Propuestas como el IMV o la RBU han ido ganando relevancia como posibles sistemas paliativos ante la transformación que están sufriendo las economías, un proceso que puede verse acelerado por la actual crisis sanitaria, que deja fuera del mercado de trabajo a miles de personas.
El IMV es una prestación muy extendida en los países desarrollados, sobre todo en Europa, donde el estado del bienestar es más importante que en otras regiones. La RBU, por su parte, no se aplica de forma estricta en ningún país del mundo: se han realizado pruebas con poco éxito, programas piloto a pequeña escala (Alaska y Finlandia), aunque demostró que era un sistema que sí desincentivaba la búsqueda de empleo.
Sin embargo, prácticamente todos los países de la UE cuentan con una gran diversidad de medidas de apoyo económico para garantizar los niveles de subsistencia de sus ciudadanos más desfavorecidos y de menores ingresos. Esas rentas mínimas varían en sus cuantías y dependen de factores como la edad o la condición social de los beneficiarios.
En cada país el volumen de la prestación se determina en función del nivel económico y el indicador de pobreza de cada país. En países como Alemania, Francia, Bélgica y Holanda, la prestación es compatible con los ingresos salariales, como un complemento para los trabajadores que están por debajo del umbral de la pobreza, de forma que trabajar siempre sale a cuenta y se incentiva la búsqueda activa de empleo.
El IMV es una prestación con unos parámetros claros, dirigida a colectivos sociales muy desfavorecidos, con bajos ingresos y que forman parte de la población activa. Se trata de unos requisitos que el beneficiario ha de cumplir durante el período que esté recibiendo la prestación. De lo contrario, esos beneficiarios saldrán del programa.
Por el contrario, la RBU es un programa que ofrece una cantidad económica, de forma incondicional, para toda la población. Es decir, que llega a toda la población. Alcanza a todos los ciudadanos, como un derecho, sin que se tenga que cumplir ningún requisito. Por eso, la RBU sería mucho más cara de financiar, porque cubre a toda la población, pero también se podría quedar corta para aquellos que más lo necesitan, porque también beneficiaría a las personas con mayores ingresos, que tendrían derecho a percibirla.
La RBU podría ser un buen complemento para personas con los trabajos más precarios, debido a la creciente desigualdad de ingresos y la precariedad laboral. Serviría como un “salvavidas” para personas que han quedado fuera del mercado de trabajo y tienen pocas opciones para reciclarse laboralmente.
Las prestaciones vigentes mantienen un efecto perverso: al estar fuertemente condicionadas e incompatibles (en la mayoría de los casos) con ingresos del trabajo, incentivan el rechazo de ofertas de empleo, sobre todo si son trabajos precarios.
El IMV, aunque supone una ayuda estatal importante, no es suficiente para mantener a una familia, de modo que no sustituye a las rentas salariales, sino que las complementa. Por eso, este tipo de renta no desincentiva la búsqueda de empleo.
En la actualidad, las prestaciones contra la pobreza, un puntal básico de los estados del bienestar europeos, se ha visto mermada por los recortes impulsados por la crisis desde 2008, incrementando la vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos.
