A finales de diciembre de 2019 en Ecuador, una mujer denunció en las redes sociales que un policía le lanzó un “piropo”, mientras caminaba por las calles de su barrio. Inmediatamente las cuentas ecuatorianas de Twitter y Facebook ardieron con miles de comentarios, unos descalificando la denuncia y otros apoyando a la denunciante. Al final de la tarde, la propia Ministra de Gobierno se excusó públicamente y envió una directriz a la Policía Nacional para que sus oficiales se abstengan de incurrir nuevamente en este tipo de comportamiento.
Después de varios días de lo ocurrido y una vez que el furor por el tema ha desaparecido, creo que este acontecimiento amerita un poco de reflexión. Para comenzar, es importante ubicar la definición de piropo. Según la Real Academia de la Lengua, es un “Dicho breve con que se pondera la belleza de una mujer”.
Si bien esta definición parece inocua, es interesante notar que subraya las virtudes físicas de las mujeres. Además, omite tanto la voluntad (o no) de recibir estos comentarios, como el hecho de que generalmente son proferidos por desconocidos hacia mujeres.
Algunos académicas/os, feministas y defensores de los derechos humanos sostienen que los piropos callejeros constituyen una forma de violencia sexual, debido a que son humillantes y afectan la dignidad de quien los recibe. También, porque socialmente cumplen la función de reforzar la idea de que el cuerpo femenino puede ser observado, cosificado, incluso apropiado por sujetos desconocidos, independientemente del consentimiento de la mujer.
La gravedad del acoso sexual callejero radica en que sienta las bases para cometer delitos más graves. Sin embargo, en Ecuador así como en el resto de América Latina, este comportamiento no ha sido tratado a profundidad como una problemática social y todavía muy pocos países contemplan una normativa que lo prevenga o sancione. Ante este vacío, se vuelve relevante que en Ecuador una autoridad se pronuncie en contra de los piropos, especialmente si son proferidos por oficiales de la fuerza pública.
No obstante lo dicho, es importante señalar que el acoso sexual callejero no es el único problema que enfrentamos las mujeres en la sociedad ecuatoriana, ni tampoco es el más importante. Dentro del entramado de relaciones de poder que subordinan a las mujeres en la sociedad, éste es solamente una sola de las tramas que componen el espeso tejido de violencias que vivimos.
Hay muchas otras peleas que enfrentar tanto en Ecuador, como en el resto de países de América Latina y del mundo. Por ejemplo, el embarazo adolescente, el femicidio, la exclusión, la pobreza, la inequidad salarial, la falta de paridad en los cargos de responsabilidad, la falta de paridad en los cargos de representación pública, entre muchas otras.
Frente a todos estos desafíos, el actual gobierno de Ecuador no ha hecho nada o ha tomado decisiones que empeoran la situación de las mujeres. Por ejemplo, cada 70 horas, en Ecuador una mujer es víctima de femicidio, sin embargo, en 2018 las autoridades redujeron a CERO el presupuesto de las “casas de acogida” para las víctimas de violencia doméstica.
Lo mismo ocurrió con el presupuesto del año 2020, destinado a la educación sexual de los y las adolescentes, que pasó de $5.6 millones de USD a CERO dólares. Esto es toda una declaración, en un país donde 49,3 de cada 100 bebés nacidos, son hijos de madres adolescentes y donde 9 de cada 10 adolescentes se embarazaron de una persona mayor de 30 años.
Además de la violencia existentes en la sociedad, el propio Estado ecuatoriano se ha mostrado implacable con todas las mujeres (y también con los hombres) opuestos a la política económica del régimen actual de gobierno. De hecho, en las protestas de octubre de 2019, el gobierno no tuvo reparos en lanzar bombas lacrimógenas a los centros de acogida (léase Universidades privadas), donde pernoctaban con sus hijos e hijas las manifestantes, principalmente indígenas. Tampoco hubo reparos en disparar a los ojos de las participantes en las protestas. Peor aún, en el gobierno nadie se opuso a la condecoración que recibió la fuerza pública por esta actuación.
En resumen, se puede decir que en Ecuador las mujeres enfrentamos múltiples tipos de violencias, desde el acoso sexual callejero (tan naturalizado que incluso la fuerza pública lo practica) hasta la violencia de Estado. En esta situación, cabe preguntarse ¿las disculpas de la Ministra de Gobierno constituyen un acto sincero o son parte de un discurso populista- feminista?
Los hechos muestran que el gobierno actual no cuenta con una perspectiva de género en su gestión; tampoco está interesado en gastar ni un centavo en ella, sin embargo, el feminismo es parte del discurso de sus cuadros por los réditos políticos que genera. La falta de presupuesto y las agresiones indignan porque evidencian con objetiva crudeza el desinterés del gobierno.
Sin embargo, el uso de un discurso feminista en este contexto indigna aún más, porque de manera sutil banaliza las demandas de las mujeres y porque dentro del equipo de gobierno es utilizado por una Ministra supuestamente feminista, para re-forzar su popularidad pero sin la intención de cambiar nada. Como dirían Les Luthiers “¡Gracias por nada!”.
