Las grandes movilizaciones populares de octubre de 2019, en Ecuador, develaron las profundas heridas de nuestra democracia, reabiertas tras la toma de poder de las élites económicas, a través de Lenín Moreno Garcés. Cuatro nuevos presos políticos y siete opositores asilados por México marcaron el máximo apogeo de la persecución política en Ecuador. Frente a esto, los medios privados demostraron su condición militante y alineada a grupos de poder.
Las empresas mediáticas atraviesan una crisis de legitimidad. Según una medición de Perfiles de Opinión, el 86% de ecuatorianos considera que los grandes medios ocultaron la verdad sobre las movilizaciones. Esto, como resultado de prácticas como emitir caricaturas, en lugar de información de relevancia pública, o intentar hegemonizar la criminalización de la protesta y la oposición desde los micrófonos.
Respecto al asilo otorgado a siete políticos ecuatorianos perseguidos por el gobierno de Lenín Moreno, los medios han variado su narrativa para ajustarla con la del gobierno, fiscalía y caudillos de derecha. Manejaron la información de manera irresponsable hasta pretender colocar a las víctimas en calidad de victimarios frente a la opinión pública.
¿Qué omitieron los medios?
La arremetida mediática se centró en la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, quien fue reelecta para el actual periodo y en los legisladores Soledad Buendía, Carlos Viteri y Luis Fernando Molina. Los titulares califican a los opositores políticos como “correistas” y ya, así, sin contexto, sin memoria y sin vergüenza.
Lo que los medios y sus periodistas omiten es que en el grupo de asilados están Edwin Jarrín y Tania Pauker, exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una institución del Estado que se convirtió en una herramienta de control político supraconstitucional para Moreno, desde la imposición de un Estado denominado transitorio.
En menos de tres años la historia del CPCCS es la de una consulta popular impuesta y anticonstitucional, destituciones ilegales, un trujillato autoritarista, una elección de representantes, juicios políticos, linchamientos mediáticos, nuevas destituciones ilegales y, finalmente, la conformación de un consejo interino pero alineado al régimen.
El CPCCS nombra autoridades de control y estas a su vez regulan el mercado financiero y bancario, en el caso de Superintendentes, la administración pública y la gestión de exfuncionarios desde la Contraloría y persiguen el cometimiento de delitos como representantes de la Fiscalía General del Estado. Así inició la destrucción de la institucionalidad del país. Desde la designación selectiva de autoridades cercanas a Moreno en estos puestos. Todos ellos parecen seguir un solo principio incuestionable: “la culpa es de Correa”.
Otro hito de la persecución política en Ecuador fue hace dos años con el apresamiento del vicepresidente, Jorge Glas. En esta cadena de eventos la prensa también jugó un papel fundamental. Los medios lo juzgaron antes que en las cortes de justicia pero de la misma manera: sin pruebas. Esto, y el inicio de juicio penales en contra del expresidente Rafael Correa, fue posible a través de la toma de los puestos de control, a través del CPCCS.
Organismos internacionales han reaccionado ante estos abusos desde el 2017, año en que se ejecutó este plan a través de una consulta popular impuesta por Moreno. Sobre esto, el equipo de observadores de la OEA en las elecciones (2017) reportó el silenciamiento de la oposición política para la difusión de la opción contraria al oficialismo y la falta de control constitucional sobre el cuestionario presentado al pueblo.
Frente a estas vulneraciones al Estado de Derecho, los exconsejeros Edwin Jarrín, Tania Pauker y Sonia Vera presentaron una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en enero de 2018, respecto al resultado y ejecución del plebiscito, organismo que solicitó al gobierno que se abstenga de cesarlos de sus funciones. Moreno ignoró este llamado de atención internacional con el apoyo del polémico Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos.
La economista, académica y activista colombiana, Imelda Daza, sostiene que la democracia política requiere de opositores, es una exigencia, una cuestión fundamental. Su función es controlar el ejercicio del poder, cuestionar las políticas y las decisiones de gobierno, canalizar el descontento ciudadano y aportar soluciones constructivas para mejorar. Con la persecución como única función ejecutada, durante casi tres años de gobierno, Moreno ratifica su carácter antidemocrático.
Ni la prensa ni el gobierno aprenden la lección
Los políticos ecuatorianos asilados ingresaron a la Embajada de México en Quito el 14 de octubre de 2019 alejados de sus hijos y familias, con amenazas de judicialización y encarcelamiento como en el caso de su compañera ideológica y máxima autoridad electa de la provincia de Pichincha (circunscripción en donde se ubica la capital), Paola Pabón, presa política que fue detenida ilegalmente y retenida por el gobierno en una cárcel de máxima seguridad durante varios meses.
Tras tres meses de encierro, el gobierno autorizó su salida. Pero no aprendió su lección. Como venganza política un día después de la salida de Gabriela Rivadeneira como asilada, la fiscalía apresó a su padre imputado por presunto enriquecimiento ilícito. Otra consecuencia del control absoluto heredado por el CPCCS del que se apoderaron. Si la historia nos ha enseñado algo es que solo la mafia se mete con la familia.
Los medios no aprendieron nada porque siguen tratando de mentirnos sobre la condición de los asilados y los presos políticos que fueron liberados en navidad. No fue concesión del gobierno, fue resultado de una defensa técnica de alto nivel, de una amplia solidaridad internacional y de las medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana. Con todo esto insisten en que la víctima sea Moreno negando su responsabilidad directa en el paro nacional por su decisión de subir el precio de los combustibles.
La comunicación debe ser, como principio básico, contrastada, contextualizada, verificada y precisada. Los periodistas creen ocultar su carácter militante pero lo ratifican con ferocidad en sus redes sociales personales. El problema no es tener una línea ideológica propia y expresarla, sino, disfrazarla con supuesta imparcialidad o, peor aún, tener que seguir la de los dueños del medio en el que trabaja, bajo amenaza de perder su trabajo. El rol de los comunicadores en redes, va más allá de ser el de influencer de su marca.
¡Qué bueno que existen los medios digitales y alternativos!
