Tres jueces del Caso Sobornos frente al objetivo de proscribir a Rafael Correa
David Isaías Jacho Chicaiza, Dilza Virginia Muñoz Moreno y Wilman Gabriel Terán Carrillo, son los tres jueces que este lunes 20 de julio a las 9 estarán en la mira de los ecuatorianos. Ellos tendrán que decidir la nulidad del proceso y resolver la inocencia, o ratificar la sentencia contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, a pesar de las inconsistencias que han encontrado algunos juristas.
Este proceso ha sido bautizado por reconocidos abogados de Ecuador, como Caso Bochornos, por las inconsistencias legales y vacíos jurídicos. “El derecho penal no se hace por amor o por odio”, ha afirmado el abogado Pedro Granja con respecto a lo endeble de este proceso.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia conoció las apelaciones presentadas a la sentencia de ocho años de cárcel por cohecho agravado en contra del expresidente Rafael Correa, sus colaboradores cercanos y empresarios. La lectura de la resolución fue convocada para mañana.
Ecuador entró en uno de los capítulos más oscuros de su historia política al utilizar las instituciones administradoras de justicia para montar un caso dirigido a perseguir a Rafael Correa, al vicepresidente constitucional, Jorge Glas y una veintena de exfuncionarios. ¿La prueba? Seis mil ($6.000) dólares que supuestamente Correa “malversó” o “robó” y que lo conectaría a una alegórica figura delictiva, denominada “influjo psíquico”, según la Fiscal Diana Salazar.
Fausto Jarrín, abogado del exmandatario Correa, ha puntualizado que el caso Sobornos, es un montaje generado por el aparato de inteligencia del gobierno de Lenín Moreno con el apoyo de la Fiscalía, el Ejecutivo y la gran prensa nacional.
“Montaron de forma burda un caso cuya única finalidad es la proscripción de Rafael Correa de la vida política del Ecuador, el lawfare en nuestro país es tan violento como absurdo, negado en Interpol, ridiculizado por la población en general, y asegurada la responsabilidad judicial y extrajudicial de sus protagonistas cuando el caso llegue a la etapa contenciosa en los organismos internacionales de Derechos Humanos; el caso Sobornos es y será la más grande vergüenza de la justicia ecuatoriana”, dijo Jarrín.
El jurista Ramiro Aguilar sobre la sentencia de este caso, afirmó que la Fiscalía dice que la “prueba de los millonarios sobornos son seis mil dolarachos. ¿Qué falta, señora Fiscal, averiguar cuánto debía en la tienda del barrio?”, enfatizó en declaraciones a la prensa.
El abogado Alfonso Zambrano Pasquel, con argumentos, ha dejado claro que no existe motivación en la sentencia, que no se ha probado delito alguno, que existió violación del derecho a la defensa, que se ha roto el principio de congruencia, entre otras anomalías.
“Se hizo pedazos la teoría de la imputación; se ha confundido como que fuera lo mismo entre autor e instigador; se ha condenado al expresidente Correa por un delito de cohecho agravado que no fue materia de la acusación; se violó el Art 609 del COIP y eso significa dejarlo en indefensión, eso significa romper el principio de congruencia”, puntualizó.
Zambrano Pasquel agregó que cualquier sentencia debe resolverse con base a los hechos probados, por ello preguntó al tribunal “¿está probado el delito de peculado?, ¿está probado el delito de enriquecimiento ilícito?, ¿está probado el delito de lavado de activos?“.
“No, no está probado, sin embargo eso es materia de la condena agravada, eso deslegitima la sentencia”, recalcó el experto.
Pedro Granja cree que así como está planteada la investigación de Diana Salazar, “en Alemania, lo que harían los jueces es tomar esa acusación y botarla al tacho de la basura”.
“La injusticia no puede perdurar, eso depende de que los jueces actúen apegados al derecho y sobre la base de las pruebas legalmente actuadas en el caso. La justicia internacional no prescribe y la responsabilidad y los juicios de repetición llegarán más pronto se lo que se espera”, anticipa Jarrín.
