Debate o Dogma: ¿Es Venezuela una democracia?

Venezuela es ya una constante mediática en la información que consumimos, los medios de comunicación de masas proyectan una imagen que impacta negativamente en la concepción política de la nación suramericana, concretamente en su gobierno, ayer dirigido por Hugo Chávez y hoy por Nicolás Maduro.

Iniciamos un debate planteándonos si Venezuela es un sistema democrático. Nuestro director Gonzalo Sánchez defenderá que Venezuela sí es una democracia, mientras que en la posición contraria estará Miguel Sanz Sanz, analista político y miembro de Nuevas Generaciones del Partido Popular (PP) de Madrid.

Debate o Dogma: ¿Es Venezuela una democracia?

En Venezuela no existe represión, sino respeto democrático por quienes se oponen al actual gobierno, que los reconoce y se siente a hablar con ellos asumiendo bastantes de sus posiciones.

Gonzalo Sánchez sostiene que Venezuela es una democracia.

Desde el punto de vista occidental, un sistema político se convierte en dictadura cuando el poder ejecutivo deja de someterse al cauce democrático para hacerse vitalicio, y asume además los poderes judicial y legislativo. Suele coincidir con censura de los medios de comunicación que se le oponen, represión de los movimientos ciudadanos en contra y un sistema que mezcla el capitalismo en lo económico y el fascismo en lo social.

Venezuela no cumple ninguno de estos requisitos. Las últimas elecciones presidenciales sucedieron en el año 2018, en las que el candidato de la izquierda, Nicolás Maduro, se impuso con casi el 70% del apoyo a los dos principales candidatos de la oposición, Henri Falcón (de Avanzada Progresista) y al pastor evangélico Javier Bertucci, que juntos sumaron 3 millones de votos, coincidiendo con el capital político que la derecha de Venezuela consiguió en el plebiscito contra la Asamblea Nacional Constituyente el año anterior.

El poder legislativo está en manos de la oposición, ahora es el opositor al chavismo Luis Parra el que funge como presidente de la Asamblea Nacional, que sustituyó a Juan Guaidó después de que el líder de Voluntad Popular (VP) perdiera el apoyo del campo conservador venezolano. A finales de este año se llevarán a cabo elecciones legislativas en las que la mayoría de la oposición ya ha confirmado que participará.

En todos los procesos electorales de Venezuela existen tres garantías que impiden la existencia del fraude. En primer lugar el voto automático se imprime para poder hacer una auditoría, en segundo lugar esa auditoría siempre se lleva a cabo de manera pública, la cual es firmada por la oposición, y en tercer lugar los acompañantes internacionales siempre han avalado el proceso como limpio, incluso los que pertenecen a organizaciones conservadoras que adversan el proceso socialista, como los que han acudido por parte del Partido Popular (PP) de España y por parte del Centro de Estudios Latinoamericanos (CEELA), integrado por expresidentes y ex altos funcionarios de la derecha de diferentes Estados latinoamericanos.

El poder judicial es electo en base a los cauces establecidos en su constitución de 1999, tan legal (fue aprobada por el 71% en referéndum vinculante), como legítima (hasta el propio Juan Guaidó se aferró a ella para justificar su autoproclamación, aunque la vulneró porque no hubo abandono previo del presidente Nicolás Maduro.

El poder electoral está siendo remodelado gracias al acuerdo que el gobierno y la oposición alcanzaron en unos diálogos propuestos por Nicolás Maduro. Esta es una cuestión importante a la hora de valorar la calidad de la democracia venezolana, ya que el árbitro electoral va a responder de igual manera ante los dos sectores, por lo que la sombra del fraude electoral se elimina, pero también supone que el chavismo reconoce como agente social, representante de una gran parte de la sociedad, a la oposición.

Eso significa que no existe represión, sino respeto democrático por quienes se oponen al actual gobierno, que los reconoce y se siente a hablar con ellos asumiendo bastantes de sus posiciones. Una variable que no sorprende a quién haya seguido la actualidad política de Venezuela desde más lados que el de los medios de comunicación de masas, ya que sabrán que Maduro actuó frente a las manifestaciones de la oposición con contención y no represión, pese a que éstas fueron violentas, llegando a bombardear a población civil y poner bombas al paso de la policía, además de quemar a personas vivas como Orlando Figuera por ser chavistas.

Los medios de comunicación privados, de mayoría opositora como El Nacional, El Universal, Globovisión, RTCV (no, no se cerró, solo se le retiró la licencia pública, sigue emitiendo como cadena privada), suponen una evidencia irrefutable de que existe libertad de expresión, de hecho a las últimas convocatorias de Juan Guaidó va más prensa de medios conservadores que manifestantes, que gritan libremente consignas contra el chavismo sin sufrir represión.

El desabastecimiento de medicinas y el alza de los precios de los alimentos y otros productos de primera necesidad, deberían ser otros factores que entren en cuenta al valorar esta cuestión, porque son derechos de los venezolanos, a lo que, en ocasiones, no tienen acceso por las medidas coercitivas de la administración de Donald Trump.

Retención de barcos en puertos de países aliados, congelación de fondos económicos, amenazas a instituciones y empresas que quieran colaborar comercialmente con el gobierno del presidente Maduro… Son situaciones que empeoran la democracia venezolana, afectando especialmente a los derechos humanos de los ciudadanos del país suramericano.

Sin embargo, la producción de alimentos mediante los CLAP, el acceso a la vivienda mediante la GMVV y la red de misiones que permiten sanidad y educación pública y de calidad en todos los niveles, sustentan la calidad democrática de un país con mucho más protagonismo mediático mundial que el peso diplomático real que ostenta en la geopolítica. A causa del petróleo, y de otros recursos naturales.

Por último se debe comentar que existen mecanismos de control democrático novedosos en el mundo, como el referéndum revocatorio, al que se sometió Chávez a petición de la oposición en 2004, siendo llevado a cabo por el poder electoral, demostrando la efectiva separación de poderes. Además la organización de las comunas, en las que los ciudadanos se organizan recibiendo poder institucional y económico del Estado para decidirlo todo sobre sus barrios, son experiencias que elevan la democracia.

Venezuela no es una democracia, sino un sistema autoritario o dictatorial al no tener elecciones libres, ni el derecho a la participación política garantizado, ni medios de comunicación ni separación de poderes ni la de los derechos y libertades fundamentales garantizados.

Miguel Sanz Sanz considera que Venezuela no es una democracia

A la hora de determinar si Venezuela es, en la actualidad, un sistema democrático, voy a examinar si se cumplen los cuatro rasgos principales que caracterizan a los mismos. De lo contrario, nos encontraríamos ante un sistema dictatorial. En torno a estos rasgos o características que nos sirven para definir una democracia hay un amplio consenso en la Ciencia Política.

Si bien es cierto que en el país latinoamericano existe sufragio universal, (con algunas limitaciones, eso sí, porque para los venezolanos residentes en el exterior, votar lo tienen injustamente restringido por el CNE, al exigir residencia legal en el exterior para ejercer este derecho), las elecciones distan mucho de ser libres.

Como avalan diversos informes internacionales, entre ellos el prestigioso Electoral Integrity Project, “Venezuela se desempeña extremadamente mal en todas las dimensiones de integridad electoral”, habiéndose reducido su puntuación a la mitad desde las elecciones presidenciales de 2012 (54) a las de 2018 (27). Tal como relata dicho informe, esta disminución “se debió a caídas importantes en la calidad de las leyes electorales, los procedimientos electorales y el registro de partidos”. Y debe recordarse la bochornosa existencia del “carnet de la patria”, que constituye una violación ilegítima al secreto del voto al emplearse la coacción a cambio de comida y medicinas.

Asimismo, el derecho a la participación política ha sido violado sistemáticamente desde hace varios años al haberse privado de libertad a diversos líderes políticos de forma arbitraria. Entre los más de 400 presos políticos tenemos a figuras como Leopoldo López, Daniel Ceballos o Antonio Ledezma.

De esta manera, aunque la existencia de más de un partido político, es decir, el pluralismo político, en teoría se cumple, al ser legales otros partidos además del que detenta el poder, en la práctica, la competitividad electoral no es posible. Esto es debido a las enormes trabas que encuentran otros partidos distintos del chavista para hacer llegar su mensaje a los ciudadanos, así como por la represión a los líderes opositores que comentamos.

No existen en Venezuela fuentes de información distintas y alternativas. Desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998 hasta la actualidad, se han cerrado la friolera de sesenta medios de comunicación por razones políticas e ideológicas. Solo durante 2017, se cerraron cuarenta y seis emisoras de radio y tres canales de televisión. Sin olvidarnos de las acreditadas multas arbitrarias a informadores y las amenazas proferidas a periodistas por parte del chavismo en lo que constituye una censura feroz sobre los medios de comunicación.

Ahí tenemos el ejemplo del canal Globovisión, que en 2011 recibió una multa de 2,1 millones de dólares por sembrar el pánico entre la población debido al tratamiento que dio a una crisis penitenciaria, según alegó la gubernamental Comisión Nacional de Telecomunicaciones. O lo ocurrido en 2018: se produjeron 25 detenciones arbitrarias de periodistas en los nueve primeros meses del año Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela y a dos periodistas se les prohibió abandonar el país como castigo por sus informes.

En lo que respecta al requisito imprescindible para una democracia, como es la separación de poderes y la independencia judicial, ninguno de los dos se dan en este caso. El chavismo controla la justicia a través del Tribunal Supremo, como se pudo comprobar en 2017, cuando tras unas elecciones legislativas que ganó la oposición, este órgano dejó sin competencias a la misma. Dos días antes de esta decisión, el Supremo había arrebatado a los diputados opositores la inmunidad parlamentaria y concedido atribuciones especiales al presidente Nicolás Maduro en materia penal, militar, económica, social, política y civil.

En último término, en Venezuela no se respetan derechos y libertades fundamentales. No solo los medios de comunicación no pueden ejercer su profesión de informar y opinar libremente, sino que tampoco los ciudadanos pueden manifestarse ni expresarse libremente. Solo entre abril y julio de 2017, 121 personas perdieron su vida y 1.958 resultaron heridas a manos de la policía y el ejército al servicio del chavismo.

También el derecho a la propiedad privada ha sido conculcado, Tal como advierte el informe de Freedom House de 2019, por años de control de precios, nacionalizaciones, sobrerregulación, corrupción y prácticas de contratación politizadas entre empresas de propiedad estatal.

Por otra parte, y según la mima fuente citada anteriormente, la violencia doméstica , la violación y los trabajos forzados (a los que son sometidos, sobre todo, inmigrantes) son fenómenos comunes en Venezuela y raramente castigados en la práctica por la ausencia de leyes adecuadas.

En definitiva y a modo de conclusión, Venezuela no es una democracia, sino un sistema autoritario o dictatorial al no tener elecciones libres, ni el derecho a la participación política garantizado, ni medios de comunicación ni separación de poderes ni la de los derechos y libertades fundamentales garantizados.

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