Un nuevo intento por derrocar al presidente Nicolás Maduro en Venezuela, acaba metiendo a la Cancillería peruana en un tremendo papelón internacional al ser acusada de amparar, proteger y promover acciones de terrorismo y sabotaje en el país llanero.
Luego de que el pasado domingo 22 de diciembre, una base militar venezolana ubicada en la zona de Luepa, Estado Bolívar, en la frontera con Brasil, fuera asaltada por un “grupo de mercenarios” como la ha catalogado su canciller Jorge Arreaza, saltó la liebre, ya que uno de los implicados en el ataque militar fue detenido e identificado como José Ángel Rodríguez Araña, de nacionalidad venezolana pero en calidad de refugiado y con documento de viaje expedido por el Estado peruano.
El escándalo se destapó pero el coro mediático no le ha dado la importancia ni el relieve que la crítica situación de las relaciones internacionales entre ambos Estados amerita. La pregunta sin embargo es, ¿con qué criterios la Cancillería y el Estado Peruano otorgan la calidad de refugiados a ciudadanos venezolanos que en la practican las acaban utilizando solo para generar actos de violencia, sabotaje y terrorismo fuera del país que los está cobijando?
La Ley 27891, Ley del Refugiado expedida en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, establece en su Art. 4 que “se excluye del reconocimiento de la condición de refugiado a la persona respecto de la cual existan motivos para considerar que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad”, así como se especifica que “está prohibido de intervenir en asuntos políticos o de otra índole, en el país o fuera de él, que comprometan la seguridad nacional, el orden interno o las relaciones internacionales del Perú”. ¡Clarito!
Pero ni el presidente Martín Vizcarra ni el canciller Gustavo Meza Cuadra se han pronunciado al respecto, no han brindado ningún tipo de explicaciones sobre el tema y sobre las serias imputaciones que desde Caracas han hecho a Torre Tagle de amparar y promover actos terroristas.
Sin embargo, esta no es la primera vez que personajes vinculados a la extrema derecha venezolana han aprovechado su condición de refugiados o asilados para realizar actos de clara orientación política en nuestro país y fuera de ella. El caso más conocido es del activista Oscar Pérez, de la asociación Unión Venezolana quien con la complacencia y una tolerancia que ya linda con lo grotesco, convoca a marchas, plantones e intentos por tomar por asalto la embajada de Venezuela en Lima. ¡Y nadie le dice nada!
El otro caso emblemático que no puede pasar desapercibido es el del terrorista de Voluntad Popular Vilca Fernández, dirigente de extrema derecha quien se encuentra en calidad de asilado en Perú, pero que desde su lugar de residencia sigue realizando activismo político. A pesar de su condición de asilado y de las restricciones que la situación le exige, Vilca no se inmuta y acepta que ha tenido participación directa en el último asalto al cuartel Batallón de Infantería Selva Mariano Montilla.
En febrero de este año, Vilca coordino y participó activamente en los actos vandálicos y de sabotaje que se realizaron desde Cúcuta, Colombia, cuando el “autoproclamado” Juan Guaidó intentó de manera infructuosa introducir toneladas de “ayuda humanitaria” hacia Venezuela. Nos volvemos a preguntar ¿Cómo hacen para salir del país, promover actos de sabotaje y violencia y luego regresar a Perú como si nada hubiera pasado? ¿A quién se le escapa la paloma?
En Caracas, Vilca estuvo detenido en una prisión de alta seguridad acusado por delitos de terrorismo, actos vandálicos y las famosas guarimbas, en lo que fue la ola de protestas más violentas que azotaron Venezuela y cobraron la vida de más de cien ciudadanos.
Lo de Paulina Fachín también es escandaloso. Se pasea por todos los medios de comunicación con el auspicio del partido aprista para dar lecciones de democracia, y se atreve a denunciar a las autoridades peruanas por ser víctima de hostilidades tras recibir una acusación interpuesta por el ciudadano Christian Navarro Centi por haber infringido la Ley de Migraciones en territorio nacional.
Estos son solo algunos casos de los que el gobierno debiera de tomar nota para empezar a ordenar o regularizar la situación de todos aquellos que tienen la condición de refugiados o asilados en nuestro país. No podemos permitir que se abuse de un derecho consagrado en la carta de Naciones Unidas y que es amparado por nuestras leyes nacionales.
Es el momento de reorientar la política exterior, no sólo en relación a Venezuela, sino en función a los intereses de América Latina, o seguiremos siendo la comparsa de la geopolítica norteamericana y exponiéndonos al ridículo y los papelones internacionales, además de ser considerados como un Estado violador del derecho internacional por incumplimiento de las leyes del derecho de asilo.
