El decreto del estado de excepción por parte de Lenín Moreno no cuenta con justificación democrática puesto que la Constitución de Montecristi lo reserva para situaciones de urgencia social que no están aconteciendo en Ecuador, cuyas calles se llenan de manifestaciones pacíficas.
La jurisprudencia ecuatoriana dispone que las situaciones que se tienen que dar para aprobar esta medida son agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. Por lo tanto, la actuación de Lenín Moreno responde a una cuestión política.
Tras desencadenar una brutal represión contra los manifestantes pacíficos que han salido a protestar contra el paquetazo neoliberal de Lenín Moreno, que ha incluido detenciones arbitrarias, el ejecutivo ha comprobado que no ha sido suficiente para desmovilizar al pueblo que protesta.
Debido a ello necesita aumentar el nivel de represión, y el estado de excepción suspende algunas garantías constitucionales que le permiten profundizar en la diseminación del miedo para desactivar la explosión social que pide la retirada de las medidas económicas anunciadas.
Según la Constitución vigente en Ecuador, ahora Lenín Moreno tendrá a su disposición estos nuevos poderes:
- Podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado. Con ello podrá perseguir a los manifestantes incluso dentro de viviendas, interceptar comunicaciones, prohibir manifestaciones y reprimirlas según convenga, censurar informaciones que muestren la realidad que al gobierno no le interese para lograr la aplicación de las medidas propuestas por el FMI.
- Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional. Ahora la represión de podrá desencadenar en cualquier parte del país sin justificación previa, ya que las fuerzas de seguridad podrán ser desplegadas en todo el país sin límites.
- Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de otras instituciones.
- Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Los perseguidos políticos no serán capaces de abandonar el país para escapar de la represión.
- Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, y decretar la desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad. Con esta herramienta de control social, quienes no estén de acuerdo con el gobierno, podrán ver impedido su derecho constitucional a reunirse pacíficamente para expresar libremente sus opiniones.
El estado de excepción solo atenta contra la Constitución que lo establece, sino que supone un viraje dictatorial de un gobierno que elimina derechos laborales y sube el precio de los productos básicos e impide a su población a protestar pacíficamente contra ello.
