El Grupo de Lima fue creado en el 2017 con la finalidad de derrocar al gobierno legal y legítimo de Venezuela, respondiendo a los intereses de Estados Unidos (EEUU). Por ende sus reuniones están basadas en coordinar estrategias económicas, políticas, mediáticas y militares en la región para paralizar la economía venezolana, aislar el país e incautar los activos en el extranjero con la finalidad misma de financiar el paramilitarismo en Venezuela.
El 21 de febrero del 2020 se celebró la reunión del Grupo de Lima, en Gatineau Quebec, en la que se definieron esquemas de apoyo al “pueblo” de Venezuela para “lograr la libertad“.
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Esta reunión tuvo como antecedente el encuentro del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, su Ministro de Asuntos Exteriores Fraçois Philippe Champagne, y Juan Guaidó como representante del país suramericano, puesto que las naciones que conforman ese grupo reconocen al expresidente de la AN como el actual mandatario de Venezuela.
Se habló “sobre la necesidad de consolidar acciones internacionales para defender los Derechos Humanos en Venezuela y la seguridad de la región”. Además se menciona por parte de Juan Guaido que es necesario “aproximar rápidamente una transición en Venezuela“, uniendo esfuerzos con la Comunidad Internacional. Por ello es tan importante analizar lo que supuso la reunión del Grupo de Lima.
Lo que llamó la atención de la reunión del 21 de febrero fue el hecho de dejar a un lado el lenguaje de confrontación y amenaza, a un manejo más prudente y diplomático comparado con las veces anteriores. Esto no sucede porque el Grupo de Lima pretenda respetar el Derecho Internacional, sino porque todo forma parte del plan de agitar desde adentro de Venezuela para aupar el “apoyo internacional“.
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La declaración emitida por este Grupo de Países dejó claro:
- Las elecciones parlamentarias no son la solución y se requiere “elecciones presidenciales libres, justas y creíbles“.
- Insistan al Gobierno bolivariano a “una estricta adhesión al Estado de derecho y el respeto de los Derechos Humanos“.
- Con este análisis de la situación venezolana, el grupo concluye que urge “una salida pacífica y democrática de esta crisis que se deteriora rápidamente“, dónde “sean los propios venezolanos que líderes el retorno de la democracia“.
- “Creemos que es hora de enviar un mensaje claro e inequívoco a los venezolanos de que el momento de poner fin a esta crisis es ahora y que la comunidad internacional está lista para apoyar tal proceso“. Por ende se dictó en la declaración hacer un trabajo conjunto de consultas con los demás países que quieran ser partícipes en restaurar la democracia.
Ahora bien, esto solo parece una amenaza menor a las distintas declaraciones que ha emitido el Grupo; pero si analizamos el contexto, la realidad es otra.
Estas declaraciones aún ponen en duda el sistema electoral, a pesar de que es el más confiable según los expertos internacionales que acuden como observadores electorales cada año; igualmente pretenden desconocer las elecciones parlamentarias y el proceso que se dio en el 2018, y los más de 6 millones con los que se reafirmó el mandato del presidente Nicolás Maduro.
Es curioso que solo Venezuela sea acusado de tales cuestiones, a pesar de que en la región existan gobiernos como los de Bolivia, Haití, Chile, Ecuador, Honduras y Colombia, Lo que cuestiona cada vez más la credibilidad del Grupo de Lima.
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El paramilitarismo en Colombia ha generado un estado de miedo y represión, agregado a esto el Gobierno de Chile ha permitido a los Caribeneros que ejerzan la fuerza bruta sobre los protestantes pacíficos de manera indiscriminada y violenta.
Lo más hipócrita de esta organización ha sido aceptar un representante que está designado por la golpista Jeanine Áñez. Golpista y fascista, este hecho ya dicta mucho sobre lo que es esta organización, en la que se reúnen los violadores de derechos humanos pidiendo a Venezuela el cese de un “estado criminal“.
Ahora bien, luego de regresar de la gira internacional, Juan Guaido ha hecho diversas declaraciones y ha puesto en relieve la Agenda 2020, que consiste en un pliego nacional de conflicto que se ejecutará este 10 de marzo, donde llama a diversos sectores afectados por la situación económica -que él mismo ha configurado con las sanciones norteamericanas-, a salir a la calle a reclamar reivindicaciones, buscando “conducir al país en un gran conflicto nacional” según las palabras del propio Guaidó, quién pretende la movilización tanto nacional como internacional.
En este plan, de la movilización internacional se encargará el Grupo de Lima, quién pretende enviar representantes de estos países a otros para hacer lobby con la situación de Venezuela, que permitan en tal caso de un conflicto aceptar la intervención a través del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). En toda esta conflagración se hará presente el aparato Mediático, reforzando los argumentos de que existe una “dictadura“.
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Además, las sanciones a la petrolera Rosneft, representan un método de intimidación que permite con más facilidad persuadir a estados indiferentes a la situación venezolana.
Este pliego nacional de conflicto pretende ser financiado a través de la ley especial de fondo para la liberación de Venezuela, que se aprobó por la asamblea ilegal de Juan Guaidó, desde donde se busca que la OFAC apruebe 80 millones de dólares incautados a Venezuela por parte de Estados Unidos, para ser administrados por la OEA; con la finalidad de “salir de esta crisis y dictadura“.
Se podría decir que la derecha internacional no ha descansado y pretende ejecutar su plan de golpe de estado en contra el presidente Nicolás Maduro. Caracterizando este golpe se podría decir que ejerce en lo social, dónde se propone un conflicto entre venezolanos, para pasar a lo mediático donde se coloque al Gobierno como represor de manifestaciones, y combinarlo con el lobby internacional hecho por el Grupo de Lima para, posteriormente, acepten la intervención. Además esta presión internacional está influenciada por las Sanciones a la Petrolera Rosneft.
La fase del componente militar representado por el TIAR se evaluará posterior en su reunión del 3 de marzo. Ningún elemento está disperso, Venezuela se encuentra en calma antes de la tormenta, la derecha internacional ha usado a Juan Guaidó de portavoz para legitimar un estado de conflicto.
