Abogado de Rafael Correa deberá a presentarse en audiencia pese a tener COVID-19
“Han violentado nuestros derechos humanos” expresó el abogado defensor del expresidente Rafael Correa en el Caso Sobornos, Fausto Jarrín, quien también afirmó que es portador de COVID-19 y advirtió que irá a la audiencia de apelación luego de que los jueces desoyeron las recomendaciones de los organismos de salud.
“Iremos a la audiencia físicamente, no me arriesgaré a que se caiga la conexión” dijo Jarrín en una entrevista con Radio Majestad y agregó que hay consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) que hablan a escondidas para que aplacen las elecciones de modo que Correa pueda ser sentenciado.
Este medio intentó conversar con Jarrín pero afirmó que no se sentía bien en su salud. “Ni siquiera estoy en una fase de recuperación de la enfermedad” dijo el abogado ecuatoriano y agregó que ha dado positivo luego de que ha tenido que ir a las cárceles en donde el gobierno actual no ha logrado evitar el hacinamiento. “Están muriendo jueces, están muriendo fiscales” concluyó Fausto Jarrín.
La audiencia de apelación del Caso Sobornos está fijada para el próximo lunes 29 de junio luego de que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los jueces David Jacho, Dilza Muñoz y Wilman Terán, suspendió la audiencia de apelación a la sentencia del caso Sobornos 2012-2016.
La diligencia estaba prevista para el pasado miércoles 24 de junio del 2020. Pero el Tribunal decidió cancelarla hasta que los abogados de los 18 sentenciados, entre estos los del expresidente Rafael Correa, preparen “adecuadamente” su estrategia de defensa.
Los juristas informaron que los abogados defensores no han recibido la sentencia completa, de 413 páginas y no han logrado conocer todos los argumentos con los que el Tribunal de Juzgamiento sentenció a ocho años de cárcel al líder de la Revolución Ciudadana en un proceso repleto de claroscuros.
El fallo de primera instancia expone que el expresidente Correa es culpable de actos de corrupción de varios exfuncionarios públicos con roles determinados entre los cuales están ministros, secretarios de estado, gobernadores y asesores.
Según los jueces a través de esta estructura ilícita, el movimiento Alianza País captó USD 7,7 millones que provenían de contratistas estatales pero esto ha sido desmentido por el correísmo que, para los líderes progresistas de América Latina, sufre los efectos de la politización de la justicia y la judicialización de la política.
En los últimos días, el Grupo de Puebla expresó a través de un comunicado su preocupación en relación con el intento, por parte de la Controlaría ecuatoriana, de retirarle el reconocimiento a la personalidad jurídica del partido Fuerza Compromiso Social que apoyaría la candidatura de Correa a la vicepresidencia.
El mismo expresidente ecuatoriano denunció que a través del lawfare quieren impedir que sea candidato en 2021.
