Bolivia: el golpismo del siglo XXI y sus crímenes contra la humanidad (II)

Este artículo es la segunda parte de un trabajo cuyo principio se puede leer aquí.

La guerra mediática en su punto álgido

Con el telón de fondo de la sospecha de fraude debidamente mediatizada, la violencia tomó cada vez mayor dimensión, aunque fue tolerada. Tras ser señalados como partidarios del gobierno, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación de servicio público fueron atacados, humillados e impedidos de trabajar.

La policía parecía no actuar después de que la oposición fuese a su encuentro y la convenciera de unirse al golpe. Probablemente fue preparado con antelación. El amotinamiento de fuerzas policiales en Cochabamba y otros departamentos fue debidamente escenificado y mediatizado mediante pancartas donde se anunciaba, “no queremos diálogo ¡Todos juntos por la democracia!”, y otras donde se visualizaba una grosera caricatura del presidente Evo colgado boca arriba por sus partes íntimas.

La guerra psicológica y mediática alcanzó su punto álgido al lograr que el miedo se apoderase del masismo, a medida que los ataques criminales de la oposición contaban con la pasividad de las fuerzas policiales y del ejército acuarteladas. Con su ayuda se pudo llevar a cabo una auténtica estrategia de terror: los miembros del gobierno fueron amenazados, secuestrados, sus domicilios privados fueron incendiados en total impunidad, y terminaron renunciando a sus cargos bajo la presión de represalias contra sus familias.

En aquellos momentos, con la traición de las fuerzas de seguridad se jugó el destino de la Bolivia plurinacional. Fue el acontecimiento que hizo inclinar la balanza a favor de una estrategia golpista pensada como un conjunto de fuerzas combinadas. Una oposición fabricada a golpe de dólar cuyo único fin era sabotear la democracia. ¿Su objetivo? Permitir de nuevo el saqueo de las riquezas nacionales e impedir el desarrollo industrial de Bolivia a partir de sus importantes reservas de litio.

El comando militar entró en escena: “sugirió” al presidente Morales que renunciara a la presidencia por el bien del país. El 10 de noviembre Evo Morales se vio obligado a dimitir para poner fin a la violencia de la oposición y evitar un baño de sangre. Significativamente, los grupos de choque o motoqueros salieron a festejar la llegada de lo que consideran democracia… ¡muchos de ellos todavía encapuchados!

Una vez consumado el golpe, esas mismas fuerzas salieron a reprimir sin ningún reparo a quienes resistían, mientras los medios privados les calificaban de “turbas”, “vándalos” o “radicales”. Contrariamente a la idea que uno podría hacerse de una “dictadura” instalada desde hace 14 años, la prensa privada combinada con el uso de las redes sociales jugó un papel crucial al justificar el golpe de estado mediante una campaña de propaganda donde se invertía el papel de la víctima y el agresor y se demonizaba al presidente Evo Morales. ¿En qué régimen tiránico los medios hubieran podido ponerse tan abierta y libremente del lado de sectores golpistas?

Es hora de llamar a los hechos por su nombre. Los grupos neofascistas jugaron un papel decisivo en este verdadero golpe de estado. Se les reservó un lugar privilegiado, favoreciendo la organización de milicias armadas que actuaran en cooperación con las fuerzas policiales. Grupos como la Unión Juvenil Cruceñista, definida por la Federación Internacional de Derechos Humanos como “grupo paramilitar fascista”.

El 25 de noviembre sus miembros ocuparon la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz para quemar sus equipos y documentación. En Bolivia, los matones y los militares están ahora haciendo sus propias reglas. Es imposible imaginar en el contexto actual ningún tipo de “transición” sin que continúe el derramamiento de sangre.

Imputar las Masacres a las propias víctimas

El viernes 15 de noviembre, una marcha de campesinos de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba se encontraba en el puente Huayllani, desde Sacaba hacia Cochabamba. Ese lugar estratégico de conexión con la capital del departamento fue el objeto de un importante despliegue para evitar que los cocaleros del Chapare entrasen a la ciudad. El resultado fue una sangrienta masacre cuyo resultado fueron nueve víctimas mortales y decenas de heridos.

A través de vídeos grabados por los propios campesinos se pudo evidenciar el sobre exceso de armamento químico. Además, varios testimonios evidenciaron el uso de armamento bélico utilizado por soldados desde helicópteros que sobrevolaban el lugar.

El mismo día, Jeanine Añez había firmado el decreto 4078 que permitía a las Fuerzas Armadas el uso de armamento bélico sin responsabilidades ulteriores, con el objetivo de neutralizar a los movimientos sociales a favor de Evo Morales. En dicho documento también especificaba que todas las entidades públicas y privadas del Estado debían prestar apoyo a las Fuerzas Militares.

Los medios y redes sociales inocularon en las mentes la descabellada idea de que los miembros de la marcha se habían disparado entre ellos para llamar la atención, y que la represión del gobierno estaba justificada para “pacificar el país” tras el golpe.

En Senkata, El Alto, tuvo lugar una nueva masacre que los medios privados justificaron como una suerte de “ataque preventivo”, esgrimiendo la idea de que los manifestantes, presentados como “terroristas”, habrían buscado provocar una explosión de la planta de gas que hubiese hecho desaparecer la ciudad de El Alto.

La golpista Añez no escatimó recursos en presentar al agresor como una víctima y viceversa: “nosotros en ningún momento pensamos atacar, a nosotros nos estaban atacando (…) del Ejército no salieron balas (…) Había información de gente experta diciéndonos que si en Senkata le llega una llama puede volar El Alto”.

Quienes concibieron ese tema alcanzaron la cima en el arte de la propaganda. Sin embargo, contrariamente a la mentira repetida mil veces de que el ejército no disparó “ni una sola bala”, diferentes testimonios afirman que las victimas mortales fueron tomadas por blanco desde helicópteros.

Durante su misión de observación, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), nada sospechosa de parcialidad a favor del gobierno de Evo, recogió numerosos testimonios de las masacres de Sacaba y Senkata y denunció que actualmente no existe “ninguna garantía de independencia del poder judicial” en Bolivia.

Como respuesta, el 6 de diciembre la presidenta autoproclamada aprobó el “decreto supremo 4100” con el objetivo de indemnizar a los familiares de los 35 fallecidos y centenares de heridos por la represión que ella misma ordenó. ¿El precio para comprar su silencio? 50.000 bolivianos, poco más de 7 mil dólares.

Un “chantaje” en toda regla para los portavoces de las víctimas, que ya han anunciado su voluntad de llevar el caso a las Naciones Unidas. De inmediato un grupo de portavoces respondió: “no queremos su plata, es un chantaje”. El silencio de las víctimas no se compra.

La CIDH declaró su preocupación ante el decreto, por incluir una cláusula que imposibilitaría el recurso de las víctimas a instancias internacionales para reclamar sus derechos. Ello representaría una violación a los compromisos asumidos al ratificar el Estatuto de Roma, en particular el principio de imprescriptibilidad en materia de crímenes contra la humanidad.

Frenética persecución político-judicial

La persecución, las detenciones arbitrarias y las amenazas de muerte contra los responsables del gobierno destituido y sus familias aumentan día a día. El mismo patrón utilizado para lograr el golpe se mantiene activo hasta alcanzar la meta de la dictadura: acabar con toda resistencia frente al golpe. Es así como se sigue deteniendo preventivamente a todo aquel que pueda servir de chivo expiatorio para blanquear sus crímenes.

Durante las últimas semanas la Defensoría del Pueblo de Bolivia, que se limita a realizar una evaluación de los derechos humanos y a contar las víctimas, ha sufrido hostigamiento y se les impidió a sus trabajadores ejercer su labor. Su representante en Cochabamba, el Sr. Nelson Cox cuestionó “el rol que desempeñan la Fiscalía y la Policía con respecto a los cercos y protestas en las instalaciones de la defensoría, tildándolos de permisivos ante actos de agresión”. La mera existencia de esa organización es algo inaceptable para los golpistas.

Rabiosos ante esa pequeña muestra de resistencia, los representantes del gobierno de facto incitan a sus seguidores a agredir a los miembros de la Defensoría incluso en sus domicilios privados: “Han efectuado explosiones de petardos en mi domicilio, me han sindicado por la comisión de ilícitos, de narcotraficante, de asesino, de terrorista (…), han efectuado amenazas en contra de mis hijas y mi familia” – declaró el Sr. Cox.

Lejos de estar satisfecho con haber tomado el poder por la fuerza, el gobierno de facto es consciente de que su legitimidad pende de un hilo. Razón por la cual la represión debe tomar un cariz prominente hasta la organización de las próximas elecciones. Sin tardar, unas unidades especiales antiterroristas fueron presentadas con gran pompa, anunciando los próximos crímenes que quedarán impunes.

Sin miedo al ridículo, el 6 de diciembre la autoproclamada presidenta anunció la creación de un “comité interinstitucional de defensa a las víctimas por motivos políticos e ideológicos de los últimos 14 años”. Poco antes, Áñez había felicitado al portavoz de las bandas paramilitares que aterrorizaron a la población en los momentos decisivos del golpe, actuando con la complicidad de la policía y el ejército (incendios de casas, linchamientos, ataques racistas, etc).

Y por si todavía hacía falta demostrar a quienes Áñez considera víctimas, el mismo día se liberó a cuatro mineros condenados por la tortura y asesinato del viceministro del interior Rodolfo Illanes en agosto de 2016.

• El 11 de noviembre, la presidenta y el ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Maria Eugenia Choque y Antonio Costas, fueron detenidos junto a 34 vocales.
• El 27 de noviembre se detuvo preventivamente al gobernador de Chuquisaca Esteban Urquizu, por “abandono de cargo”, después de que hubiera renunciado el 10 de noviembre.
• El 3 de diciembre, la ex ministra del desarrollo productivo Susana Rivero Guzmán denunció “amenazas de muerte a mi hijo, destrozos en nuestra pequeña casa en La Paz y un clima hostil de amedrentamiento a la familia”. Por esa razón, anunció su voluntad de “acudir a instancias internacionales de protección de derechos humanos”.
• El 4 de diciembre, el ex vocal del TSE (Tribunal Supremo Electoral) Idelfonso Mamani, fue detenido. Lean la acusación: “se presume que el TSE adjudicó la impresión del material electoral a una imprenta, sin embargo, el trabajo lo hizo otra”.
• El 6 de diciembre se anunció la salida del país del ex ministro de economía Luis Arce Catacora, quien pudo beneficiarse del asilo ofrecido por México.

El mismo día la exministra de Comunicación Amanda Dávila fue acusada de utilizar fondos de la Editorial del Estado para imprimir material de campaña del MAS. Dávila denunció haber sido víctima de un montaje mediante una foto de la visita de la hija de Morales.

Esta lista no exhaustiva nos permite comprender que lo que está en curso es una frenética persecución político-judicial contra todos los miembros de anteriores gobiernos de Morales, arrojando una sombra de sospecha con el tema de la corrupción, con el fin de impugnar y borrar por completo la memoria de los 13 años del proceso de cambio en Bolivia, cuyo balance económico y social ha sido mundialmente reconocido, en particular mediante la reducción de la pobreza extrema en un 23%.

Confesión de crímenes contra la humanidad

Porque la mejor defensa es el ataque, el “ministro de gobierno” Murillo, quien incitó a ir de “cacería” contra miembros del gobierno destituido y trató de intimidar a quienes les defendieran, ha hecho pública su intención de llevar a Evo Morales ante la Corte Penal Internacional de La Haya “por crímenes de lesa humanidad”, culpándole de las 35 víctimas mortales, incluso después de su dimisión y exilio del país.

Endosarle a un presidente depuesto la responsabilidad de las víctimas de un régimen que ha militarizado el país y reprimido la protesta, es hacer gala de una osadía sin límites, o bien una manera de convencerse de la impunidad con la que cree poder contar después de haber reanudado plenas relaciones con Estados Unidos.

Sin duda Murillo trata de utilizar todo lo que esté a su alcance para invertir la víctima y el agresor. Es así como ha tratado de presentar al vicepresidente Álvaro García Linera como “terrorista confeso” y “narco guerrillero”, reactivando el imaginario de las dictaduras durante la Guerra Fría.

También ha difundido ampliamente un audio en el que supuestamente se escucha a Morales alentando a bloquear las ciudades con el objetivo de que la población resista al golpe. Ya se trate de un documento auténtico o falso, el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, claramente inspirado en la declaración francesa de 1789, prevé de manera implícita el derecho a la rebelión en situaciones marcadas por la ausencia de garantías democráticas y constitucionales: “es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

Ilegítimo, el gobierno de facto de Áñez-Murillo fue impuesto por un ejército cuya primera misión ha sido aplastar la protesta y aleccionar al pueblo humilde de las zonas rurales, despojándole de su derecho al voto y su participación en la vida democrática tras siglos de exclusión.