La dictadura por venir (II). El canibalismo

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Segunda entrega de la última parte de la saga de contenidos en los que se analizan los ragos dictatoriales del Gobierno de Ecuador, y plantea la llegada de una dictadura en forma completa en el corto plazo. Para entender bien el contexto del texto que sigue, se recomienda leer las anteriores publucaciones haciendo click aquí.

Un gobierno democrático habría encajado la derrota en las elecciones de marzo de 2019, aceptado lo que el pueblo decidió. No así el gobierno de Moreno. Primero, a sabiendas de que el pueblo podría elegir a los “correístas” para integrar el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, autoridades electorales y del Consejo “en Transición” buscaron que se votase nulo en esta elección, pero su idea no prosperó.

En este vídeo, en una actividad que realizó el Consejo Nacional Electoral para buscar apoyo a la idea de algunos de sus integrantes de incentivar el voto nulo, se explican las razones para considerar a esa idea como descabellada:

 

Pero, finalmente, el gobierno de Lenín Moreno se salió con la suya. Actuaron sus entonces aliados en la Asamblea Nacional, los que apenas posesionado el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (con retraso, el 13 de junio de 2019) buscaron la destitución de los cuatro consejeros asociados con el correísmo y, en menos de dos meses, la Asamblea Nacional ya les había iniciado un juicio político y los había destituido.

El principal argumento de la Asamblea Nacional fue que estos consejeros habían querido impulsar una revisión de la designación de la nueva Corte Constitucional y que este amago (pues la resolución nunca fue aprobada) ya violaba el dictamen parcializado de la Corte Constitucional del 7 de mayo de 2019.

En el Ecuador, es brutal la facilidad con la que unos cuantos deciden torcer y alterar lo que la voluntad popular (millones de personas) había decidido escasos meses atrás. Irresponsabilidades como esta, convierten a nuestras autoridades políticas en pasto para demandas internacionales.

Por ejemplo, esta destitución de autoridades elegidas por la voluntad popular es contraria a la trascendencia que, a los derechos políticos, le ha concedido la Comisión Interamericana:

En un caso como el presente, de una persona elegida a un cargo de elección popular, debe tomarse en cuenta que una restricción al derecho al sufragio activo mediante destitución o inhabilitación, puede afectar no solamente a la persona en cuestión sino también la libre expresión de la voluntad de los electores a través del sufragio universal. De esta manera, una restricción arbitraria de los derechos políticos que impacte en el derecho de una persona a ser elegida popularmente y a completar su mandato, no afecta únicamente los derechos políticos de la persona en cuestión, sino que implica una afectación en la dimensión colectiva de dichos derechos y, en suma, tiene la virtualidad de incidir significativamente en el juego democrático.” (Caso Petro, Párr. 117)

Por esta trascendencia, se ha deducido por la Comisión IDH que las restricciones a los derechos políticos “deben estar encaminadas a proteger bienes jurídicos fundamentales, por lo que deben ser analizadas cuidadosamente y bajo un escrutinio riguroso” (Ibíd.). Pero para nuestra zafia Asamblea Nacional, unas consideraciones de esta naturaleza, sobre la trascendencia de los derechos políticos y el tipo de análisis y escrutinio requeridos para validar sus posibles restricciones, es cosa de ciencia ficción. Porque nuestra democracia es cosa de ciencia ficción.

El gobierno de Lenín Moreno se asentó en la voluntad popular (el “sí, siete veces sí” del referéndum) para supuestamente servir mejor a las masas a través de las reformas constitucionales que se aprobaron. Pero ocurrió que el efecto de estas reformas fue que se votó para otorgar una mayoría “correísta” en la institución reformada y, entonces, el gobierno de Moreno demostró que la voluntad del pueblo le parecía muy loable y muy respetable, pero siempre que sirva a sus intereses de eliminación del correísmo. Si contrariaba esto, era el anti-correísmo el que debía prevalecer. Nunca se trató de servir a la gente, sino de que un grupo prevalezca por sobre otro. Por eso, nuestra democracia es ciencia ficción.

Y aquí reside la parte toral de mi argumento: este desprecio a la voluntad popular y esta eliminación de un grupo político por otro es la continuación de una inveterada tradición de la política ecuatoriana desde su malhadada fundación en 1830, el “canibalismo”, tan propio y característico de nuestros (cada vez más zafios) políticos.

En este país, son muy raras las ocasiones en las que los políticos han confiado unos en otros; lo suyo, según una antigua sentencia de Jorge Luis Borges sobre los políticos sudamericanos, es “conspirar, mentir, e imponerse” (en el siglo XIX ocurría con pistolas, en el siglo XXI con trolls, pero siempre imponerse).

Esta práctica caníbal explica los misérrimos niveles de aprobación ciudadana de los partidos políticos (sólo un 3% de los ecuatorianos confía en estas instituciones) y los altísimos niveles de corrupción que se registran en nuestra administración pública.

En el gobierno de Lenín Moreno, este canibalismo político ha tomado la forma de buscar empecinadamente la eliminación de Rafael Correa y de los políticos asociados a él (que no quiere decir, los políticos que hayan estado en su administración: la gran mayoría de las autoridades del gobierno actual fueron parte de ella, empezando por el Presidente Moreno).

Y se ha utilizado en contra de ellos, como se estila en estos casos, todo el poder del Estado: juicios por un tribunal ad-hoc (el llamado Consejo “en Transición”), destituciones por la Asamblea Nacional, persecuciones administrativas y penales. Siendo todo tan arbitrario como lo fue lo actuado por el Consejo “en Transición” el 2018, todos estos procesos apestan a violación de garantías judiciales, pero el canibalismo no para mientes (y por ello, es pasto para demandas internacionales).

Al 2020, esta práctica de canibalismo ha debilitado mucho al gobierno de Lenín Moreno. Cuatro de cada cinco ecuatorianos ya no le cree a su Presidente. Su gobierno se ha definido por su oposición al “correísmo”, pero ha fracasado en eliminarlo; todo lo contrario, bien se podría decir que lo ha terminado por fortalecer y que en unas próximas elecciones la persecución sufrida podría rendirle dividendos. En este experimento de tres años de abusos contra el “correísmo”, el tiro les ha salido por la culata.

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