El término necropolítica fue acuñado por el filósofo, político y académico, de origen congolés, Achille Mbembé, a inicios de los años 2000. Fue creado para referirse a las políticas públicas que permiten o facilitan la muerte para garantizar el control de la población. En otras palabras, son las políticas que entrañan la decisión de quién va a morir y cómo.
El concepto de necropolítica surge en oposición al concepto de biopolítica, el cual fue creado por el académico francés Michel Foucault para referirse a las medidas adoptadas por los gobiernos para el control de la vida.
Achille Mbembé, inventó el término (como resultado de su trabajo en Palestina, África y Kosovo), para demostrar que en ciertos lugares del mundo la biopolítica es incapaz de explicar todas las dinámicas del poder.
Fue más lejos que Foucault y mostró cómo el biopoder es insuficiente para entender las relaciones de enemistad y de persecución contemporáneas, ya que hay una política de la muerte, mediante la cual los gobiernos pueden decidir quién debe morir.
La necropolítica sigue las lógicas que operaron durante los tiempos de la colonia. Se aplica sobre el “Otro”, sobre el diferente, sobre el que se considera salvaje, desechable, reemplazable. Desde este punto de vista, la política de la muerte solamente aniquila una forma de vida animal.
En su libro “Los orígenes del totalitarismo”, Hanna Arendt menciona que “Cuando los hombres europeos mataban, en cierto modo no eran conscientes de haber cometido un crimen”. Lo mismo ocurre ahora. La necropolítica opera sobre aquellas zonas donde viven los salvajes, que según Mbembé son “gente de mala fama que nacen en cualquier parte y de cualquier manera, y mueren en cualquier parte y de cualquier manera”.
La efectividad de la necropolítica radica en que actúa en contubernio con un modo de capitalismo, cuyas formas de acumulación de capital son más importantes que cualquier otra cosa. Es a lo que Mbembé llama necrocapitalismo. Este a su vez, actúa al amparo de lo que podríamos llamar necroliberalismo. Estos sistemas (político, económico e ideológico) se basan en la distribución desigual de la oportunidad de vivir y de morir.
Estas doctrinas de la muerte, siempre han funcionado sobre la idea de que alguien vale más que otros y de que los que no tienen valor pueden ser descartados. Reflejan Ia cosificación del ser humano y, muestran cómo los cuerpos se han convertido en una mercancía más, susceptible de ser desechada.
Dentro de estas lógicas, las personas ya no se conciben como seres irreemplazables, inimitables y únicos, sino que son reducidas a un conjunto de fuerzas de producción fácilmente sustituibles. Por tanto, la muerte de un obrero, de un trabajador o de un anciano, no es una tragedia, porque son piezas intercambiables y… desechables.
En medio de la pandemia que estamos viviendo ahora, es importante decir que la necropolítica no está determinada únicamente por las dinámicas que nos ha impuesto el Covid-19. Si bien, el virus ha obligado a todos los gobiernos del mundo a adoptar decisiones de emergencia sobre la vida y la muerte; en determinados Estados, éste mismo virus ha desnudado la necropolítica subyacente a los regímenes políticos de sus gobernantes, con lo cual ha quedado al descubierto a quién protegen, a quién exponen a la muerte y en qué condiciones los dejan morir.
En Ecuador, la llegada del Covid-19 inmediatamente desnudó la necropolítica del gobierno. En efecto, ni el presidente Lenín Moreno, ni su gabinete se plantearon nunca la posibilidad de asegurar la vida de cada ecuatoriano, o de garantizar la muerte con dignidad de aquellos que no sobrevivieran al virus. Además, actuaron como si no tuvieran responsabilidad alguna o culpa sobre la grave crisis humanitaria que vive el país.
Esto queda muy claro en las acciones adoptadas, entre ellas: el pago de la deuda externa a costa de la compra insumos médicos para atender a los enfermos y de dejar impagos los salarios a los funcionarios públicos. Además, la declaración temprana de abrir una fosa común, cuando había apenas una veintena de muertos en el país, y en un momento en el que todavía no se había tomado ninguna decisión contundente para preservar la vida de los enfermos; y, la falta de transparencia en la cantidad de personas infectadas y aún de los muertos producidos (según el gobierno aún no sumamos mil muertes, mientras que extraoficialmente se contabilizan casi 8000).
A todo esto se suma la poca urgencia del gobernante y de su equipo para comprar insumos médicos, así como la tardía gestión realizada, misma que además estuvo empañada de corruptelas ampliamente denunciadas en las redes sociales.
Como si no fuera suficiente con tener que afrontar las pérdidas de vidas humanas, el gobierno impuso un plan de flexibilización laboral, que constó de despidos masivos y de reducciones salariales, que se volvieron insultantes si se comparan con las protecciones económicas y legales con las que cuentan sectores como el bancario.
Si hacemos un balance cínico, la necropolítica ecuatoriana ha logrado deshacerse de un buen número de personas poco indispensables para la reproducción de capital, y que por tanto son reemplazables. Al fin y al cabo alguien tenía que morir. Si retomamos la cordura, es claro que la política de “dejar pasar y dejar morir” aplicada por el gobierno de Lenín Moreno deberá ser juzgada como una política criminal, y como una estrategia deliberada de aniquilación contra la población.
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