Psicosociales encargados de elaborar otros informes. De estos existen 16 equipos, compuestos de 19 psicólogos y 15 trabajadores sociales. Estos equipos sí están externalizados, y por tanto comportan un peor control por parte de la Junta de Andalucía.

Estamos hablando de un total de 1003 profesionales, de los cuales 457 son del área de psicología, menos de la mitad. De este número, más de la mitad se trata de contratas externas realizadas por la Junta de Andalucía. En este caso, son las empresas externas las responsables de la formación y titulación de su personal.

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Pero, ¿es necesario estar colegiado?

La normativa de la Junta no requiere que su personal esté inscrito en el colegio profesional correspondiente. Si VOX quiere asegurarse de que el personal de psicología cumple con unos parámetros, en primer lugar, debería proponer que se legislara que deben figurar en el Colegio de Psicólogos. En segundo lugar, este argumento no justifica pedir las listas de personal de estas unidades, pudiendo encargar el resultado de un estudio; no es necesario pedir una lista detallada para obtener esta información.

Históricamente, desde 1974, en pleno franquismo, se estipulaba que era necesario estar inscrito en el Colegio correspondiente para poder ejercer. Desde entonces, en 1997 (con Aznar) o 2009 (Zapatero) se ha ido ratificando. En 2013, sin embargo, con Mariano Rajoy, el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales revocaba esta disposición para los profesionales del campo de la psicología clínica. Actualmente en el caso de psicología no es necesario estar colegiado, aunque hay diversas iniciativas al respecto en marcha.

Haz lo que digo, no lo que hago

Es curioso, cuanto menos, que se haga tanto hincapié en el registro del Colegio de Psicólogos, cuando tanto personal profesional de otros ámbitos no tiene la formación necesaria.

En campaña Partido Popular y Ciudadanos, se prometió una despolitización en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Esto, por supuesto, supone renovar el personal de la cúpula. Ahora han asignado a 38 personas de su confianza al frente de diferentes hospitales, área de gestión sanitaria y subdirectores de la Dirección General de Gestión Sanitaria. La mitad de los nuevos gerentes no tiene experiencia previa en el sistema público de salud y una quinta parte nunca ha trabajado en el SAS.

“En tres días ya teníamos montado el staff de la consejería, todos amigos míos, personas muy cualificadas y conocedores de nuestro sistema sanitario”. Jesús Aguirre, afiliado al Partido Popular y Consejero de Salud y Familia.

Esto, sin embargo, no ha recibido los mismos ataques de VOX que en el caso del personal del área de Violencia de Género. Parece que hay algunos campos que interesan más ideológicamente a la formación de extrema derecha que la sanidad.

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La trayectoria de Francisco Serrano

Madrileño de nacimiento, Francisco Serrano ha ejercido de juez desde 1990 en Huelva y Sevilla. Se dio a conocer en política por sus duras críticas a las leyes de igualdad de género promulgadas por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En Dos Hermanas, provincia de Sevilla, Francisco recibe la atención mediática por haber pospuesto una decisión judicial en numerosas ocasiones. Se trata del caso de Carmen Fernández, que había perdido la tutela de sus hijos por alcoholismo. Tras haberse rehabilitado totalmente y haberlo certificado, solicitó que se le devolvieran, pero el juez retrasó una vez tras otra el fallo.

La Audiencia Provincial le dio un aviso. Muchas asociaciones de mujeres condenaron el caso y presionaron al Consejo General del Poder Judicial para que se abriera expediente al juez. Carmen tuvo que ser indemnizada con 1,4 millones de euros por la actuación de Francisco Serrano. Por sucesivos casos, en San Julián, el barrio de Sevilla donde ejercía, se le pasó a conocer como “el altavoz de los maltratadores”.

En 2011, Francisco Serrano fue sancionado con 2 años de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Tribunal Supremo elevó la pena a 10 años. El motivo aducido era prevaricación, al ampliar el régimen de visitas de un menor dictado por otro juzgado para que un menor participara en una procesión de Semana Santa y fue denunciado por la misma madre del niño.

En 2015 fue candidato de VOX en las elecciones andaluzas, pero su partido sólo obtuvo el 0.5% de los votos y quedó sin representación.

El Tribunal Constitucional vetó su cargo. En 2017 el Contencioso administrativo del Supremo suprimió este veto. Es entonces cuando abrió el despacho de abogacía en Sevilla y ha reclamado indemnizaciones económicas al Ministerio de Justicia. Este despacho de abogados está especializado en litigios de pareja y en custodia de menores.

El pasado mes de abril, ya en la Junta de Andalucía, conseguía plaza como juez en Sevilla, puesto que podrá ejercer cuando cese su puesto político. Actualmente consta como magistrado en servicios especiales, estando exento de ejercer hasta que así lo desee. Esto se ha hecho con el apoyo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

Conclusión

Los datos que da VOX para este continuo ataque no tienen nada que ver con la formación del personal. La ultraderecha busca cualquier argumento para convencer a sus votantes de que llevan razón, cuando el argumento no se sostiene. Lo único que desean, como han dicho en varias ocasiones, es acabar con la protección ante la violencia machista.

A VOX no le ha interesado el personal que atiende a las víctimas. Sólo ha pedido cuentas de las personas que elaboran informes a petición de los jueces. No han pedido datos, ni valoran, ni les interesa, si la atención que reciben las víctimas es buena o mala. Nuevamente, su interés por el padecimiento ajeno queda relegado a un segundo plano con respecto a la repercusión mediática y al ataque contra la protección a las mujeres.

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Mientras, la depuración de cargos públicos (unos 9.000) asignados por el PSOE podría servir como telón para la “depuración ideológica” que ellos mismos han declarado que pretenden hacer. En cuanto puedan determinar quién realiza informes con los que no están de acuerdo, es de esperar que el puesto de trabajo de esas personas esté prácticamente sentenciado.

El PSOE ha hecho muchas asignaciones a dedo en las últimas décadas en Andalucía, y es algo a corregir. Esto es algo muy beneficioso para la derecha, pues podrán retirar los elementos que deseen, y mantener a los que les sean afines. No haber sido favorecidos por el PSOE podemos pensar que ideológicamente no van a encajar con el Partido Popular, Ciudadanos o incluso con VOX.

El PSOE ha sido muy favorable con algunas de las señas de identidad de la extrema derecha, como la Semana Santa o la tauromaquia, las privatizaciones y los recortes sociales y de derechos. Sólo quienes tengan ideas más progresistas estarán en el punto de mira.

También es cierto que este tipo de organismos requiere de una auditoría continua, pero no para desmontarlo, sino para asegurarse de que se está haciendo todo lo posible por cumplir la ley vigente. La externalización es el punto flojo del personal que atiende a las víctimas, dado que la Junta de Andalucía ejerce un menor control sobre estas empresas. Aunque en este caso la externalización da más objetividad a los informes forenses, habiendo menos cabida para argumentar que los organismos oficiales manipulan la información, se trata de un servicio público, y como tal no debería estar externalizado.

Al actual gobierno de derechas en el Parlamento Andaluz compuesto por Partido Popular, Ciudadanos y VOX parece preocuparle mucho menos otras cosas de mayor relevancia. Por ejemplo, que el presupuesto para luchar contra la violencia machista no se cumpla, cosa que viene sucediendo desde que gobernara el PSOE. En 2018 se destinó una partida de 4,2 millones de euros a la Dirección General de Violencia de Género. Posteriormente se redujo a 1,44 millones. De esta cifra se destinaron 500.000 euros a la compra de vehículos para la policía, sin que haya una unidad específica en Andalucía para estos fines. Tampoco se ejecutó la partida para el plan de medios de comunicación de, compuesta de otro millón de euros.

El cómo y por qué, y sobre todo el cuánto no se ha gastado merece un estudio aparte. Quedémonos sólo con que no se ha hecho todo lo que se ha podido. El actual plan de lucha contra la Violencia de Género es insuficiente. A la vista está que sigue existiendo, pero no debe desaparecer, que es lo que pretende VOX con el apoyo de Ciudadanos y el Partido Popular, sino que tiene que mejorarse y potenciarse.

VOX no tiene interés en corregir los muchos errores en la gestión de la Violencia de Género que el PSOE ha cometido en Andalucía. No quiere proteger a las mujeres. Francisco Serrano siempre lo ha demostrado, a lo largo de su carrera.

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