El nefasto proyecto de la denominada coalición multicolor está en marcha desde el 1 de marzo del 2020. Aumento de tarifas de servicios públicos, devaluación, violación de la Constitución Nacional, represión y censura son el marco de una democracia golpeada, por la batería de decisiones que el nuevo gobierno en Uruguay ha instalado en el marco de la pandemia.
Pocos antecedentes hay en la historia del país de la ferocidad con la que se está castigando a los sectores más vulnerables. Desde la coalición de gobierno, liderada por el presidente Luis Lacalle Pou, -expresión política de las grandes corporaciones del país-, éste castigó al pueblo con uno de los ataques más brutales en la historia del Uruguay, además en el contexto de una crisis sanitaria y económica mundial.
Un país sin herencia maldita
Con muchos avances, con muchas dificultades, con muchos pendientes, el Frente Amplio desde 2005 hasta febrero del 2020, fue construyendo una sociedad inclusiva, mejoró la calidad de vida de la mayoría de la población en salud, mejores ingresos, achicó la brecha digital entre los que más y menos tienen, siempre dentro de parámetros capitalistas que indudablemente le pusieron límites, y desde la gestión institucional no los pudo traspasar.
Las medidas contra-ciclícas fueron exitosas por su profundidad y extensión, con un número interesante en las reservas del Banco Central, sin embargo, parece que la gestión de izquierda se topó con un límite de la inclusión.
Si bien alcanzó una importante cantidad de derechos legislativos, que pasaron a formar parte del sentido común, la táctica desplegada por los núcleos del poder dominante y de manera totalmente artera, a través de sus vínculos estrechos con los grandes medios de comunicación, lograron poner de manifiesto una serie de hitos a ser conseguidos: seguridad, lucha contra el narcotráfico, poner fin al déficit, terminar con un Estado que se hace cargo de los que no trabajan. Todos títulos (o bien podríamos decir Fake News o noticias falsas) que no mostraban nada de lo persiguen en realidad, sino que marcaban metas imposibles para decepcionar a la población y así recuperar el poder para volver a concentrar la riqueza en pocas manos.
Devaluación, tarifazos, censura y después…
La devaluación acaecida en Uruguay por expresa decisión del gobierno, que incluso tuvo la desidia por varios días desde el 1 de marzo de este año, de abstenerse de nombrar los nuevos directores en el Banco Central, afectó a vastos sectores de la sociedad que tiene contraídas deudas atadas al valor del dólar.
El tarifazo que entró en vigencia el 1 de abril, es el aumento de los servicios de luz, agua y telecomunicaciones por encima de la inflación. Toda esa batería de aumentos se descarga sobre la población en el contexto de una gran recesión y pérdida de puestos de trabajo. Por ende, sus ingresos son menores por la parálisis económica que implica la cuarentena para evitar contagiarse del COVID-19.
Es preciso hacer referencia al desmantelamiento de programas de asistencia a sectores vulnerables de la sociedad, que no sólo afecta a quienes dependían de esa asistencia, sino que deja sin trabajo a muchos profesionales que trabajan en distintos programas.
Hace pocos días el gobierno envió la ya famosa Ley de Urgente Consideración (LUC) que previo a asumir el pode ya anticipaba con bombos y platillos, pero claro, era otro escenario socioeconómico mundial el de enero y febrero. Este artilugio jurídico es de urgente consideración porque el parlamento la tiene que aprobar en tres meses.
Para que la gente comprenda la dimensión de la medida se debe saber que es un mega proyecto con más de 500 artículos que modificaría una cantidad sustantiva de temas de enorme importancia en Uruguay, es un quiebre brutal con la historia legislativa del país.
La Ley de Urgente Consideración “LUC”, vulnera la Constitución Nacional para el tratamiento de leyes de urgente consideración, o bien es una miopía política instalarla en el contexto de una gran crisis mundial, lo que conducirá a la mayoría de la población a la hecatombe.
Los operativos policiales son más violentos, particularmente con vendedores ambulantes, artistas callejeros y protestas barriales. La política desde el el Poder Ejecutivo apunta a una clara militarización de las calles.
El director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) de Uruguay, Gerardo Sotelo, envió el pasado jueves una nota dirigida a los coordinadores de los informativos de Televisión Nacional de Uruguay (TNU) y Radiodifusión Nacional del Uruguay (RNU), en la que dispone que los contenidos periodísticos de los medios públicos deben ser previamente “consultados“. Es el desembarco de la censura previa en Uruguay.
Horizontes
Uruguay tiene dos temas urgentes que atender, la emergencia sanitaria y la caída de los ingresos que provoca la parálisis económica. Mientras la solidaridad y la organización de los de abajo va dando muestras de resistencia, el Estado no adopta medida contundentes para que los más necesitados puedan acceder a un plato de comida.
La desigualdad sigue siendo un problema grave en Uruguay y en circunstancias extremas se hace más visible. Atender las necesidades de los grupos más vulnerables se impone, hoy podemos decir que la contradicción principal es entre la vida y la muerte.
Tanto el Frente Amplio como la Central Obrera del Uruguay, PIT CNT, como movimiento sociales y territoriales, entienden que es importante acompañar el esfuerzo del Estado en función de acotar y minimizar los efectos del COVID-19. A la vez todos, menos precisamente quienes conducen el país, comprenden que los sectores más vulnerables están desprovistos de recursos para la pandemia en la vida diaria mientras dure esta situación. Y el reclamo y la exigencia al gobierno radica en dirigir hacia ellos los mayores esfuerzos.
Es preciso considerar que los centros de poder trabajan, tanto en la bonanza como en las crisis, para convencer a los políticos de todos los países que deben resignar su soberanía monetaria y fiscal. Para ello formulan distintas amenazas, para que no se atrevan a desafiar al modelo neoliberal. A dicha tarea dedican sus esfuerzos implacablemente los poderes concentrados, con prisa y sin pausa, aún cambiando los argumentos en cada etapa.
La política en el movimiento popular del Uruguay es la fuerza del sujeto colectivo, de los diversos y múltiples sujetos colectivos que lo conforman, y el desafío es dibujar nuevos mapas, aún en un mundo en el que se rompió la brújula, buscar en el horizonte la solidaridad, los espacios de construcción colectiva sin exclusiones.
Un país más justo y solidario debe afirmarse en la coherencia, organizando y siendo solidarios, aceptando las diferencias y buscando acuerdos en pos de seguir aportando a la construcción de un país con más y mejor democracia.
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