Honduras quiere cambiar la ley electoral para impedir que la oposición entre en los órganos electorales

La dictadura de Honduras no está dispuesta a prescindir del fraude electoral como una de sus herramientas principales para perpetuarse en el poder. Usado en las elecciones de 2013 -con uso de fondos públicos por parte de Juan Orlando Hernández (JOH)-, y en 2017, momento en que el robo de la voluntad popular expresada en las urnas fue confirmado por los expertos electorales enviados por la Organización de Estados Americanos (OEA), que sin embargo vieron cómo el secretario general de esa institución, Luis Almagro, ocultó el informe presentado con las pruebas del fraude.

La víctima del fraude es la única organización que sostiene posiciones antineoliberales y en favor del llamado socialismo del s. XXI, el partido Libertad y Refundación (Libre), dirigido por Manuel Zelaya, el líder de la oposición que ha denunciado estar perseguido, por segunda vez, por sicarios que buscan asesinarlo, situación que no ha sido atajada por la dictadura que se impuso en 2.009 y hoy comanda JOH.

Pese al fraude electoral, las instituciones manejadas por los golpistas no pudieron evitar el segundo puesto para Libre, lo que les garantiza, por mandato de la jurisprudencia hondureña, plazas en los órganos electorales, un poder para la izquierda que evitaría el más que posible fraude en las próximas elecciones que se deberían celebrar en 2021.

Sin embargo, la dictadura, que tiene su origen en el Partido Liberal (PL) de Honduras, pero que desde 2010 el poder formalmente recae en el Partido Nacional (PN) -como un intento de limpiar la imagen del PL-, se ha visto obligada a resucitar públicamente al bipartidismo, anulando a los liberales como uno de los partidos del campo político que agrupa a las fuerzas contrarias a la dictadura.

Ambas organizaciones sostienen que hay que despolitizar los órganos electorales e integrarlos con personalidades independientes que elegirían ellos con ayuda de los sectores sociales. De esta manera se organizaría un diálogo a medida de JOH, en el que, como en anteriores ocasiones, acudirían solo los representantes de los sectores que apoyan la dictadura como los grandes banqueros y empresarios, por lo que nadie que representase los intereses de la mayoría social sería invitado a integrar el poder electoral (Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral).

El Partido Liberal no quiere perder el poder institucional que la dictadura le otorga artificialmente, ya que sus votos obtenidos lo relegan frente a Libre. El PL está usurpando la cuota de poder que democráticamente le corresponde a Libertad y Refundación, por lo que ha preferido quitarse la máscara progresista que lo revela como una organización que se encuentra del lado de la dictadura, para mantener un injusto poder institucional, antes que acatar la voluntad popular expresada en las urnas por los hondureños, y pasar al lado de la oposición democrática en los hechos.

Los diputados que Libre tiene en el Congreso Nacional de Honduras, se han vuelto a levantar en Insurreción Pacífica y no consentirán que la dictadura y sus aliados impidan la entrada de sus miembros en los órganos electorales competentes, manteniéndose insurrectos hasta que se haga valer la ley, y se les otorguen los puestos conseguidos en las elecciones pese al fraude.

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