En 2018, último año con datos, una de cada cuatro personas en España se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social (tuvieron ingresos inferiores al 60% de la renta media), viven en hogares con carencias severas, o en hogares con muy baja intensidad de trabajo, derivada de la precariedad laboral. Esta situación se agrava en los hogares monoparentales, con uno o más niños dependientes que, en el 80% de los casos, está encabezada por una mujer.
Según el gobierno, se beneficiarán del IMV el 20% de la población en situación de pobreza severa (aproximadamente un millón de hogares y tres millones de personas), con un coste para el erario público de unos 3.000 millones de euros.
¿Qué es el Ingreso Mínimo Vital (IMV)?
Se trata de una prestación no contributiva, fruto de un derecho subjetivo de las personas en situación de vulnerabilidad económica y social. Su objetivo es prevenir y evitar el riesgo de pobreza y exclusión social para personas que viven solas, o que forman parte de una unidad de convivencia, sin recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.
El IMV cubrirá la diferencia entre los ingresos familiares (incluidos salarios) y el umbral fijado para ese tipo de hogar. La Seguridad Social estima que unos 550.000 hogares padecen pobreza extrema (es decir, que viven con menos de 230 euros al mes. El IMV pretende sacar de esa situación al 80% de esas familias.
¿Quién tiene derecho a cobrar el IMV?
El gobierno planea que llegue a unas 850.000 familias/personas en situación de vulnerabilidad y pobreza, y se puede solicitar hasta el 15 de junio, con efectos retroactivos al 1 de junio. Los principales requisitos para solicitarlo son:
- Ser mayor de 23 años (o menor si se tiene un hijo/hija a cargo) y menor de 65 años.
- Personas o unidades de convivencia que perciben la prestación de hijo menor a cargo o hijo menor a cargo con discapacidad de menos del 33% (prestación a extinguir) podrán optar a la IMV durante 2020.
- Personas que actualmente cobran rentas mínimas autonómicas.
- Mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de tráfico de seres humanos o explotación sexual.
- En un mismo domicilio no puede haber más de dos titulares (más de dos prestaciones).
- Tener residencia legal en España y haberla tenido de forma legal, efectiva y continuada durante, al menos, un año (excepto menores, mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de tráfico de seres humanos y explotación sexual).
- Figurar registrado como demandantes de ocupación.
- Presentar la declaración de la renta (IRPF).
- Participar en las estrategias de inclusión social que diseña la entidad gestora.
- Estar en situación de vulnerabilidad económica.
- No disponer de patrimonio personal o por unidad de convivencia superior a tres veces la cuantía correspondiente del tramo del IMV.
- Es compatible con la realización de un trabajo retribuido.
- Es compatible con el subsidio para mayores de 52 años y la pensión de viudedad, si la suma de ingresos es inferior al tramo del IMV
¿Cómo y dónde se tramita?
Se puede tramitar hasta el 15 de junio, con efectos retroactivos desde el 1 de junio. La gestión irá a cargo del Instituto Nacional de Seguridad Social (excepto en Navarra y Euskadi), en colaboración con las administraciones locales y autonómicas. Inicialmente, el trámite se realizará vía sede electrónica de la Seguridad Social.
Se percibirá la prestación, mientras dura la situación personal/familiar de vulnerabilidad.
Las personas titulares y beneficiarias estarán exentas de tasas académicas en estudios postobligatorios (si no disponen de becas) y de pago de aportaciones de farmacia.
¿Cómo se financiará?
El dinero saldrá de los presupuestos del Estado, como todas las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, y se financiará con una serie de impuestos que ya estaban planteados antes de que estallara la crisis sanitaria.
Valoración del IMV
La idea del IMV estaba prevista en los programas electorales de Unidas Podemos y PSOE, y se incluyó en el acuerdo de gobierno entre ambos partidos. Sin embargo, la situación de crisis económica provocada por el COVID-19 ha provocado que se adelante su diseño definitivo e implementación.
Esto ha generado un intenso debate sobre su oportunidad y la naturaleza de este nuevo sistema. También se ha producido, en algunos casos deliberadamente, una cierta confusión entre el IMV y otros sistemas de rentas públicas.
Uno de los argumentos en contra de este tipo de prestaciones es la posibilidad de fraude, aunque ningún tipo de prestación está exenta de este problema. Por eso, se prevén actuaciones de comprobación y revisiones.
Este tipo de medidas han demostrado, en todos los casos que se han aplicado, unos resultados muy positivos, y suponen una herramienta muy efectiva para prevenir la exclusión social, sin retrasar por ello la incorporación al mercado de trabajo.
Esto supondrá una pequeña reducción de las desigualdades sociales y de la tasa de pobreza severa, porque está mejor enfocada a aquellos hogares de menor renta, situados por debajo del peor umbral, que ayudará a cientos de miles de personas, con una eficacia bastante alta, un coste fiscal moderado e incentivos adecuados para transitar hacia el mercado laboral.
El IMV puede ser una magnífica herramienta para ayudar a mitigar la situación de vulnerabilidad en la que las crisis económicas sucesivas han sumido a muchas familias. Miles de familias han visto desplomarse sus ingresos; en muchos casos ya se encontraban en situación de completa precariedad de la que son incapaces de salir adelante. Por eso, el IMV se puede convertir en un salvavidas para muchos hogares y, al mismo tiempo, en una bombona de oxígeno para reactivar el consumo y, por tanto, la economía.
Algunas organizaciones, como ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana) señalan que lo que se propone es otra renta mínima de inserción, que se han demostrado insuficientes y sólo llegan a una parte mínima de la población que lo necesita. Algunos sectores de la izquierda consideran la medida insuficiente.
Siempre se ha dicho que el estado del bienestar español redistribuye poco la riqueza, y lo hace de forma muy desigual. Por eso, una valoración positiva señala que es un sistema que puede reducir las desigualdades intergeneracionales, en un estado del bienestar que apoya más a los mayores que a los jóvenes. El IMV puede evitar que caigan en la pobreza y puedan tener un futuro.
También permite avanzar en una universalización del estado del bienestar, y aproximarse a los estándares del estado del bienestar de los países nórdicos. Ayuda a romper la inercia del sistema contributivo de dar más a aquellos que más aportan al sistema, con lo cual es más probable que ayude a aquellos que más lo necesitan.
Pero también se plantean argumentos en contra. No es un ingreso al que puedan llegar todos los ciudadanos. Sólo será efectiva si va mucho más allá de los porcentajes marginales de los que se encuentran en situaciones de pobreza. Es decir, no va mucho más allá de los programas de rentas de inserción que ya están en vigor. Además, el establecimiento de muchas condiciones de acceso puede desincentivar a aquellos que lo solicitan, aunque tuvieran derecho a ello. Esto puede hacer que sólo beneficie a sectores muy limitados y concretos.
El CIS señala que la propuesta del IMV ha hecho emerger una gran transversalidad en el apoyo a la medida: entre el 80-90% de los votantes de PSOE y UP apoyan esta medida. Pero también más del 60% de los votantes del PP y el 50% de los de VOX consideran positiva su aplicación.
