Hace unos días, el gobierno de España sostuvo su postura sobre el Sáhara Occidental, que está totalmente alineada con la de la monarquía marroquí. Este hecho supuso unas duras críticas no para el PSOE, sino para Unidas Podemos (UP), por no haberse mantenido firme ante las reclamaciones del ejecutivo africano.
Nacho Álvarez, secretario de Estado de Asuntos Sociales, se reunió con Suilma Hay Emhamed Salem, responsable de Asuntos Sociales de la República Árabe Saharaui Democrática. Al informar sobre esa reunión en su cuenta de Twitter, el funcionario español la calificó como ministra, lo que supone un reconocimiento como Estado a la República Árabe Saharahui Democrática (RASD), ante el toque de atención de las autoridades marroquíes, se rectificó.
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Ese paso atrás supuso muchas críticas a Unidas Podemos (UP), muchas de ellas hablaban de “traición” a su programa electoral y a sus convicciones mostradas años atrás. Sin embargo hay que entender el actual contexto político, para no desencadenar una ola de frustración que lleve a la desmovilización del voto cada vez que el Gobierno de España lleve a cabo una acción que vaya en contra del ideario de la conjunción de Podemos e Izquierda Unida.
Sobre todo porque la lupa está en UP, organización que tiene mucho que demostrar y, por lo tanto que ganar, pero también mucho que perder porque no depende exclusivamente de sus actos, y mientras el PSOE pasa desapercibido pese a ser responsable de la situación, la mirada se gira hacia el agente del gobierno que ha generado esperanzas de cambios que no siempre se pueden ver cumplidas.
Una serie de circunstancias como estas configurarán un escenario en el que, en las siguientes elecciones, el PSOE conservase el voto por haber conservado la imagen de izquierda gracias a UP, pero ésta sufriera una pérdida importante de apoyos por no haber sido lo suficientemente progresista.
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En primer lugar, ambas formaciones se comprometieron a respetar y a apoyar las iniciativas de cada ministerio, como una base sólida sobre la que avanzar. Esto quiere decir que aunque al PSOE no le guste el real decreto del ministro Garzón sobre el juego, lo respetará y defenderá en público, y por supuesto también al contrario, que es lo que ha acontecido ahora.
El ministerio de relaciones exteriores no reconoce a la RASD, por lo que la jerarquía de gobierno de los saharauis no tiene nombres institucionales. UP debe respetar eso porque ser la fuerza minoritaria con el apoyo electoral con el que cuenta no le da fuerza para obrar de manera diferente.
Alberto Garzón supone un ejemplo perfecto de la situación que aqueja a UP ahora que está en el ejecutivo. Su iniciativa sobre el juego provocó una reacción de decepción porque desde diferentes sectores del campo progresista se esperaba que prohibiera las casas de apuestas. Una opción que no es posible puesto que la legislación española no lo permite, y de haberlo hecho, la iniciativa del ministro de IU podría haber sido recurrida.
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Por otro lado el juego sobre el que se piensa que el Ministerio de Consumo tiene competencias para regular, (casinos, bingos, salones de juego, máquinas tragaperras, casas de apuestas) pertenecen a las Comunidades Autónomas.
Es necesario valorar y reconocer los límites, muchos y en bastantes ocasiones se llegan a tocar, con los que Unidas Podemos afronta su labor en el gobierno de España. En primer lugar se debe tener en cuenta que existe un respeto a la labor de cada partido en su área ministerial; en segundo lugar que la fuerza predominante es el PSOE, el pilar izquierdo del Régimen del 78; en tercer lugar que no existe una correlación de fuerzas para variar los límites del sistema, sino para cambiar moderamente lo que ahora existe dentro de ellos.
