La empresa Odebrecht montó una extensa red de corrupción que no solo vulneró los países de Latinoamérica, lo hizo también con el sistema financiero norteamericano. El FBI ha declarado que descifrar esta red, con banco en un paraíso fiscal incluido, le hubiera demorado décadas.
Resulta incomprensible que hoy el máximo directivo de esta empresa corrupta y corruptora esté en su casa, y que muchos de sus directivos ni siquiera hayan pisado una cárcel, gracias al sistema de justicia brasileño.
El caso de Ecuador es de vergüenza para la historia, quizás superando el episodio conocido como la “venta de la bandera”, cuando un gobierno entreguista “prestó” la bandera para un barco en un escenario de sanciones dentro de una guerra.
Ecuador es el único país que no procesó a Odebrecht, lo dejó fuera del juicio. Odebrecht negoció con el Gobierno de Lenín Moreno y La Fiscalía General del Estado un pacto de impunidad, a cambio de acusar al gobierno anterior, y específicamente al vicepresidente reelecto, para defenestrarlo, encarcelarlo, y entregarle la vicepresidencia a la derecha ecuatoriana. Un golpe de estado dentro del mismo estado, dentro del lawfare que impera en la región. Hoy el vicepresidente legítimamente electo, Jorge Glas, está preso con orden de prisión preventiva por casi dos años, sin una sola prueba en su contra.
En un proceso legal lleno de irregularidades, el vicepresidente Jorge Glas fue declarado culpable en base a una sola cosa, la declaración del corrupto confeso José Conciencao Santos, funcionario de Odebrecht, que sin prueba alguna, acusó a Jorge Glas a cambio de no ser acusado.
La ley ecuatoriana y el derecho penal internacional expresa con claridad que un testimonio no es prueba, pero a la hora de exterminar al adversario político la ley vale de muy poco. Todos los procesados en el juicio declararon ni siquiera conocer a Jorge Glas, pero lo pusieron de jefe de la banda. Resulta inédito también, que alguien que se declara culpable, José Santos, ni siquiera fuera acusado por la fiscalía. Así, Jorge Glas terminó en la cárcel por el caso de corrupción que el mismo había denunciado.
En aquella ocasión (2017) José Santos dijo entre otras cosas, que no conocía a Rafael Correa, que jamás aportó un centavo para campañas electorales, que nunca conoció al ex secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera (aunque dice haberle mandado 5 MM USD con un conocido), declaración que no pudo probar, sin embargo, prácticamente dictó sentencia y defenestró al vicepresidente constitucional del Ecuador.
Hoy en el 2019, damos un salto en el tiempo, con los mismos actores. La hoy Fiscal General del Estado Diana Salazar, también llevó el caso del 2017. El mismo corrupto confeso José Santos, en un nuevo caso que se ha forjado contra Rafael Correa y Jorge Glas, declaró totalmente lo contrario, dijo que sí aportó para campañas electorales, sin exhibir prueba alguna, dijo que Rafael Correa había pedido confidencialidad, que sí le dio dinero a Alexis Mera, y en todo caso, con esta nueva declaración, cayó en expresa contradicción consigo mismo.
Una vez más, la Dra. Diana Salazar, en un caso que empezó con una noticia: “Odebrecht puso Presidente”, se quedó de nuevo sin Odebrecht. Sí, leyó bien, la audacia legal superó la versión anterior, ya que en el 2017 la Fiscalía emitió un vergonzoso dictamen abstentivo a favor de Odebrecht y de José Santos, en esta ocasión, ni siquiera fue vinculado, una vez más alguien que se declara culpable, ni siquiera es parte del proceso.
Tremenda paradoja la de José Santos, misma persona, dos instantes de tiempo, dos testimonios contradictorios. ¿Qué hará la justicia? Justo ahora que se aproxima la casación (última instancia) de juicio de Jorge Glas por el que guarda prisión, tenemos la constancia de una sola cosa, Santos mintió, y lo hizo descaradamente ante la nación entera, en donde el factor común es la Dra. Diana Salazar, Fiscal General de la Nación.
Santos cometió perjurio, y Jorge Glas debe estar libre, su testimonio es nulo. Por otro lado Santos debería estar procesado, ya que se ha declarado culpable. Flaco favor le hizo al Gobierno y a la Justicia Ecuatoriana. No tienen salida, ya que todos los juicios se le caen, las supuestas pruebas se hacen agua, y al final, al igual que hicieron con Jorge Glas, al igual que hicieron con Rafael Correa en el supuesto caso de un falso secuestro, el sistema de justicia ecuatoriana, se queda con una delación a la carta.
De nada les servirán los cuadernos forjados, y las acusaciones de procesados que pactan con la fiscalía una reducción del 90% de la pena, a cambio de acusar a quien la Dra. Diana Salazar diga.
Lawfare puro, desvergonzado, descarado, y humillante para la república. Con estas delaciones a la carta, la democracia está en venta en cualquier país de Latinoamérica.
La justicia internacional será implacable en contra del lawfare, esto no es solo política, son los derechos humanos de perseguidos políticos, y el derecho de los pueblos a elegir democráticamente a sus líderes.
En tiempos de la política cuántica, Lula y Glas están en la cárcel, y Marcelo Odebrecht y José Santos, en sus casas.
