Una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, por la flagrante violación a los derechos políticos de participación y de votación, presentarán las ocho organizaciones que conforman la Unión por la Esperanza (UNES,) luego de el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Corte Nacional de Justicia intentaran bloquear la candidatura de Rafael Correa a la vicepresidencia.
La UNES anuncia que, de proseguir con este nuevo atentado a la democracia, presentarán la demanda contra quienes se presten para este acto y tendrán responsabilidad ulterior.
“Las ocho organizaciones nacionales que conformamos la UNES (Centro Democrático, F. Compromiso Social, la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador FEI, el Frente Patriótico Nacional, Fuerza Rural y Productiva, la Coalición Nacional por la Patria, el Foro Nacional Permanente de las Mujeres Ecuatorianas y el movimiento SURGENTE) miramos con preocupación las intenciones políticas del oficialismo de proscribir al Movimiento F. Compromiso Social y a uno de sus integrantes”, expresan desde la coalición progresista.
Compromiso Social es el Movimiento Nacional que auspicia al expresidente Rafael Correa, el cual, para las elecciones seccionales de 2019 y, pese a los bloqueos para que pueda participar, se ubicó como la primera fuerza electoral pluripersonal en Ecuador. Obtuvo el 11,26% de los votos totales en los comicios de marzo de ese año.
El Movimiento Nacional liderado por el expresidente superó al partido del exalcalde guayaquileño, Jaime Nebot (PSC), que logró el 11,21%, 4 puntos menos que lo alcanzado en las elecciones de 2017, mientras que el movimiento Alianza PAIS, -al que pertenecía Rafael Correa, pero lo dejó por el incumplimiento del programa de gobierno por parte de Lenin Moreno-, obtuvo el 5,20% de votos totales en 2019, evidenciándose una caída de casi 30 puntos en comparación con el 2017 (con Correa al frente), que logró un 34,12%.
Estas ocho organizaciones rechazan la “intromisión al proceso electoral por parte del contralor subrogante, Pablo Celi, tras los informes de predeterminación de responsabilidades, con sanción de destitución, en contra de los consejeros del organismo electoral por no eliminar cuatro organizaciones políticas“, y califican a esto como una “acción inconstitucional e ilegal del contralor subrogante en el ámbito de las competencias de la función electoral“.
La UNES advierte que “los cinco consejeros del CNE, Diana Atamaint, de la CONAIE (presidenta del organismo), Enrique Pita, de CREO (vicepresidente), José Cabrera Zurita (PSC), Esthela Acero Lanchimba (PAIS) y Luis Verdesoto Custode (Ind./JCG) están cediendo a presiones” para intentar eliminar “de manera extemporánea e ilegal a Compromiso Social, del registro de organizaciones políticas habilitadas para las elecciones del 2021“.
Ante este hecho, UNES expone en un comunicado que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por todas las naciones del mundo en la ONU establece que: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…” (Art. 1); “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de… opinión política” (Art.2.1).
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por todos los países del continente americano en San José de Costa Rica en noviembre de 1969 establece en su Art. 23 de los Derechos Políticos: “todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal…”.
La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 61.1 estable que los ecuatorianos tienen derecho a “elegir y ser elegido”; en el artículo 62 establece “el derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente…”; en el Art. 95 “a participar en la toma de decisiones en forma individual y colectiva“.
El Código de la Democracia en el que según el Art. 2 se tiene derecho a elegir y ser elegido; según el Art. 6.- “la Función Electoral tiene como finalidad asegurar que las votaciones y los escrutinios traduzcan la expresión auténtica, libre, democrática y espontánea de la ciudadanía y sean el reflejo oportuno de la voluntad del electorado expresada en las urnas por votación directa y secreta”; según el Art. 7.- “se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral que entren en vigencia durante el año anterior a la celebración de elecciones que va a normar“; según el Art. 16.- “ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento de los órganos electorales“.
UNES hace un llamado a las organizaciones políticas a nivel mundial, sobre todo a las progresistas, para que se unan a su rechazo a lo que ha calificado como un juego antidemocrático que busca impedir que el líder con mayor apoyo político pueda participar en las elecciones 2021.