Preocupados por la profunda crisis política, social, económica y sanitaria, así como por la sistemática violación de los Derechos Humanos que viven los ciudadanos del Estado Plurinacional de Bolivia, autoridades y ex autoridades en Europa se pronuncian.
Varias misiones internacionales como la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han verificado y constatado realidades de violencia selectiva y racista, que se desencadenó en el contexto de las protestas sociales pre y post electorales en octubre-noviembre del 2019, que acabaron convergiendo en un Golpe de Estado, dando lugar a una cuestionada sucesión presidencial estableciendo un Gobierno transitorio, el 12 de noviembre del mismo año.
Las referidas autoridades europeas consideran que desde la asunción del gobierno transitorio, se implantó la sistemática persecución policial, militar y judicial a ex autoridades y funcionarios del gobierno anterior, como a militantes y simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) y a toda persona discrepante con la política y la ideología del actual Gobierno, persecución que persiste hoy en día.
La crisis política, social, económica y sanitaria que vive Bolivia, ha empeorado la situación de los trabajadores, indígenas, campesinos y pueblo en general, atentando al derecho a la vida, la libre expresión, la libertad de asociación y de crítica social.
La crisis sanitaria del COVID00-19 y la deficiente gestión del Gobierno transitorio a constatado durante el confinamiento tratos inhumanos, detenciones arbitrarias y discriminación racial, donde primó y prima la represión sobre la prevención.
Asimismo, se denuncian que no se da atención ni apoyo social, que permita a la población y en particular a los más vulnerables vivir en condiciones aceptables en la cuarentena obligada impuesta por el Gobierno: Bolivia es el primer país del mundo que tiene la mayor economía informal.
Por otra parte, los representantes europeos saludan el acuerdo y el consenso logrado entre las diferentes fuerzas políticas que permitirá al Tribunal Supremo Electoral (TSE), proponer ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la convocatoria a elecciones generales el 6 de septiembre de 2020.
Por tanto, exhortan lo siguiente:
- La realización, de elecciones generales libres, justas, transparentes y democráticas, acompañadas por observadores internacionales antes, durante y después del proceso electoral, tomando las medidas necesarias que preserven la salud del elector y de las autoridades.
- Garantizar el respeto de los DD.HH., resguardando los derechos sociales y políticos con énfasis en el derecho de la libertad de expresión, opinión, la libertad de la prensa, la participación política con equidad de género y precautelando un estado de derecho democrático.
- Cesar la criminalización de las personas por sus creencias y convicciones política-ideológica. En los casos de procesos judiciales en curso, imponer el respeto de la imparcialidad judicial y del debido.
