Colombia: sin las FARC, el terrorismo de Estado sigue asesinando a líderes de izquierdas

Hay un país en Latinoamérica, bañado por las aguas del Caribe, donde se vulneran sistemáticamente los Derechos Humanos y se persigue a la oposición con la connivencia del gobierno y aparatos del Estado. Colombia. Y es que, aunque estemos acostumbrados a que los telediarios abran con noticias sobre Venezuela, es en el país vecino donde sí existe una persecución sistemática al disidente.

Antes de los acuerdos de paz, el Estado colombiano legitimaba la persecución (con amparo legal o no) hacia quienes consideraban miembros o simpatizantes de la guerrilla gracias a la deshumanización que hacían de estos, que ante la opinión pública eran presentados como terroristas sin escrúpulos.

Cabe mencionar, además de que nadie se marcha a la selva a luchar para enriquecerse o en beneficio personal (pues así se ha llegado a afirmar desde algunos medios), que el conflicto en Colombia tiene unas hondas raíces que han sostenido la lucha guerrillera durante décadas.

Estas se remontan, cuanto menos, al Bogotazo: estallido popular que se produce tras el asesinato en 1948 del candidato del Partido Liberal Eliecer Gaitán. Fruto de la necesidad de defenderse de la violencia estatal, surgen en 1964 en las montañas de Colombia las FARC-EP. No sería hasta el año 2016 que la guerrilla colombiana deja las armas, tras la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana, que ponen fin a décadas a una guerra desigual contra un ejército ampliamente financiado por los EEUU y fuerzas paramilitares respaldadas por parte de la burguesía colombiana.

Sin embargo, pese a que la firma del Acuerdo ha supuesto el fin del uso de la violencia por parte de las FARC-EP, ni las causas que engendraron a la guerrilla se han solventado, ni se ha terminado con la persecución de los líderes sociales. Desde el año 2016 más de 600 líderes sociales, incluidos excombatientes farianos, han sido asesinados con total impunidad.

El año pasado se le arrebató la vida a 155 luchadores sociales, entre los que se encontraban líderes comunales, indígenas, campesinos y representantes sindicales. Solo en 2018 se produjeron 805 agresiones contra líderes sociales entre amenazas, atentados, desapariciones, detenciones, judicializaciones, robos de información y asesinatos.

Mientras tanto el gobierno colombiano insiste en que no hay ni sistematicidad ni conexión entre los asesinatos, pese a que estos se producen a diario, llegando a atribuir estas muertes a la delincuencia común. En palabras de Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior del ejecutivo colombiano, estos asesinatos no obedecen “a una causa fundamental o a un exterminio en particular, sino que es multicausal en las zonas de mayor violencia y mayor conflictividad”. Una línea argumental que ya se empleaba desde el anterior gobierno de Juan Manuel Santos.

En cambio la realidad demuestra cómo detrás de cada asesinato a los líderes sociales se encuentran intereses ligados a la expansión del narcotráfico o a proyectos megamineros que se están abriendo por todo el país, y que están siendo custodiados por grupos paramilitares con la complicidad del gobierno de Iván Duque, heredero del expresidente Álvaro Uribe. Nada nuevo en un país que ya vivió un genocidio tras los acuerdos de paz de 1982, y que dejó casi 5000 muertos entre las filas de la Unión Patriótica, partido que englobaba a las FARC-EP y al Partido Comunista Colombiano entre otros.

Al igual que ocurre con tantos otros conflictos que son ignorados por los principales generadores de opinión es un deber de los pueblos no permitir que estas muertes permanezcan en silencio y se continúe masacrando a quienes únicamente luchan por un país en paz con justicia social.